La decisión del Gobierno nacional de reducir de manera gradual los Derechos de Exportación (DEX) hasta 2028 podría significar una disminución superior al 50% en la carga fiscal efectiva sobre los principales cultivos argentinos. Así lo sostiene un análisis elaborado por el tributarista especializado en agro Santiago Sáenz Valiente, que evaluó el impacto del nuevo esquema oficial establecido a través del Decreto 423/2026 y concluyó que la rebaja proyectada representa un cambio estructural para el sector.
La medida, anunciada este año por la administración de Javier Milei, establece una reducción gradual de las alícuotas aplicadas a las exportaciones agrícolas. El estudio privado señala que, si se compara la situación prevista para 2028 con las tasas vigentes en 2024, la disminución de la presión tributaria supera la mitad en la mayoría de los cultivos y alcanza su mayor magnitud en el girasol.
Según el análisis, la soja, principal complejo exportador del país, pasaría de una alícuota del 33% en 2024 al 15% en 2028. Aunque la reducción es de 18 puntos porcentuales, el efecto sobre la carga fiscal representa una baja real del 54,5%.
En el caso de los subproductos de soja, la alícuota descendería del 31% al 14%, con una reducción efectiva del 54,8%.
El trigo también exhibe una disminución relevante. La tasa prevista bajaría del 12% al 5,5%, equivalente a una reducción del 54,2% de la carga tributaria. El mismo porcentaje se replica en maíz, cebada y sorgo, cuyos derechos de exportación seguirían una trayectoria similar.
Entre todos los cultivos analizados, el girasol es el que presenta la mayor caída relativa. La alícuota pasaría del 7% al 3%, lo que representa una reducción efectiva del 57,1%.
Para Santiago Sáenz Valiente, estos porcentajes permiten dimensionar el alcance del nuevo esquema y comprender mejor el impacto que tendrá sobre la rentabilidad del sector agropecuario.
El especialista recordó que los Derechos de Exportación (DEX) son un tributo aplicado sobre el valor FOB de las mercaderías exportadas y que, en la práctica, su costo termina trasladándose al productor. A su juicio, se trata de un mecanismo de recaudación sencillo para el Estado nacional, pero que genera distorsiones dentro del sistema productivo porque grava por igual a establecimientos con estructuras de costos y niveles de rentabilidad muy diferentes.
Según explicó, factores como la distancia a los puertos, los costos logísticos, las condiciones climáticas, los rindes y la escala de producción generan realidades económicas muy distintas entre productores, aunque todos enfrenten la misma alícuota de DEX.
En ese sentido, sostuvo que el Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta más equitativa para medir la capacidad contributiva, ya que refleja los resultados económicos reales de cada actividad.
Más allá del alivio fiscal inmediato, el informe plantea que una reducción sostenida de los Derechos de Exportación podría tener efectos positivos sobre la inversión y la producción agropecuaria. Una menor presión impositiva podría incentivar una mayor superficie sembrada, mejorar los niveles de inversión y generar un incremento indirecto de la recaudación a través de otros tributos.
El tributarista también destacó la importancia de la seguridad jurídica y de la estabilidad normativa para impulsar decisiones de largo plazo en el sector.
Mientras las entidades rurales continúan reclamando la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX), el esquema anunciado por el Gobierno representa, según el estudio privado, una de las reducciones más importantes de las últimas décadas para los principales cultivos argentinos. "Han logrado quitarnos el puesto privilegiado que teníamos en el mundo como exportadores de granos. Países vecinos sostienen una estructura impositiva que contempla una determinación acorde a la realidad económica, sin superposiciones y con menos tributos. Nosotros vamos a ese camino. Las inequidades, falta de seguridad jurídica, carga fiscal virulenta, trabas para la exportación y falta de insumos son parcialmente parte del pasado, ante un programa de reducción de alícuotas", concluyó Santiago Sáenz Valiente, según publicó La Nación.
