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La Cámara de Diputados del Chaco aprobó una reforma a la Ley de Puertos con el objetivo de actualizar el régimen vigente y generar condiciones para atraer inversiones privadas en los puertos de Barranqueras y Las Palmas, dos puntos considerados estratégicos para el desarrollo logístico y exportador de la provincia.
La modificación fue respaldada por una amplia mayoría legislativa y habilita a las administraciones portuarias provinciales a operar directamente los puertos o avanzar en concesiones, contratos de locación, iniciativas privadas y esquemas de participación público-privada mediante licitación pública.
La iniciativa busca crear un marco legal más flexible para impulsar obras, servicios e infraestructura vinculada al movimiento de cargas y al comercio exterior, en un contexto donde distintas provincias compiten por captar inversiones logísticas y mejorar su salida hacia mercados internacionales.
Uno de los principales argumentos a favor de la reforma fue la necesidad de reposicionar al Chaco dentro de la hidrovía y reducir costos de transporte para productores y empresas de la región.
Durante el debate legislativo, referentes oficialistas señalaron que los puertos chaqueños cuentan con infraestructura disponible, pero necesitan mayor dinamismo y volumen de inversiones para desarrollar todo su potencial operativo.
El Puerto de Barranqueras aparece como uno de los principales activos logísticos de la provincia. Legisladores remarcaron que posee muelles, grúas y capacidad para aumentar significativamente el movimiento de cargas, especialmente vinculadas al agro, la industria y economías regionales.
La reforma también pone el foco en el Puerto Las Palmas, ubicado en el Departamento Bermejo, donde sectores políticos y productivos impulsan la idea de transformarlo en una plataforma exportadora para productos locales.
En ese contexto, varios diputados mencionaron la posibilidad de que producciones chaqueñas puedan salir directamente desde la provincia sin depender de otros nodos logísticos del país. El objetivo de fondo es integrar al Chaco en una red más competitiva de comercio internacional.
Uno de los conceptos que atravesó la discusión fue la aspiración de convertir a Barranqueras y Las Palmas en polos con mayor peso dentro del esquema agroexportador nacional. Algunos legisladores incluso compararon el potencial futuro con la dinámica operativa del puerto de Rosario.
La aprobación de la ley también abrió un debate político sobre el rol del Estado y la participación privada en infraestructura estratégica.
Desde distintos bloques opositores acompañaron la reforma luego de incorporar garantías para los trabajadores portuarios. El texto aprobado establece que el personal de la Administración Portuaria de Barranqueras conservará sus derechos laborales, escalafón y condiciones vigentes.
Sectores del peronismo respaldaron la actualización normativa, aunque remarcaron que gran parte de la infraestructura actual fue desarrollada mediante inversión pública provincial y nacional en años anteriores.
También surgieron advertencias sobre algunos desafíos estructurales pendientes, especialmente vinculados al dragado del riacho Barranqueras y a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de navegabilidad para garantizar operaciones sostenidas.
La postura más crítica provino de sectores que cuestionaron la posibilidad de una mayor participación privada en infraestructura financiada históricamente con fondos públicos. Allí aparecieron cuestionamientos vinculados a soberanía, control estatal y modelo de desarrollo.
Más allá de las diferencias, la reforma fue presentada como una herramienta para abrir una nueva etapa en la política portuaria provincial y generar mejores condiciones para el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento logístico del nordeste argentino.
Ahora el desafío pasará por la reglamentación de la ley y por la capacidad de las administraciones portuarias para traducir el nuevo esquema legal en proyectos concretos, inversiones y mayor movimiento comercial.
