Chile avanzó formalmente con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años al aprobar la expansión del puerto de San Antonio, una obra estratégica que buscará reforzar el posicionamiento logístico del país frente al crecimiento de nuevos polos portuarios en el Pacífico sudamericano. La iniciativa, denominada Puerto Exterior, demandará una inversión estimada en USD 4.500 millones y permitirá ampliar significativamente la capacidad operativa del principal puerto chileno en un contexto de creciente competencia regional impulsada por el megapuerto peruano de Chancay.
La aprobación ambiental fue otorgada por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeva), que avaló por unanimidad la viabilidad del proyecto. La decisión representa un paso clave para la concreción de una obra considerada estratégica por el gobierno chileno y por el sector logístico del país, que busca mantener competitividad frente a los cambios que atraviesa el comercio marítimo internacional.
La expansión apunta a adaptar la infraestructura portuaria chilena al nuevo escenario global, marcado por el incremento del tamaño de los buques, el crecimiento sostenido del comercio transpacífico y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa para captar mayores volúmenes de carga vinculados a Asia.
El proyecto contempla la construcción de dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros de longitud cada uno, nuevas explanadas operativas, dragados y un rompeolas de aproximadamente cuatro kilómetros. Además, incluirá obras viales y nuevos accesos terrestres para fortalecer la conectividad del complejo portuario y facilitar el movimiento de mercaderías.
Según datos difundidos por medios chilenos y organismos oficiales, cerca de USD 2.000 millones del financiamiento total provendrán de recursos públicos, mientras que el resto será aportado mediante esquemas de inversión privada y participación público-privada.
Una vez concluida la obra, el nuevo complejo tendrá capacidad para recibir simultáneamente hasta ocho buques de gran porte, con esloras cercanas a los 400 metros, y podrá movilizar alrededor de 60 millones de toneladas de carga anuales, equivalentes a unos seis millones de TEU, la unidad estándar utilizada en el comercio marítimo internacional para medir contenedores.
La expansión de San Antonio aparece directamente vinculada al nuevo escenario competitivo que se consolidó en los últimos años en la costa pacífica de Sudamérica. El avance del puerto de Chancay, desarrollado en Perú con fuerte participación de capitales chinos, comenzó a modificar el mapa logístico regional y generó preocupación entre operadores y autoridades chilenas.
El megapuerto peruano busca posicionarse como uno de los principales nodos de conexión entre Sudamérica y Asia, aprovechando el crecimiento de las rutas comerciales transpacíficas y el interés estratégico de China en fortalecer su presencia en la región. En ese contexto, Chile intenta preservar el protagonismo histórico de sus terminales portuarias y evitar una pérdida de competitividad frente a nuevas infraestructuras de gran escala.
La discusión sobre la viabilidad económica y comercial del proyecto también forma parte del debate interno chileno. Diversos sectores cuestionan si existirá demanda suficiente para sostener simultáneamente la ampliación de San Antonio y la expansión del puerto de Valparaíso, otro de los proyectos estratégicos impulsados por el país sobre la costa del Pacífico.
Semanas atrás, la ampliación del Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) también obtuvo aprobación ambiental, lo que reforzó la apuesta chilena por modernizar su sistema portuario y consolidarse como un actor central dentro de las cadenas logísticas regionales.
Pese a los cuestionamientos, las autoridades chilenas sostienen que la expansión permitirá aumentar la capacidad operativa nacional, reducir costos logísticos y generar nuevas oportunidades vinculadas al comercio exterior, el transporte y los servicios asociados a la actividad marítima.
Además del impacto económico y comercial, el proyecto prevé un importante efecto sobre el empleo. Durante la etapa de construcción se estima una demanda promedio de 1.500 trabajadores, aunque en determinados períodos la cifra podría alcanzar cerca de 2.800 puestos laborales.
Una vez que el puerto entre en funcionamiento, las proyecciones oficiales indican que podría generar más de 2.000 empleos directos, vinculados a operaciones portuarias, mantenimiento, logística y servicios complementarios. A eso se sumaría el movimiento económico indirecto asociado al transporte terrestre, almacenamiento y actividades comerciales relacionadas con la operatoria portuaria.
La expansión de San Antonio también refleja la creciente disputa regional por captar inversiones e infraestructura logística en torno al comercio con Asia, una de las principales fuentes de crecimiento para las economías sudamericanas exportadoras de materias primas, alimentos y minerales.
En ese escenario, la modernización de los puertos aparece como una herramienta central para mejorar competitividad, reducir tiempos operativos y asegurar participación dentro de las principales rutas marítimas internacionales. Según publicó al cierre de la nota Infobae, la aprobación ambiental marca el inicio de una etapa decisiva para uno de los proyectos de infraestructura portuaria más relevantes de Chile en las últimas décadas.
