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El Gobierno nacional reglamentó los beneficios fiscales previstos en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para proyectos vinculados a la generación y eficiencia energética, una medida que busca facilitar la incorporación de tecnologías renovables por parte de micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agropecuario. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 161/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y establece qué bienes podrán acceder a los incentivos y bajo qué condiciones.
La reglamentación representa un paso clave para productores y pymes que buscan reducir sus costos energéticos mediante la instalación de paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía, aerogeneradores u otros equipos de generación renovable. A diferencia de otros proyectos contemplados dentro del RIMI, estas inversiones no deberán cumplir un piso mínimo de inversión, lo que amplía el acceso al beneficio para establecimientos de menor escala.
Según informó Bichos de Campo, la normativa reglamenta uno de los capítulos del régimen vigente desde abril de este año, destinado a promover inversiones en infraestructura de eficiencia energética y generación de energía a partir de fuentes renovables.
La resolución establece que podrán acceder a los beneficios los bienes destinados a generar, almacenar o transportar energía eléctrica mediante fuentes renovables en cualquier punto del país, así como aquellos orientados a optimizar el consumo energético dentro de las unidades productivas.
El anexo de la resolución incorpora un listado específico de bienes que podrán acceder a los beneficios fiscales previstos por el RIMI, aunque la Secretaría de Energía se reservó la posibilidad de actualizar esa nómina en función de la evolución tecnológica.
Entre los equipos incluidos figuran paneles solares fotovoltaicos, generadores fotovoltaicos de corriente alterna, aerogeneradores de más de 700 kilovatios de potencia, turbinas hidráulicas, transformadores eléctricos, convertidores de corriente, sistemas UPS de alimentación ininterrumpida y bancos de acumuladores destinados al almacenamiento de energía.
También podrán incorporarse módulos fotovoltaicos ensamblados y otros componentes asociados a proyectos de generación distribuida y autoconsumo energético.
Para los productores agropecuarios, estas inversiones representan una herramienta para disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional y reducir uno de los principales costos operativos, especialmente en actividades intensivas en consumo energético como el riego, la producción bajo cubierta, los tambos o distintas economías regionales.
Las empresas que accedan al régimen podrán utilizar dos incentivos fiscales centrales.
Por un lado, contarán con la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, lo que permite recuperar más rápidamente el costo de la inversión desde el punto de vista tributario.
Además, podrán solicitar la devolución anticipada de los créditos fiscales de IVA asociados a la adquisición de los equipos alcanzados por el programa.
Estos beneficios buscan reducir el plazo de recuperación de las inversiones y mejorar la rentabilidad de proyectos vinculados a la transición energética.
Uno de los aspectos más relevantes de la reglamentación es que las inversiones destinadas a infraestructura energética quedan exceptuadas del monto mínimo exigido para otros proyectos del RIMI.
Mientras que la mayoría de las iniciativas requiere alcanzar un piso de inversión —que en el caso de las microempresas asciende a 150.000 dólares—, las destinadas a energía renovable podrán acceder a los beneficios sin importar el valor del proyecto.
Esta excepción ya estaba contemplada por la Ley 27.802, que también otorga el mismo tratamiento a inversiones en sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes.
Si bien desaparece el requisito de inversión mínima, la normativa mantiene otras condiciones para ingresar al régimen.
Las empresas dispondrán de un plazo de dos años para ejecutar los proyectos aprobados.
Además, deberán acreditar su inscripción en alguno de los registros específicos administrados por la Secretaría de Energía, entre ellos el Registro Nacional de Proyectos de Energías Renovables (Renper), el Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía (Renpalma) o contar con el certificado de Usuario-Generador, según corresponda al tipo de inversión.
Estos registros permiten verificar que los proyectos cumplan los requisitos técnicos y regulatorios establecidos para la generación distribuida y otras modalidades de producción de energía renovable.
La incorporación de tecnologías de generación propia aparece como una alternativa cada vez más utilizada por establecimientos agropecuarios que buscan disminuir su dependencia de los costos energéticos tradicionales.
En actividades donde el consumo eléctrico representa una parte importante de la estructura de gastos, como los sistemas de riego presurizado, frigoríficos, tambos, establecimientos avícolas o producciones intensivas, la generación mediante energía solar o eólica permite mejorar la competitividad y reducir el impacto de las variaciones tarifarias.
Con la reglamentación de estos beneficios, el Gobierno busca incentivar nuevas inversiones en infraestructura energética, facilitar el acceso a tecnologías renovables y promover una mayor eficiencia en el uso de la energía dentro del entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas.
La eliminación del piso mínimo de inversión para este tipo de proyectos amplía el universo de beneficiarios y abre la posibilidad de que establecimientos agropecuarios de menor escala incorporen soluciones energéticas que hasta ahora resultaban difíciles de financiar.
