Soja: ROSARIO
$460.000 1.10%
Maíz: ROSARIO
$257.050 -0.14%
Trigo: ROSARIO
$293.560 -0.39%
El debate sobre la actualización de la Ley de Semillas volvió a ganar protagonismo en la agenda agroindustrial luego de que Coninagro expresara su respaldo a una reforma que garantice el reconocimiento económico de la innovación genética. El presidente de la entidad, Lucas Magnano, sostuvo que el país debe avanzar hacia un esquema que proteja la propiedad intelectual de las nuevas tecnologías aplicadas al agro y permita atraer inversiones en biotecnología. La definición se produjo en un contexto de discusión sobre la competitividad del sector y resulta relevante porque, según el cooperativismo, la incorporación de genética de última generación será determinante para elevar la producción agrícola argentina en los próximos años.
Las declaraciones fueron difundidas por TN, medio que recogió la posición institucional de la entidad cooperativa en momentos en que distintos actores de la cadena agroindustrial impulsan una revisión del marco regulatorio vigente.
Para Coninagro, la discusión trasciende el plano jurídico y se vincula directamente con el futuro productivo del país. La entidad considera que la falta de actualización normativa limita el ingreso de nuevas tecnologías al mercado argentino y reduce los incentivos para que las empresas desarrolladoras introduzcan sus innovaciones más avanzadas.
En ese sentido, Magnano sostuvo que el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual debe convertirse en uno de los pilares de la política agropecuaria de largo plazo.
"Entendemos que hoy existe un uso sin pago de tecnología. Nos hemos puesto de acuerdo entre las distintas entidades en que la tecnología hay que reconocerla y hay que pagar por ella", afirmó el dirigente en declaraciones citadas por TN.
La regulación del uso de semillas y el reconocimiento de los desarrollos biotecnológicos constituye uno de los debates históricos del agro argentino.
Durante décadas, productores, empresas semilleras, entidades rurales y gobiernos discutieron distintos proyectos para modernizar una legislación que muchos sectores consideran desactualizada frente a los avances tecnológicos registrados en las últimas décadas.
La controversia gira principalmente en torno al equilibrio entre el derecho de los productores a reutilizar semillas y la necesidad de garantizar que las compañías recuperen las inversiones realizadas en investigación y desarrollo.
Desde Coninagro sostienen que la falta de definiciones genera incertidumbre y limita el acceso a materiales genéticos de alto rendimiento que ya están disponibles en otros mercados.
La entidad considera que la incorporación de nuevas variedades permitiría mejorar la productividad, fortalecer la resistencia de los cultivos frente a eventos climáticos adversos y aumentar la competitividad internacional de la producción argentina.
Uno de los principales argumentos expuestos por el cooperativismo es que la modernización tecnológica será indispensable para alcanzar los objetivos de crecimiento que proyecta el sector.
Según Magnano, Argentina tiene potencial para incrementar significativamente su producción agrícola, pero para lograrlo necesita generar condiciones que estimulen la inversión privada y el desarrollo científico.
El dirigente vinculó directamente la actualización de la Ley de Semillas con la posibilidad de alcanzar un volumen de producción cercano a las 200 millones de toneladas, una cifra que distintos sectores del agro mencionan desde hace años como una meta estratégica para el país.
"Bajo ese parámetro, consideramos que es sumamente importante discutir la normativa vigente y mejorarla en todo aquello que sea necesario", expresó el titular de Coninagro, según reprodujo TN.
La entidad entiende que el reconocimiento de las patentes y de los desarrollos genéticos constituye una condición necesaria para que las empresas continúen invirtiendo en investigación aplicada al agro argentino.
Desde esta perspectiva, una legislación actualizada permitiría acelerar la incorporación de herramientas biotecnológicas capaces de mejorar los rendimientos y aumentar la estabilidad productiva frente a factores climáticos o sanitarios.
Las declaraciones de Magnano también incluyeron una evaluación de la situación económica que atraviesa el sector agropecuario.
El dirigente manifestó una valoración positiva de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y destacó la dirección general de la política económica, aunque advirtió que todavía existen diferencias importantes entre las distintas actividades productivas.
Según explicó, algunos sectores muestran señales de recuperación mientras que otros continúan enfrentando dificultades derivadas de los costos, la presión fiscal y la pérdida de competitividad acumulada durante los últimos años.
En ese marco, Coninagro volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia una reducción gradual de los derechos de exportación.
La entidad considera que una menor carga tributaria permitiría mejorar la rentabilidad de los productores y fortalecer las inversiones destinadas a incrementar la producción.
El planteo se suma a los reclamos que distintas organizaciones agropecuarias vienen realizando respecto de la necesidad de consolidar un esquema impositivo que favorezca el crecimiento de las economías regionales y de la producción exportable.
Más allá de su respaldo a la protección de la propiedad intelectual, Coninagro fijó una posición clara respecto de cómo debería implementarse una eventual reforma normativa.
La entidad advirtió que cualquier nuevo sistema de control o fiscalización no debe trasladar costos adicionales ni responsabilidades operativas a las cooperativas, acopios y otros actores comerciales que participan de la cadena agroindustrial.
Desde el cooperativismo sostienen que estos operadores no deberían convertirse en agentes encargados de verificar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual ni asumir funciones que correspondan a organismos estatales o a los titulares de las patentes.
La preocupación surge a partir de experiencias previas y de propuestas debatidas en distintos proyectos legislativos, donde algunos mecanismos de control contemplaban una participación activa de los puntos de acopio y comercialización.
Para Coninagro, la futura normativa deberá encontrar un equilibrio que permita proteger la innovación sin generar nuevas cargas burocráticas que afecten la competitividad del sistema.
La entidad considera que el desafío consiste en diseñar reglas claras para todos los eslabones de la cadena, garantizando tanto la protección de las inversiones en genética como la eficiencia operativa del sector productivo.
La discusión sobre la Ley de Semillas reaparece en un momento en que la biotecnología ocupa un lugar central dentro de las estrategias de crecimiento de la agroindustria mundial.
La competencia internacional por mejorar rendimientos, optimizar recursos y desarrollar cultivos más resistentes obliga a los países productores a revisar permanentemente sus marcos regulatorios.
En Argentina, donde la agricultura representa uno de los principales motores de generación de divisas, la definición de un nuevo esquema legal aparece como una de las asignaturas pendientes más relevantes para el sector.
Con su postura, Coninagro busca posicionarse como uno de los impulsores de ese debate y promover consensos que permitan avanzar hacia una legislación moderna.
Para la entidad, reconocer el valor económico de la innovación genética no sólo constituye una herramienta para fortalecer la competitividad del agro, sino también una condición indispensable para garantizar el crecimiento productivo de las próximas décadas y consolidar el papel de Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de alimentos.
