El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este miércoles la reforma al régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno nacional durante el debate legislativo en la Cámara de Diputados y advirtió que la medida podría impactar sobre 600.000 hogares cordobeses, equivalentes a casi dos millones de personas. El mandatario rechazó la metodología elegida para modificar el esquema de subsidios al gas y sostuvo que el Estado ya dispone de información suficiente para retirar el beneficio únicamente a sectores de mayores ingresos.
La discusión se produjo en una jornada parlamentaria marcada por fuertes cruces políticos y en la que el oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara baja y busca reformular el acceso al beneficio tarifario bajo el argumento de reducir el costo fiscal del programa.
El planteo de Llaryora se concentró en el mecanismo propuesto para redefinir los subsidios. Según explicó, el Ejecutivo pretende dar de baja a beneficiarios actuales y exigir una reinscripción digital mediante plataformas para conservar el acceso a la tarifa diferencial. El gobernador consideró que esa estrategia perjudicaría especialmente a sectores medios y hogares con mayores dificultades de acceso tecnológico.
“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el mensaje que sintetizó la posición del mandatario cordobés frente a la iniciativa.
El gobernador aclaró que no cuestiona la revisión del sistema ni la necesidad de evaluar quiénes reciben asistencia estatal. Su principal objeción apunta a que se eliminen beneficios de manera generalizada para luego exigir un nuevo proceso administrativo.
Según planteó, existen herramientas para realizar una segmentación más precisa. “Los datos los maneja la Nación”, sostuvo al señalar que organismos estatales cuentan con información suficiente para identificar ingresos, niveles patrimoniales y situación socioeconómica de los usuarios.
En ese sentido, consideró razonable excluir a los hogares de mayores recursos, pero rechazó que la medida termine afectando a quienes dependen del subsidio para afrontar el costo del servicio.
“El problema no es revisar beneficios; el problema es hacerlo sin distinguir realidades”, fue el eje de la posición provincial.
El impacto económico que advierte Córdoba
El planteo de la administración cordobesa incorpora además una dimensión económica. Según las estimaciones presentadas por el gobernador, la modificación implicaría una transferencia cercana a 12.000 millones de pesos desde los bolsillos de familias de ingresos medios y trabajadores hacia el Estado nacional.
La preocupación provincial tiene una explicación adicional: Córdoba figura entre los distritos con mayor desarrollo de infraestructura gasífera del país. Esa situación amplía el universo de usuarios alcanzados por el esquema de Zonas Frías y multiplica el impacto potencial de cualquier modificación en el régimen.
Por esa razón, Llaryora insistió en que el debate no debería centrarse únicamente en el ahorro fiscal, sino también en las consecuencias sociales.
La iniciativa oficial sostiene que el sistema vigente se expandió de manera significativa en los últimos años y generó un aumento considerable del gasto público. Desde el Gobierno argumentan que el esquema actual dejó de responder exclusivamente a criterios climáticos y comenzó a incorporar beneficiarios que no necesariamente presentan condiciones de vulnerabilidad económica.
El debate por la sustentabilidad del régimen
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 con el objetivo de compensar asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar un acceso más equitativo al servicio de gas natural.
Sin embargo, una ampliación aprobada en 2021 modificó sustancialmente el alcance del programa. La cantidad de hogares alcanzados pasó de alrededor de 950.000 usuarios a más de cuatro millones.
Ese crecimiento es uno de los principales argumentos que utiliza el oficialismo para impulsar cambios. De acuerdo con los cálculos presentados durante el debate legislativo, la reforma permitiría revisar beneficios para aproximadamente 1,2 millones de hogares y generar un ahorro fiscal estimado en 272.099 millones de pesos.
El Gobierno sostiene que el esquema necesita una actualización estructural para evitar subsidios generalizados y focalizar recursos públicos.
Una jornada parlamentaria con cruces políticos
La sesión en la Cámara de Diputados estuvo atravesada por tensiones desde el inicio. Antes del tratamiento de la reforma de Zonas Frías, el oficialismo enfrentó una disputa reglamentaria con sectores opositores que habían impulsado una convocatoria paralela para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La Libertad Avanza consiguió reunir quórum con 129 diputados presentes, lo que permitió iniciar su propia sesión y dejar sin efecto la agenda promovida por la oposición.
Posteriormente, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó un cuarto intermedio, pero la moción fue rechazada por 131 votos contra 111.
En paralelo al debate energético también avanzó la denominada Ley Hojarasca, proyecto destinado a derogar 58 normas consideradas obsoletas. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.
Durante esa discusión intervino el diputado Juan Brügge, quien cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno para revisar legislación vigente y reclamó una mayor participación institucional.
Parte de la información vinculada al desarrollo parlamentario y las intervenciones en el recinto fue publicada originalmente por Infobae, en una cobertura sobre la sesión que también incluyó detalles del debate legislativo y las posiciones expresadas por distintos sectores políticos.
