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La administración de Donald Trump aprobó una modificación en la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act) que redefine el concepto de "daño" sobre la fauna protegida y busca facilitar el desarrollo de proyectos de minería, petróleo, gas, explotación forestal e infraestructura en Estados Unidos. La decisión modifica uno de los criterios utilizados durante décadas para la protección de los hábitats naturales. Según informó Clarín, el Gobierno sostiene que la medida permitirá brindar mayor previsibilidad jurídica y favorecer nuevas inversiones, mientras que organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación por sus posibles efectos sobre la biodiversidad.
La nueva regulación establece que las actividades productivas podrán desarrollarse en áreas donde habitan especies protegidas siempre que no provoquen directamente la muerte o lesiones de los ejemplares. Hasta ahora, la interpretación de la ley también consideraba como daño la destrucción o degradación del hábitat indispensable para la supervivencia de esas especies.
Con este cambio, la administración estadounidense busca adecuar la aplicación de la normativa a un fallo emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2024, que limitó la capacidad de las agencias federales para ampliar el alcance de las leyes aprobadas por el Congreso mediante interpretaciones regulatorias.
El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió la iniciativa y afirmó: "Durante años, las agencias federales abusaron de la Ley de Especies en Peligro para obstaculizar el uso legítimo de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses".
Desde el Gobierno sostienen que la modificación permitirá reducir trabas regulatorias, fortalecer los derechos de propiedad y acelerar inversiones vinculadas con sectores estratégicos como la energía, la minería y el aprovechamiento de los recursos naturales.
La decisión se inscribe dentro de una política más amplia orientada a flexibilizar regulaciones ambientales con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones para el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.
Al mismo tiempo, organizaciones dedicadas a la conservación expresaron reparos sobre la medida. Consideran que la preservación del hábitat constituye uno de los principales factores para garantizar la supervivencia de las especies protegidas y advirtieron que la modificación podría generar nuevos desafíos para la biodiversidad.
Entre las voces críticas se encuentra Aaron Weiss, director ejecutivo del Center for Western Priorities, quien calificó la decisión como "uno de los intentos más graves de dañar la vida silvestre en la historia de Estados Unidos" y sostuvo que favorecerá especialmente a las industrias petrolera y minera.
La Ley de Especies en Peligro de Extinción, sancionada en 1973, es considerada una de las principales herramientas de conservación ambiental en Estados Unidos. A lo largo de más de cinco décadas contribuyó a la recuperación de especies emblemáticas como el águila calva, el caimán americano y el cóndor de California, que habían llegado a niveles críticos de supervivencia.
Durante el primer mandato de Trump ya se habían impulsado cambios sobre esta legislación, varios de los cuales fueron posteriormente revertidos por la administración de Joe Biden. Con la nueva regulación, vuelve a instalarse el debate sobre cómo equilibrar la protección de la biodiversidad con la necesidad de promover inversiones y desarrollo económico.
