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La comercialización experimental de carne de burro realizada semanas atrás en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, derivó en una investigación judicial que volvió a poner en debate los límites legales de esta actividad en Argentina. La fiscal general especializada en materia ambiental y derecho animal, Florencia Gómez, inició una actuación de oficio para determinar si durante la faena de cuatro animales existieron situaciones de crueldad o maltrato animal, al tiempo que recordó que la normativa vigente prohíbe la venta de este tipo de carne para consumo interno.
La investigación se abrió en los últimos días luego de la amplia repercusión que tuvo el proyecto impulsado por el productor Julio Cittadini, quien promovió una experiencia piloto destinada a evaluar la aceptación comercial de la carne de burro como alternativa productiva en campos patagónicos afectados por la caída histórica de la actividad ovina., informo el medio LMNeuquen.
La iniciativa logró una inesperada respuesta del público. Los cortes puestos a la venta en una carnicería de Trelew se agotaron en menos de dos días, generando interés entre consumidores y una fuerte discusión pública sobre la posibilidad de desarrollar una nueva cadena productiva en la región.
Sin embargo, el éxito comercial de la experiencia no modificó la situación legal de la actividad. Según explicó Gómez, el Código Alimentario Argentino no contempla actualmente a los équidos destinados al consumo humano dentro del mercado interno, por lo que cualquier faena de burros solo puede realizarse bajo condiciones específicas y con destino exclusivo a la exportación.
La fiscal aclaró que la causa en marcha no busca cuestionar la actividad productiva en sí misma, sino verificar si durante el proceso de faena se respetaron las normas de bienestar animal previstas por la legislación vigente.
La fiscal Florencia Gómez investiga si hubo crueldad animal en la faena de burros en Chubut.
De acuerdo con las declaraciones realizadas por la funcionaria judicial a medios de Chubut, la investigación se encuentra en una etapa preliminar de recopilación de información. Más de veinte organizaciones vinculadas a la protección animal se presentaron como denunciantes y solicitaron el avance de las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
La discusión judicial se desarrolla en paralelo a un debate más amplio sobre las alternativas productivas para distintas zonas de la Patagonia.
El proyecto encabezado por Cittadini nació como una respuesta a las dificultades que enfrenta la producción ovina en buena parte del territorio chubutense.
Durante las últimas décadas, el stock ovino provincial registró una caída significativa. Datos sectoriales muestran que la cantidad de animales pasó de más de seis millones de cabezas en la década de 1970 a menos de tres millones en la actualidad, una reducción que impactó de manera directa en numerosas explotaciones rurales.
Frente a ese escenario, algunos productores comenzaron a explorar alternativas capaces de adaptarse a condiciones climáticas y económicas cada vez más complejas.
En ese contexto surgió la propuesta de desarrollar un sistema de cría de burros orientado a la producción de carne.
Para abril de 2026, el establecimiento de Cittadini contaba con aproximadamente 150 animales y avanzaba en la evaluación comercial del producto.
La experiencia despertó interés debido a que se trata de una carne poco habitual en el mercado argentino, aunque con antecedentes de consumo en otros países.
Más allá del debate productivo, el principal obstáculo para el desarrollo de esta actividad continúa siendo el marco normativo.
Según explicó la fiscal, la legislación argentina establece que la carne proveniente de burros no puede comercializarse dentro del territorio nacional para consumo humano.
La normativa vigente únicamente habilita la faena de estos animales en establecimientos especialmente autorizados y bajo supervisión sanitaria oficial, siempre con destino a mercados externos.
Además, Gómez señaló que actualmente no existen frigoríficos habilitados para este tipo de actividad en la región patagónica.
Por esa razón, cualquier iniciativa comercial vinculada a esta producción debería ajustarse a los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y orientarse exclusivamente hacia la exportación.
La fiscal también remarcó que la intervención de la Justicia no responde a preocupaciones sanitarias, ya que la experiencia contó con controles oficiales y autorizaciones administrativas.
La investigación se concentra únicamente en determinar si el procedimiento aplicado durante la faena respetó las condiciones exigidas por las normas de protección animal.
El caso expuso una situación que suele repetirse en distintos sectores agropecuarios: la aparición de nuevas alternativas productivas que avanzan más rápido que los procesos regulatorios.
Mientras algunos productores observan oportunidades económicas en actividades poco desarrolladas, las autoridades deben evaluar si esas iniciativas encajan dentro de los marcos legales vigentes.
La experiencia realizada en Chubut dejó en evidencia que existe interés comercial por productos no tradicionales, pero también mostró las limitaciones normativas que enfrentan quienes buscan abrir nuevos mercados.
Por el momento, el proyecto de producción de carne de burro permanece bajo observación judicial y administrativa.
La investigación encabezada por la fiscal Gómez continuará durante las próximas semanas con la recolección de antecedentes y documentación vinculada a la prueba piloto.
Más allá de cuál sea el resultado final de la causa, el episodio ya instaló un debate sobre el futuro de determinadas producciones alternativas en la Patagonia y sobre la necesidad de analizar si la legislación actual acompaña los cambios que se producen en el sector agropecuario.
La discusión recién comienza, pero una cuestión parece clara: mientras la normativa no sea modificada, la carne de burro seguirá fuera de los circuitos habilitados para el consumo interno en Argentina, independientemente del interés que pueda generar entre productores y consumidores.
