El Gobierno nacional reforzó este miércoles su estrategia de articulación con las provincias al avanzar en acuerdos con Neuquén y Mendoza, en una serie de reuniones encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de impulsar obras e inversiones estratégicas y consolidar respaldo político de cara a futuras discusiones legislativas. La iniciativa cobra relevancia en un escenario marcado por el freno a la obra pública y la necesidad oficial de sostener alianzas en el Congreso.
La jornada comenzó con un encuentro entre Caputo y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, del que también participó el ministro del Interior, Diego Santilli. Durante la reunión se avanzó en convenios vinculados a financiamiento internacional proveniente de organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El entendimiento incluye un programa orientado al desarrollo urbano y a mejoras en infraestructura vial. El proyecto contempla obras de conectividad y procesos de urbanización en barrios populares, con impacto directo sobre 23.100 hogares. Según la planificación oficial, la iniciativa apunta a mejorar condiciones de acceso y ampliar la integración territorial.
Además, se acordó un segundo eje vinculado a resiliencia territorial y fortalecimiento turístico, con acciones enfocadas en la generación de empleo y en la capacidad de respuesta frente a emergencias. El alcance previsto abarca a unos 350.000 habitantes de la provincia.
Tras la reunión con Figueroa, Caputo recibió al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, con quien repasó el avance del proyecto Parque Solar El Quemado, una iniciativa considerada central dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El proyecto energético aparece como una de las principales apuestas de inversión para la provincia. Desde el Gobierno sostienen que el desarrollo tendrá un peso relevante dentro del sistema energético nacional, ya que representará más del 11% de la capacidad solar instalada del país, además de potenciar nuevas inversiones privadas.
Detrás de la agenda económica también asoma una lectura política. En la Casa Rosada consideran prioritario fortalecer el vínculo con gobernadores aliados antes del tratamiento de iniciativas sensibles en el Congreso, entre ellas la denominada Ley Hojarasca y la discusión sobre una eventual modificación del régimen de Zona Fría.
La negociación por este último tema abrió diferencias con varios mandatarios provinciales debido al posible recorte de subsidios energéticos. En ese marco, el Ejecutivo analiza variantes como una segmentación por ingresos y la incorporación de beneficios para nuevas provincias, en un intento por equilibrar el objetivo de ajuste fiscal con la necesidad de sostener gobernabilidad y consensos parlamentarios.
