El Gobierno nacional amplió la mesa de discusión sobre el nuevo esquema de control de semillas autógamas e incorporó a los acopiadores de granos a una serie de reuniones técnicas para analizar un sistema de fiscalización sobre soja y trigo basado en la entrega comercial de granos. La iniciativa, impulsada por organismos oficiales junto a actores privados del sector, busca fortalecer el control sobre el uso de genética protegida y garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, un tema que cobró centralidad dentro de la agenda agroindustrial.
La incorporación de la Federación de Acopiadores de Granos se produjo en medio del proceso de consultas que llevan adelante el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo oficial es avanzar sobre mecanismos de fiscalización que permitan detectar irregularidades vinculadas al uso no autorizado de materiales protegidos, sin modificar la ley vigente ni impulsar cambios legislativos en el Congreso.
El esquema que se encuentra bajo análisis contempla controles en el primer punto de entrega de la producción —acopios, puertos y plantas receptoras— mediante sistemas de análisis varietal. La intención es identificar qué genética contienen los granos entregados y contrastar esa información con los registros vinculados a la compra y utilización legal de semillas.
La propuesta apunta inicialmente a las nuevas variedades que ingresen al mercado y tendría participación tanto pública como privada. Cámaras arbitrales, entidades habilitadas y laboratorios autorizados podrían intervenir en las verificaciones técnicas.
Preocupación operativa entre los acopiadores
Uno de los puntos que generó inquietud dentro del sector acopiador fue el rol operativo que deberían asumir las empresas en caso de que el sistema entre en vigencia. Desde la Federación sostienen que su participación requiere una discusión previa por el impacto que podría tener sobre la dinámica comercial.
El director ejecutivo de la entidad, Raúl Dente, explicó que el encuentro tuvo un carácter técnico e informativo y estuvo orientado a conocer detalles del proyecto. Según trascendió, los representantes del sector solicitaron participar de manera activa en el diseño del mecanismo.
“Supimos que había un proyecto de resolución donde se establecían controles a partir de la primera entrega de los granos y que nosotros, como acopiadores, estábamos directamente involucrados en el tema. Planteamos algunos puntos y pedimos ser llamados a discutirlo porque somos parte importante del proceso”, señaló Dente.
La principal preocupación gira alrededor de cómo se implementaría el procedimiento y cuáles serían las obligaciones concretas para los operadores comerciales.
Tecnología y trazabilidad como eje de la discusión
Según detalló el dirigente, actualmente existen herramientas capaces de identificar la composición genética de una entrega de granos mediante estudios específicos. Sobre esa base se construiría el futuro esquema de control.
El análisis varietal permitiría detectar si un productor utilizó una semilla registrada bajo determinadas condiciones y si corresponde o no el pago de regalías tecnológicas. El sistema también podría generar alertas cuando existan inconsistencias respecto del llamado uso propio, mecanismo permitido por la legislación actual para ciertas situaciones.
Dente explicó que la tecnología disponible permite identificar variedades específicas presentes en la mercadería entregada y transformarlas en información útil para el sistema de fiscalización. En ese sentido, aclaró que el objetivo no sería intervenir sobre cada operación comercial, sino generar mecanismos de trazabilidad.
Durante el encuentro, los acopiadores también plantearon la necesidad de articular cualquier cambio regulatorio con Bolsatech, la plataforma privada de seguimiento y control implementada desde 2015 por entidades del sector.
Desde la Federación consideran que el sistema ya cuenta con experiencia operativa y podría convertirse en una herramienta central para incorporar nuevas funcionalidades vinculadas al control varietal.
Propiedad intelectual y compromisos internacionales
La discusión excede la cuestión operativa y forma parte de un debate más amplio sobre el marco regulatorio de las semillas en la Argentina. El Gobierno intenta avanzar sobre mecanismos que promuevan mayores incentivos para la innovación tecnológica y otorguen previsibilidad a empresas desarrolladoras de genética.
El trasfondo también incluye compromisos asumidos por el país en materia de protección de la propiedad intelectual dentro de acuerdos internacionales. Entre ellos aparecen estándares vinculados a innovaciones biotecnológicas y sistemas de protección de semillas que distintos sectores consideran claves para aumentar inversiones.
Dentro del sector agroindustrial persiste desde hace años un debate sobre cómo equilibrar el reconocimiento económico a quienes desarrollan nuevas tecnologías con las prácticas tradicionales de los productores, particularmente en lo referido al uso propio.
Por ahora, las reuniones continúan y no existe una definición formal sobre la implementación del sistema. Sin embargo, los encuentros con distintos eslabones de la cadena muestran que el Ejecutivo busca avanzar hacia un modelo de fiscalización con mayor alcance y herramientas tecnológicas para el seguimiento del uso de semillas.
Según reconstruyó la información publicada por La Nación, el Gobierno continuará con la ronda de consultas antes de definir los próximos pasos regulatorios.
