El Gobierno nacional aceleró las negociaciones en el Senado para rescatar el proyecto de ley de propiedad privada, una de las iniciativas centrales impulsadas por la administración de Javier Milei, y buscará llevarlo al recinto la próxima semana tras acordar una serie de modificaciones con bloques dialoguistas. El entendimiento fue alcanzado este martes durante una reunión encabezada por la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para su aprobación.
La iniciativa, que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada, modificar aspectos vinculados a expropiaciones, desalojos y tierras rurales, sufrió cambios sustanciales durante su tratamiento en comisión. Por ese motivo, el oficialismo abrió una nueva ronda de conversaciones con aliados legislativos para reconstruir consensos y evitar un nuevo revés parlamentario.
La intención del Gobierno es convocar a una sesión el jueves de la próxima semana. Además del proyecto sobre propiedad privada, el temario incluiría varios pliegos judiciales y tratados internacionales que obtuvieron dictamen favorable durante las últimas horas y que no presentan mayores resistencias entre las diferentes bancadas.
El acuerdo político deberá ser formalizado en una próxima reunión de Labor Parlamentaria, ámbito donde se definen los asuntos a tratar en cada sesión junto a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Durante el encuentro participaron, además de Bullrich, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, acompañado por Mariana Juri; el presidente de la bancada del PRO, Martín Goerling; el titular de Provincias Unidas, Carlos Espínola; y representantes de espacios provinciales como Flavia Royón y Carlos Arce.
Los cambios que reclama el Senado
El proyecto original impulsado por la Casa Rosada fue objeto de múltiples modificaciones durante el plenario de comisiones realizado en mayo. Varias de ellas respondieron a planteos realizados por legisladores dialoguistas y gobernadores, que buscaron introducir límites y precisiones sobre temas sensibles.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una decisión que implicó un revés para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
También se incorporaron modificaciones relacionadas con la venta de tierras rurales a extranjeros, otorgando a las provincias una mayor capacidad para fijar límites y condiciones. Sin embargo, este punto continúa siendo objeto de debate y es uno de los artículos que podría volver a ser reformulado antes de llegar al recinto.
Otro aspecto que generó discusiones fue el mecanismo de desalojos rápidos, una herramienta incluida en el texto original del Gobierno para agilizar procesos judiciales vinculados a ocupaciones ilegales. Durante el tratamiento legislativo se introdujeron cambios destinados a diferenciar claramente la situación de los locatarios de la de los usurpadores.
Según explicaron fuentes parlamentarias, el objetivo es evitar interpretaciones que puedan afectar contratos de alquiler vigentes o generar conflictos con inquilinos que atraviesen situaciones de incumplimiento contractual.
Expropiaciones y compensaciones
Uno de los capítulos más relevantes de la propuesta está vinculado al régimen de expropiaciones. Allí se acordó establecer un límite máximo del 30% para el cálculo del lucro cesante, salvo que la persona afectada pueda demostrar judicialmente un perjuicio superior.
La modificación busca brindar mayor previsibilidad al Estado al momento de afrontar procesos expropiatorios y, al mismo tiempo, ofrecer un marco de compensación económica para los propietarios involucrados.
Asimismo, se redefinió el esquema de actualización de intereses. El proyecto establece que la tasa aplicable estará compuesta por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa activa del Banco Nación a 30 días.
Otro de los cambios incorporados determina que el valor de referencia de un bien expropiado deberá calcularse tomando como fecha la anterior a cualquier acto o hecho relacionado con la expropiación, con el objetivo de evitar especulaciones o alteraciones posteriores en la valuación.
La discusión por las tierras y las zonas de frontera
La cuestión vinculada a las tierras rurales continúa siendo uno de los principales focos de negociación. El proyecto reconoce una mayor autonomía provincial para definir criterios de adquisición por parte de extranjeros, aunque mantiene restricciones cuando intervienen Estados extranjeros o empresas controladas por gobiernos de otros países.
En ese contexto, las denominadas zonas de frontera se transformaron en uno de los puntos más sensibles de la negociación. Legisladores de distintos bloques plantearon dudas sobre el alcance de las restricciones y sobre cómo compatibilizar la necesidad de atraer inversiones con la protección de áreas estratégicas para la seguridad nacional.
Tras la reunión entre oficialistas y dialoguistas comenzó una nueva ronda de intercambios técnicos para redactar una versión consensuada del artículo cuestionado. El objetivo es llegar al recinto con una mayoría consolidada y minimizar el riesgo de nuevas modificaciones durante el debate.
La discusión también alcanzó a la legislación vinculada a incendios forestales. El texto impulsado por el oficialismo propone eliminar la prohibición de cambio de uso o transferencia de dominio durante 60 años en terrenos afectados por incendios, una disposición incorporada durante la gestión de Alberto Fernández.
Otros proyectos en agenda
Mientras intenta avanzar con la ley de propiedad privada, el oficialismo enfrenta dificultades para reunir consensos en otras iniciativas consideradas estratégicas por el Poder Ejecutivo.
Entre ellas aparecen proyectos relacionados con etiquetado frontal, reformas societarias y distintos cambios regulatorios que todavía se encuentran en etapas preliminares de discusión parlamentaria.
En paralelo, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia del Senado emitieron dictamen favorable para dos acuerdos internacionales que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.
El primero corresponde al tratado de extradición entre Argentina y Chile, firmado en diciembre de 2023, mientras que el segundo refiere al denominado Tratado de Medellín, un mecanismo destinado a facilitar la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales.
De mantenerse los acuerdos alcanzados durante las últimas horas, el Gobierno buscará aprovechar la próxima sesión para mostrar capacidad de construcción política en la Cámara alta y avanzar con una norma que considera clave dentro de su agenda legislativa. Las negociaciones continuarán durante los próximos días para cerrar los cambios pendientes y asegurar una votación favorable en el Senado, según informó Infobae.
