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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) rechazó el recurso administrativo presentado por productores ganaderos que buscaban frenar la implementación obligatoria de las caravanas electrónicas para la identificación individual de bovinos, una medida que comenzará a regir para los terneros nacidos desde este año. La decisión, oficializada en los últimos días por el organismo sanitario nacional, cerró la instancia administrativa y habilitó a los productores a avanzar con acciones judiciales ante los tribunales federales. El conflicto adquiere relevancia por el impacto económico que genera en la actividad ganadera y por las diferencias entre el Gobierno y parte de los criadores sobre los beneficios y costos del nuevo sistema de trazabilidad.
La resolución fue firmada por la presidenta del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo, quien ratificó la vigencia del esquema de identificación electrónica impulsado por el organismo. Con esta definición, los productores que cuestionan la medida disponen ahora de un plazo legal para presentar recursos judiciales con el objetivo de suspender o modificar su aplicación,informo TNCampo
La controversia comenzó meses atrás cuando un grupo de criadores encabezado por Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas, presentó una impugnación formal contra la normativa. El planteo apuntó principalmente al costo que implica la incorporación obligatoria de dispositivos electrónicos para identificar individualmente a cada animal.
Según los productores, la transición desde el sistema tradicional de identificación por lotes hacia uno basado en chips electrónicos demandará inversiones millonarias que recaerán directamente sobre los establecimientos de cría. Estimaciones difundidas por el sector calculan que el costo total de implementación podría superar los US$30 millones en todo el país.
Los cuestionamientos también apuntan a la distribución de los beneficios que generaría la nueva herramienta. Los criadores sostienen que las ventajas comerciales derivadas de una mayor trazabilidad serán aprovechadas principalmente por frigoríficos exportadores y otros eslabones de la cadena cárnica, mientras que los productores asumirán el costo inicial sin obtener una mejora directa en el valor de venta de la hacienda.
En los fundamentos de la resolución, el SENASA defendió la obligatoriedad de las caravanas electrónicas y explicó que el objetivo principal de la medida es fortalecer los mecanismos de control sanitario y epidemiológico del rodeo nacional.
Según detalló el organismo, la identificación electrónica permite registrar información de manera más precisa, reducir errores humanos y agilizar los procedimientos de seguimiento de los animales. También facilita la reconstrucción de movimientos y la detección rápida de focos sanitarios ante eventuales brotes de enfermedades.
De acuerdo con los argumentos oficiales, el sistema constituye una herramienta clave para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria y reforzar los estándares de control exigidos por numerosos mercados internacionales.
La postura del organismo generó nuevas críticas entre los productores que impulsaron la presentación administrativa. Desde el sector sostienen que el propio reconocimiento oficial confirma que los beneficios están vinculados principalmente a cuestiones sanitarias y comerciales externas al funcionamiento cotidiano de los establecimientos de cría.
El debate se instaló especialmente en las provincias con fuerte presencia ganadera, donde distintas organizaciones rurales expresaron preocupación por el impacto económico de la medida en un contexto de márgenes ajustados para la actividad.
Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a los gastos que deberán afrontar los productores para cumplir con la normativa.
Tras la anulación de una licitación internacional que contemplaba la compra estatal de millones de dispositivos electrónicos, el esquema definitivo estableció que la adquisición de los chips quedará a cargo de los productores a través de veterinarias y proveedores habilitados.
De acuerdo con valores difundidos por referentes del sector, cada dispositivo electrónico tiene un costo estimado de entre US$1,50 y US$2 por animal. A ello se suma la necesidad de incorporar equipos lectores para gestionar la información almacenada en los chips, cuyo valor oscila entre US$500 y US$800 según el modelo y las prestaciones.
Para establecimientos con cientos o miles de cabezas, la inversión inicial puede representar una erogación significativa. Los productores que cuestionan la medida aseguran que el desembolso no encuentra una compensación económica inmediata y que el costo termina absorbiéndose dentro de la rentabilidad del negocio ganadero.
Desde el SENASA, en cambio, consideran que la inversión debe analizarse en función de los beneficios sanitarios y de las oportunidades comerciales que podría generar para la cadena cárnica argentina en el mediano y largo plazo.
La discusión sobre la identificación electrónica se vincula también con las crecientes exigencias de los mercados internacionales respecto de la trazabilidad animal.
Países importadores de carne vacuna demandan cada vez más información sobre el origen de los animales, sus movimientos y las condiciones sanitarias bajo las cuales fueron producidos. En ese contexto, los sistemas de identificación individual son considerados una herramienta fundamental para garantizar la transparencia de los procesos productivos.
Diversos especialistas señalan que la incorporación de tecnología aplicada a la trazabilidad forma parte de una tendencia global que avanza en los principales países exportadores de carne.
Sin embargo, el debate en Argentina gira en torno a quién debe asumir los costos de esa modernización y cómo distribuir los beneficios económicos que puedan surgir de una mayor apertura comercial.
Los productores que impulsan las acciones judiciales consideran que el esquema actual traslada la totalidad de la inversión a la base de la cadena productiva. También cuestionan la falta de instancias de negociación previas a la implementación definitiva de la medida.
Con la vía administrativa agotada, la disputa se trasladará ahora al ámbito judicial. Los productores anticiparon que trabajan en la presentación de amparos y otras acciones legales ante la Justicia Federal con el objetivo de obtener una revisión de la normativa.
Mientras tanto, el SENASA mantiene firme su decisión de avanzar con el programa de identificación electrónica y sostiene que la medida constituye una herramienta estratégica para fortalecer la sanidad animal y mejorar los sistemas de control del rodeo nacional.
El desenlace del conflicto podría tener impacto sobre toda la cadena bovina argentina, una de las actividades más importantes del sector agropecuario. La discusión no sólo involucra aspectos sanitarios y tecnológicos, sino también el equilibrio entre competitividad, costos productivos y acceso a mercados internacionales cada vez más exigentes en materia de trazabilidad.
