La política pesquera nacional sumó una definición clave esta semana luego de que el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobara la apertura de una convocatoria para incorporar 18 nuevos buques poteros a la matrícula nacional, mientras que quedó definitivamente descartado el proyecto que habilitaba la transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia los buques congeladores. La decisión fue confirmada por el director de Control y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, quien defendió ambas determinaciones por sus fundamentos técnicos, económicos y regulatorios.
Según informó Revista Puerto, el funcionario sostuvo que la iniciativa vinculada a la transferencia de cuotas de merluza ya no forma parte de la agenda del organismo. La propuesta había generado una fuerte resistencia entre empresarios y gremios del sector, que advertían sobre posibles impactos en el empleo y en la estructura productiva de la actividad pesquera.
“El tema de transferencias de cuotas de merluza a congeladores ya está desactivado”, afirmó Idoyaga Molina en declaraciones reproducidas por el medio especializado. El funcionario consideró que el proyecto fue objeto de interpretaciones erróneas y de una utilización política que terminó condicionando su viabilidad.
La decisión implica el cierre de una controversia que había escalado en las últimas semanas y que incluso reactivó discusiones sobre posibles medidas de protesta por parte de actores vinculados a la pesca. Con la iniciativa fuera de discusión, la atención del sector se concentra ahora en la ampliación de la flota dedicada a la captura de calamar.
Una apuesta por el empleo y la actividad económica
El principal argumento oficial para avanzar con la incorporación de nuevas embarcaciones se relaciona con la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad económica en los puertos argentinos. De acuerdo con Idoyaga Molina, cada uno de los nuevos buques requerirá entre 30 y 40 tripulantes, además de impulsar trabajo indirecto en áreas vinculadas a la logística, el procesamiento industrial, el transporte y los servicios portuarios.
El funcionario explicó que los barcos seleccionados deberán asumir el compromiso de descargar y reprocesar en tierra al menos el 20% de sus capturas, una condición que busca garantizar un impacto positivo sobre la industria nacional. Según estimaciones oficiales, ese porcentaje podría representar entre 7.000 y 8.000 toneladas destinadas a plantas procesadoras radicadas en el país.
A ello se suma el movimiento económico derivado de la operación de cada embarcación. Desde salarios y cargas sociales hasta combustible, reparaciones navales, seguros, empaques y servicios logísticos, la actividad genera un efecto multiplicador que alcanza a diversos sectores productivos. También se prevé un incremento en la recaudación por derechos de exportación, impuestos y aranceles vinculados al ingreso de nuevas unidades pesqueras.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por la autoridad pesquera, un barco potero usado tiene un valor superior a los cinco millones de dólares, mientras que las unidades nuevas demandan inversiones aún mayores. Además, cada embarcación afronta costos operativos millonarios durante una temporada normal de pesca.
La discusión sobre los controles
Uno de los cuestionamientos históricos a este tipo de programas de expansión de flota está relacionado con el control efectivo de los compromisos asumidos por las empresas adjudicatarias, especialmente en materia de procesamiento en tierra.
Consultado sobre este punto, Idoyaga Molina sostuvo que excluir a compañías sancionadas o con antecedentes de incumplimientos podría derivar en conflictos legales. Según argumentó, una restricción de ese tipo podría interpretarse como una doble penalización para firmas que ya hubieran recibido sanciones administrativas por hechos anteriores.
La convocatoria, explicó, fue diseñada con el objetivo de garantizar la mayor participación posible dentro del marco legal vigente, evitando restricciones que puedan vulnerar derechos reconocidos por la legislación argentina.
La controversia con Buenos Aires
La aprobación de la convocatoria no fue unánime. El representante de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero votó en contra y planteó objeciones tanto desde el punto de vista normativo como biológico.
Uno de los aspectos cuestionados fue el sistema de puntajes que otorga ventajas a los proyectos que comprometan desembarques en puertos ubicados en zonas desfavorables, principalmente en la Patagonia.
Desde la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera rechazaron esas críticas y defendieron el mecanismo como una herramienta legítima de promoción regional. Según la explicación oficial, la medida apunta a fomentar el desarrollo federal, fortalecer la actividad económica en puertos alejados de los grandes centros urbanos y mejorar la capacidad de control sobre las capturas.
Idoyaga Molina también respondió a las observaciones vinculadas al rol de la Dirección Nacional de Pesca en la evaluación preliminar de los proyectos. El funcionario argumentó que el organismo cuenta con las capacidades técnicas, estadísticas y operativas necesarias para verificar antecedentes empresariales y analizar la admisibilidad de las propuestas antes de su tratamiento definitivo por parte del Consejo.
El respaldo científico del INIDEP
La principal defensa oficial de la incorporación de nuevos buques se apoya en los informes elaborados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Según explicó el funcionario, antes de impulsar la convocatoria se realizó una consulta específica al organismo científico para determinar si la expansión de la flota podía afectar la sustentabilidad de la pesquería de calamar Illex. La respuesta, aseguró, fue favorable.
El análisis técnico tuvo en cuenta las características biológicas del recurso, especialmente su ciclo de vida corto y su comportamiento migratorio. De acuerdo con esa evaluación, existe margen para incorporar nuevas unidades sin comprometer la sostenibilidad de la especie.
Actualmente, la flota potera argentina está integrada por 84 embarcaciones. Con la incorporación de 18 nuevos barcos, el total continuaría por debajo de los límites considerados seguros por los especialistas.
“El INIDEP avala la incorporación de entre 15 y 20 barcos manteniendo la sostenibilidad biológica del recurso”, señaló Idoyaga Molina, quien destacó que la decisión se ajusta a las recomendaciones científicas y evita medidas arbitrarias que puedan poner en riesgo la pesquería.
El debate sobre la inversión extranjera
Otro de los temas que generó discusión durante el tratamiento del proyecto fue la posible participación de empresas vinculadas a capitales estatales extranjeros, especialmente de origen chino.
En las semanas previas a la votación circularon versiones sobre supuestas objeciones de organismos diplomáticos y sectores vinculados a la política exterior argentina. Finalmente, la convocatoria incorporó requisitos destinados a impedir la participación de compañías con control estatal extranjero.
La acreditación de ese requisito se realizará mediante declaraciones juradas, un mecanismo que también fue cuestionado por algunos representantes provinciales. Desde la autoridad pesquera defendieron el sistema y recordaron que la presentación de información falsa puede derivar en sanciones administrativas y responsabilidades penales.
El respaldo de la representante de la Cancillería argentina dentro del Consejo Federal Pesquero fue interpretado por el Gobierno como una señal de conformidad con los términos de la convocatoria.
Con la controversia sobre las cuotas de merluza cerrada y la ampliación de la flota potera ya aprobada, el sector pesquero inicia una nueva etapa en la que el foco estará puesto en la implementación del concurso, el control de las obligaciones asumidas por las empresas y el impacto económico y laboral que la medida pueda generar en las regiones costeras del país.
