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La posibilidad de avanzar hacia una ley nacional que establezca criterios mínimos para la aplicación de fitosanitarios volvió a instalarse en la agenda legislativa luego de que diputados nacionales de La Libertad Avanza, junto a representantes de otros bloques, participaran de una reunión con entidades técnicas y referentes del sector agropecuario para analizar alternativas que permitan unificar el marco regulatorio vigente. El encuentro, realizado en el ámbito del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), puso el foco en la necesidad de contar con una normativa basada en evidencia científica y criterios técnicos que reduzca la dispersión de reglas existentes entre provincias y municipios.
La información fue difundida por Bichos de Campo, que señaló que la iniciativa fue impulsada por la Fundación Barbechando, organización que desde hace años trabaja en el seguimiento de proyectos legislativos vinculados al agro y promueve espacios de diálogo entre el Congreso y las entidades productivas.
La regulación de las aplicaciones de productos fitosanitarios constituye desde hace décadas uno de los temas más controvertidos dentro de la actividad agropecuaria argentina. En ausencia de una ley nacional específica, cada provincia y, en muchos casos, cada municipio estableció sus propias normas para determinar condiciones de uso, distancias de aplicación y restricciones.
Como consecuencia, el país presenta un mosaico normativo con criterios diferentes según la jurisdicción, lo que genera incertidumbre tanto para productores como para aplicadores, organismos de control y la propia Justicia.
En ese contexto, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco legal que establezca presupuestos mínimos ambientales para todo el territorio nacional, respetando las competencias provinciales pero fijando parámetros comunes sustentados en información científica.
Según informó Bichos de Campo, durante la reunión se analizaron distintas alternativas para elaborar una legislación que contemple las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) como uno de sus principales ejes.
Uno de los principales aportes al debate fue presentado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, que trabaja en un proyecto de ley orientado a establecer estándares mínimos para las aplicaciones.
De acuerdo con la información difundida por Fundación Barbechando y reproducida por Bichos de Campo, la propuesta contempla la definición de zonas sensibles y zonas de amortiguamiento, con distancias determinadas a partir de criterios técnicos y científicos en lugar de parámetros generales o exclusivamente políticos.
El proyecto también propone delimitar las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen durante el proceso de aplicación, fortalecer la capacitación permanente de los operarios y profesionalizar la actividad mediante mayores exigencias de formación.
Otro de los aspectos incorporados al borrador apunta a reforzar los sistemas de fiscalización mediante el uso de nuevas tecnologías.
Entre las herramientas analizadas aparecen dispositivos conocidos como "caja negra", sistemas de monitoreo remoto y la incorporación de la figura del veedor, cuya función sería supervisar el cumplimiento de los protocolos establecidos para las aplicaciones.
La utilización de estos instrumentos busca mejorar la trazabilidad de las tareas realizadas y facilitar los controles por parte de las autoridades competentes.
Durante el encuentro también se abordó el impacto que tiene la creciente judicialización de los conflictos vinculados a las aplicaciones de fitosanitarios.
Desde la Fundación Barbechando señalaron, según publicó Bichos de Campo, que "ningún país tiene distancias de exclusión tan amplias como en Argentina, donde la legislación es dispar a nivel nacional, provincial y municipal, con el agravante de la creciente judicialización de los casos".
El planteo refleja una preocupación compartida por distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria, que sostienen que las resoluciones judiciales suelen ocupar el lugar de una legislación uniforme cuando existen vacíos normativos o interpretaciones diferentes entre jurisdicciones.
Precisamente, uno de los objetivos que persigue el proyecto consiste en reducir esa incertidumbre mediante reglas claras y homogéneas que puedan aplicarse en todo el país.
Al finalizar la reunión, los legisladores presentes coincidieron en la importancia de impulsar una discusión parlamentaria que permita avanzar hacia una normativa nacional.
Según consignó Bichos de Campo, los participantes destacaron que una ley de presupuestos mínimos podría transformarse en una herramienta para complementar el marco legal vigente y disminuir la necesidad de que los conflictos terminen resolviéndose exclusivamente en sede judicial.
El debate también puso de manifiesto la intención de incorporar evidencia científica, información técnica y criterios ambientales como base para futuras decisiones legislativas, evitando que las regulaciones dependan exclusivamente de ordenanzas locales o fallos particulares.
La reunión contó con la presencia de diputados nacionales pertenecientes a distintos espacios políticos, aunque con una fuerte representación del oficialismo.
Participaron Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos), Andrés Leone (La Libertad Avanza - Ciudad de Buenos Aires), Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - Santa Fe), Santiago Santurio (La Libertad Avanza - Buenos Aires), Martín Ardohain (PRO - La Pampa), Alicia Fregonese (PRO - Entre Ríos), Javier Sánchez Wrba (PRO - Buenos Aires) y Alejandra Torres (Provincias Unidas - Córdoba).
También participaron asesores y equipos técnicos de los diputados Romina Almeida, Karina Banfi, Verónica Razzini, Beltrán Benedit y Emilia Orozco, quienes acompañan distintas iniciativas legislativas vinculadas con el sector agropecuario.
La regulación de los fitosanitarios ha sido objeto de numerosos proyectos legislativos durante las últimas décadas, aunque ninguno logró consolidar un consenso suficiente para convertirse en ley.
Mientras tanto, las diferencias regulatorias entre provincias y municipios continúan generando escenarios diversos para productores, contratistas y organismos de control.
El nuevo interés mostrado por legisladores del oficialismo abre la posibilidad de que el tema vuelva a ocupar un lugar relevante dentro de la agenda parlamentaria. Sin embargo, cualquier iniciativa deberá atravesar un amplio proceso de discusión política y técnica, ya que se trata de uno de los asuntos más sensibles dentro de la relación entre producción agropecuaria, ambiente y salud pública.
En ese contexto, las entidades del sector consideran que una legislación nacional basada en criterios científicos podría aportar mayor previsibilidad tanto para los productores como para las comunidades donde se desarrollan las actividades agrícolas, al establecer reglas comunes que permitan compatibilizar la producción con los estándares ambientales y sanitarios vigentes.
