El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo paquete de desregulación económica que podría ingresar al Congreso en los próximos días y que incluye modificaciones en sectores estratégicos como la venta de medicamentos, el transporte fluvial, el mercado inmobiliario y la regulación alimentaria. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca recuperar reformas que enfrentaron obstáculos judiciales o parlamentarios y volver a ponerlas en discusión legislativa por considerar que podrían reducir costos, ampliar la competencia y facilitar inversiones.
La propuesta es impulsada por el área encabezada por Federico Sturzenegger, donde sostienen que varios de los cambios ya fueron trabajados en profundidad y están técnicamente redactados a la espera de una oportunidad política para avanzar. La estrategia oficial apunta a convertir en ley algunas reformas que anteriormente fueron incluidas en decretos o instrumentos que luego quedaron condicionados por decisiones judiciales o rechazos legislativos.
Según trascendió desde el Poder Ejecutivo, el proyecto incorpora cambios sobre normas históricas vinculadas con el cabotaje nacional, el sistema de farmacias y la actividad de corredores inmobiliarios, además de la posibilidad de avanzar en una revisión integral de la legislación sobre etiquetado de alimentos.
Apertura en navegación y transporte fluvial
Uno de los ejes más relevantes del proyecto está vinculado al sistema de navegación comercial y el transporte por vías navegables. La administración nacional pretende recuperar parte del contenido que había sido incluido en el DNU 340/2025, una iniciativa que generó controversias y terminó sin respaldo parlamentario.
Actualmente, la normativa argentina establece que el cabotaje interno debe ser realizado por embaraciones nacionales, tripulación local y oficiales argentinos. La nueva propuesta buscaría introducir un esquema más flexible para permitir que embarcaciones extranjeras puedan operar rutas internas mediante autorizaciones temporarias renovables.
En la Casa Rosada consideran que una apertura de ese mercado podría reducir costos operativos y mejorar la competitividad logística, particularmente en regiones productivas del norte argentino, donde el transporte representa una variable determinante para la salida de exportaciones.
La discusión no es nueva. Durante el tratamiento del decreto anterior también se había planteado declarar a la navegación comercial como servicio esencial, una medida que abrió debates por su impacto en la actividad sindical y las condiciones laborales del sector.
Medicamentos y cambios en la comercialización
Otro punto central del proyecto involucra la comercialización de medicamentos de venta libre, un tema que históricamente generó debate entre empresas, profesionales y entidades del sector sanitario.
La legislación vigente establece que los productos medicinales deben comercializarse en farmacias bajo supervisión profesional. Sin embargo, el Gobierno pretende flexibilizar ese esquema para permitir que determinados productos puedan exhibirse en góndolas y venderse en otros puntos comerciales.
La iniciativa alcanzaría principalmente a medicamentos de venta libre como analgésicos, antiácidos u otros productos de uso cotidiano, además de ampliar los mecanismos de venta online y distribución domiciliaria.
Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, una de las herramientas centrales impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei al comienzo de su mandato. Sin embargo, diversos artículos vinculados a esta cuestión quedaron suspendidos por medidas cautelares tras reclamos de entidades farmacéuticas.
Con el nuevo esquema, el Ejecutivo busca que esas modificaciones tengan un respaldo legislativo más sólido y puedan superar futuras controversias judiciales.
Reformas sobre el mercado inmobiliario
El paquete también incluye una transformación significativa en la actividad inmobiliaria. El objetivo oficial es revisar los requisitos actuales para ejercer tareas de intermediación y eliminar algunas exigencias consideradas restrictivas.
Hoy la normativa exige contar con un título universitario y matrícula habilitante para desempeñarse como corredor o martillero público. La propuesta que analiza el Gobierno permitiría eliminar esos requisitos obligatorios y habilitar una apertura más amplia del mercado.
Desde el Ministerio de Desregulación argumentan que el actual sistema genera barreras de entrada que elevan costos y limitan la competencia. Bajo esa lógica, consideran que una reducción de regulaciones podría ampliar la oferta de servicios y abaratar operaciones para compradores y vendedores.
La iniciativa también podría abrir un nuevo frente de debate con colegios profesionales y entidades del sector, que históricamente defendieron el esquema vigente.
La discusión sobre el etiquetado frontal
Por fuera del paquete principal, el Gobierno analiza avanzar sobre otro tema que generó debates desde su implementación: la Ley de Etiquetado Frontal.
La normativa, vigente desde 2022, obliga a incorporar advertencias visibles sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías mediante sellos negros en los envases.
Sectores de la industria alimenticia sostienen desde hace tiempo que existen dificultades derivadas de la falta de criterios comunes entre los países del Mercosur, situación que obliga a modificar empaques y estrategias comerciales según el destino de cada producto.
En el oficialismo consideran que esa diversidad regulatoria puede generar costos adicionales y afectar la competitividad de empresas que operan en distintos mercados regionales.
El nuevo paquete anticipa un escenario de intensas negociaciones políticas. Varias de estas reformas ya enfrentaron resistencia en intentos anteriores y podrían volver a abrir debates entre sectores económicos, sindicatos, colegios profesionales y bloques parlamentarios. Según publicó el diario La Nación, el Gobierno busca ahora un camino legislativo para reinstalar iniciativas que quedaron a mitad de camino en experiencias previas.
