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La Argentina llevó a Bruselas una nueva defensa de las exportaciones de biodiésel de soja ante la Unión Europea (UE), en una reunión encabezada por funcionarios del Gobierno nacional y representantes del sector agroindustrial. El objetivo fue presentar evidencia técnica para cuestionar los criterios ambientales contemplados en el Reglamento 807 europeo y preservar el acceso a un mercado considerado estratégico para la industria local, luego de que el Parlamento Europeo rechazara la aplicación inmediata de nuevas restricciones al biocombustible argentino.
La información fue difundida por Bichos de Campo, que detalló el desarrollo del encuentro entre autoridades de la Comisión Europea, funcionarios argentinos y representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), además de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).
La reunión fue presidida por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el vicecanciller argentino, Fernando Brun. También participaron el embajador Fernando Iglesias, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y representantes del sector privado vinculados a la producción y exportación de biodiésel.
El encuentro tuvo lugar pocas semanas después de que el Parlamento Europeo decidiera no avanzar, por el momento, con restricciones adicionales para el ingreso de biodiésel elaborado a partir de aceite de soja argentino. Esa resolución abrió una instancia de diálogo destinada a revisar los criterios técnicos que sustentan la normativa comunitaria.
Para la industria nacional, la negociación resulta determinante. Aunque las exportaciones de biodiésel se encuentran lejos de los niveles históricos alcanzados años atrás y en 2025 apenas superaron las 200.000 toneladas, la Unión Europea continúa siendo prácticamente el único destino relevante para este producto.
Por ese motivo, tanto el Gobierno como las cámaras empresarias consideran prioritario mantener abiertas las condiciones de acceso al bloque europeo y evitar nuevas barreras regulatorias.
El eje central de la discusión estuvo vinculado con el Reglamento 807, una normativa impulsada por la Comisión Europea que busca limitar el ingreso de biocombustibles cuya producción pudiera estar asociada a procesos de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC, por sus siglas en inglés).
La legislación parte de la hipótesis de que la expansión del cultivo de soja destinada a la producción de biodiésel podría favorecer procesos de deforestación o sustitución de ecosistemas naturales, incrementando las emisiones de carbono.
Frente a ese planteo, la delegación argentina presentó información destinada a demostrar que esa situación no refleja la realidad productiva del país.
Durante la exposición técnica, el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, sostuvo que la superficie sembrada con soja en la Argentina no registró una expansión en los últimos años y que, por el contrario, mostró una tendencia contractiva.
Además, explicó que una parte importante del crecimiento de la denominada soja de segunda se desarrolla sobre superficies agrícolas previamente ocupadas por cultivos de invierno, sin incorporar nuevas tierras al sistema productivo.
Según publicó Bichos de Campo, Idígoras afirmó que "la Argentina no aumentó su superficie de soja sino que se contrajo y que, además, la superficie de soja de segunda creció sobre el área agrícola poscultivos de invierno, por lo que no existe efecto alguno sobre cambio indirecto de uso del suelo".
Uno de los principales planteos presentados por la delegación argentina consistió en incorporar dentro de la futura reglamentación europea el concepto de cultivos secuenciales, una práctica ampliamente utilizada en el país.
Este sistema consiste en realizar dos cultivos sobre la misma superficie agrícola durante una misma campaña, aprovechando la rotación entre especies de invierno y verano sin necesidad de ampliar la frontera agropecuaria.
La propuesta busca que esos esquemas productivos sean considerados automáticamente de bajo riesgo de ILUC, dado que no implican desmontes ni cambios permanentes en el uso del suelo.
Desde el sector exportador sostienen que esta metodología ya cuenta con respaldo técnico de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y permitiría reflejar con mayor precisión la realidad agrícola argentina.
Según Bichos de Campo, Idígoras señaló que "la realidad productiva argentina no se ve reflejada en la propuesta de legislación de la CE. El Parlamento Europeo coincide con la Argentina y por eso fue rechazada. Ahora tenemos la oportunidad de introducir cambios que tengan en cuenta la superficie real de soja en la Argentina y en el Mercosur, que nos caracteriza por ser un país de bajo riesgo de ILUC".
El biodiésel elaborado a partir de aceite de soja constituye uno de los principales productos industriales derivados del complejo sojero argentino.
Durante años, la Unión Europea fue el principal destino de estas exportaciones, aunque distintas investigaciones comerciales, medidas antidumping y modificaciones regulatorias redujeron significativamente los embarques.
Actualmente, el mercado europeo continúa siendo el principal comprador del biodiésel argentino, razón por la cual cualquier modificación normativa puede tener un impacto directo sobre la actividad industrial, las exportaciones y el ingreso de divisas.
Además del aceite de soja, la incorporación del concepto de cultivos secuenciales también podría beneficiar el desarrollo de nuevas cadenas productivas vinculadas con especies como camelina, carinata, colza y cártamo, cuyos derivados industriales presentan creciente demanda dentro del mercado europeo para la elaboración de biocombustibles de menor huella ambiental.
La reunión realizada en Bruselas forma parte de una negociación que continuará durante los próximos meses, mientras la Comisión Europea avanza en la revisión del reglamento definitivo.
Desde el sector agroexportador argentino consideran que la incorporación de criterios basados en datos nacionales permitiría construir un marco regulatorio más ajustado a la realidad productiva del país y reducir el riesgo de nuevas restricciones comerciales para uno de los principales productos de valor agregado de la cadena sojera.
