El debate por una nueva ley de biocombustibles sumó este miércoles una voz clave del sector energético. Durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, YPF expresó su apoyo al proyecto presentado por Patricia Bullrich para modificar el régimen vigente, aunque advirtió que elevar el porcentaje obligatorio de biodiésel por encima del 10% podría generar dificultades operativas y comerciales. La discusión cobra relevancia porque definirá el futuro de una actividad estratégica para las economías regionales, la industria energética y la transición hacia combustibles de menor impacto ambiental.
La posición de la petrolera fue expuesta por Mauricio Martín, director suplente de YPF y vicepresidente Ejecutivo de Midstream & Downstream, quien sostuvo que el país necesita avanzar hacia un nuevo esquema regulatorio que contemple la participación de los refinadores y que garantice un sistema de mezclas sostenible en el tiempo.
Según reconstruyó La Nación, Martín sostuvo que la empresa acompaña la iniciativa impulsada por Bullrich porque incorpora criterios de competencia, razonabilidad económica y apertura a nuevas tecnologías. Sin embargo, marcó un límite respecto del biodiésel.
"No es una limitación de voluntad, sino en la cadena logística y comercial que debe tenerse en cuenta", afirmó el ejecutivo al explicar por qué considera inviable una mezcla superior al 10% en el gasoil.
El directivo señaló además que las características del biocombustible pueden variar según la región donde se produzca y admitió que existen cuestionamientos sobre la calidad del biodiésel elaborado a partir de soja en determinadas circunstancias.
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%. De acuerdo con Martín, ese porcentaje representa cerca del 4,5% del precio final que paga el consumidor. Llevar la mezcla al 10%, indicó, implicaría un incremento aproximado de tres puntos porcentuales sobre ese componente del costo.
En relación con el bioetanol, explicó que la compañía no registró reclamos en las zonas donde comercializa combustibles con mezclas de hasta el 15%, aunque remarcó que ese debería ser el techo permitido, en línea con la posición expresada por la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa).
La iniciativa presentada por Bullrich propone un régimen con vigencia de 15 años y establece que el corte mínimo de biodiésel se mantenga inicialmente en 7,5%. Un año después de la sanción de la norma, ese porcentaje subiría de manera obligatoria al 10%.
El proyecto también contempla excepciones para determinados sectores y regiones. Entre ellos figuran las zonas frías de la Patagonia, las actividades mineras, las centrales eléctricas y las operaciones desarrolladas en la Antártida.
En el caso de las naftas, la propuesta establece una mezcla inicial del 12% de bioetanol, que ascendería al 15% al cumplirse el primer año de vigencia de la ley.
Debate por la competencia y el impacto fiscal
La discusión en el Senado reunió a representantes de empresas, cámaras empresariales y especialistas, quienes coincidieron en la necesidad de actualizar el marco regulatorio, aunque exhibieron diferencias respecto del alcance de la reforma.
Uno de los expositores fue Claudio Molina, analista especializado en energías renovables y ferrocarriles, quien cuestionó aspectos centrales de la legislación actual.
Molina sostuvo que la ley 27.640 restringe la participación de los grandes complejos agroindustriales en el abastecimiento del mercado interno y consideró que esa limitación debería revisarse. A su entender, el nuevo régimen debe permitir una mayor competencia, aunque con mecanismos que eviten posiciones dominantes.
El especialista también respondió a las críticas sobre el eventual costo fiscal del desarrollo de los biocombustibles. Según sus estimaciones, desde fines de 2019 el Estado nacional dejó de percibir alrededor de US$12.000 millones debido a la postergación parcial o total de las actualizaciones del impuesto a los combustibles.
A su juicio, ese dato demuestra que el debate sobre el impacto fiscal de los biocombustibles debe analizarse en un contexto más amplio y considerar otras decisiones tributarias adoptadas en los últimos años.
Al mismo tiempo, pidió establecer límites a la concentración del mercado y definir con precisión un precio de referencia vinculado a la paridad de importación para evitar una apertura indiscriminada de las compras externas.
"Una política pública no puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible", sostuvo Molina durante su exposición.
Búsqueda de consensos
Entre los participantes también estuvo Federico Pucciarello, CEO de Essential Energy, quien planteó la necesidad de construir una norma de consenso que incorpore aportes de distintos proyectos.
El empresario consideró que la iniciativa de Bullrich constituye una base de discusión valiosa, aunque señaló que también existen propuestas impulsadas por la provincia de Santa Fe y por la senadora Flavia Royón que contienen aspectos positivos.
"No es uno u otro proyecto, sino perfeccionar los puntos necesarios para que salga lo mejor para el conjunto", sostuvo.
Además participaron del debate representantes de organismos públicos, bolsas de comercio y cámaras empresariales vinculadas a la producción de biocombustibles y a la comercialización de combustibles líquidos.
Apoyos y cuestionamientos
La discusión también generó posiciones encontradas entre las entidades del sector.
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables expresaron reparos al proyecto de Bullrich al considerar que existe una contradicción entre los principios de libre competencia invocados por la iniciativa y el tratamiento previsto para el mercado del biodiésel.
La entidad sostuvo que el texto otorga una protección específica a ciertos segmentos del bioetanol, mientras deja expuestos a los productores independientes de biodiésel frente a compañías integradas y a una demanda concentrada en pocas empresas petroleras.
En contraste, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Coninagro, Maizar, BioPyme, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, entre otras organizaciones, respaldaron la iniciativa.
En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética moderna, con mayor previsibilidad para las inversiones y capacidad para potenciar las economías regionales.
También destacaron que una nueva ley podría fortalecer la producción agroindustrial, impulsar el desarrollo tecnológico y aprovechar las ventajas competitivas que tiene la Argentina en materia de producción agrícola y energética, en un escenario donde la transición hacia fuentes más sostenibles gana peso en la agenda económica global.
