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El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por la senadora nacional Carolina Losada para ampliar el alcance del Régimen de Incentivo a las Inversiones Productivas (RIMI). Durante una reunión virtual realizada esta semana, representantes de la entidad y la legisladora analizaron la propuesta, que busca incorporar a más empresas del sector agroindustrial mediante modificaciones a la Ley N.º 27.802, con el objetivo de estimular nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo productivo en todo el país.
La iniciativa, registrada bajo el Expediente 1130 y presentada el 29 de junio, propone introducir cambios en los artículos 179 y 181 de la normativa vigente para ampliar el universo de beneficiarios del régimen. Desde el CAA sostienen que la legislación actual deja fuera a una parte importante de la agroindustria, limitando el ingreso de inversiones que consideran necesarias para impulsar la competitividad del sector,informo TNCampo
Tras el encuentro, la entidad manifestó públicamente su apoyo al proyecto y remarcó que las modificaciones planteadas responden a un reclamo que el sector viene impulsando desde hace tiempo junto con la Fundación Barbechando, organización dedicada al seguimiento de la agenda legislativa vinculada al agro.
Según explicaron desde el Consejo Agroindustrial, uno de los principales problemas del esquema vigente es que establece requisitos que dificultan el acceso de numerosos productores y empresas agropecuarias a los incentivos fiscales contemplados por el RIMI. En ese contexto, la propuesta legislativa apunta a ampliar la base de beneficiarios mediante cambios en los montos mínimos de inversión exigidos.
Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en reducir el piso requerido para acceder al régimen en el caso de las pequeñas y medianas inversiones. La iniciativa propone disminuir el monto mínimo desde 150.000 dólares hasta 50.000 dólares, una modificación que permitiría incorporar a un mayor número de productores y PyMEs agropecuarias que actualmente no reúnen las condiciones necesarias para acceder a los beneficios.
De acuerdo con el CAA, esta modificación facilitaría inversiones de menor escala en distintas regiones del país, promoviendo el desarrollo de economías regionales y fortaleciendo el crecimiento de establecimientos productivos que hoy enfrentan mayores dificultades para financiar proyectos de expansión o modernización.
El proyecto también contempla la creación de una nueva categoría destinada a las grandes inversiones. En este caso, incorpora un esquema específico para emprendimientos que superen los 20 millones de dólares, permitiendo que grandes empresas agropecuarias puedan acceder a incentivos fiscales que actualmente no están disponibles para ese segmento.
Desde la entidad remarcaron que este cambio resulta especialmente relevante debido a que las compañías de mayor escala representan una parte significativa de la producción agroindustrial argentina y, sin embargo, permanecen excluidas tanto del RIMI como del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, afirmó que "estas modificaciones son imprescindibles para poner en igualdad de condiciones a la agroindustria con el resto de la economía nacional, dado que hoy estamos excluidos del RIGI y del RIMI", según informó el CAA.
El dirigente también planteó que existen otros aspectos que podrían perfeccionarse durante el tratamiento legislativo de la iniciativa. En ese sentido, sostuvo que "si bien nos gustaría seguir aportando propuestas como la de bajar el mínimo de 20 millones de dólares a 8 millones, creemos que ahora lo relevante es lograr su tratamiento en las Comisiones del Senado, por lo que buscaremos junto a Barbechando activar el debate", indicó Idígoras en declaraciones difundidas por la entidad.
La discusión sobre la necesidad de ampliar los incentivos a la inversión forma parte de una agenda que el Consejo Agroindustrial viene promoviendo desde la sanción de la Ley de Modernización Laboral.
Según explican desde la organización, el diseño original del régimen dejó sin cobertura a numerosos actores de la agroindustria debido a los montos mínimos establecidos y a las condiciones de acceso previstas para distintos tipos de empresas.
Para el CAA, esa situación genera una desventaja respecto de otros sectores de la economía que sí cuentan con herramientas de promoción para nuevas inversiones.
La entidad sostiene que ampliar el acceso a estos beneficios permitiría acelerar proyectos vinculados con la incorporación de tecnología, la ampliación de capacidad instalada, la compra de maquinaria, el agregado de valor en origen y la mejora de la competitividad de las cadenas agroindustriales.
En este contexto, consideran que facilitar la inversión privada resulta especialmente importante en un escenario donde el sector enfrenta elevados costos de producción y necesita incrementar la productividad para sostener su presencia en los mercados internacionales.
Uno de los principales argumentos del proyecto es que la reducción del umbral mínimo para pequeñas inversiones favorecería especialmente a las PyMEs agropecuarias y a los productores de distintas regiones del país.
Desde el Consejo Agroindustrial sostienen que muchas iniciativas de escala local no logran acceder a los beneficios fiscales vigentes debido a que el monto mínimo requerido supera ampliamente la capacidad de inversión de numerosos establecimientos.
Con la modificación propuesta, un mayor número de empresas podría incorporar tecnología, ampliar infraestructura, mejorar procesos productivos o desarrollar nuevos proyectos industriales vinculados al agregado de valor.
Al mismo tiempo, la creación de un régimen específico para inversiones superiores a los 20 millones de dólares apunta a incentivar grandes proyectos agroindustriales vinculados con infraestructura, procesamiento de alimentos, biocombustibles, logística y exportación.
Tras la reunión con la senadora Losada, el Consejo Agroindustrial reiteró que considera prioritario avanzar con el tratamiento parlamentario del proyecto.
La entidad señaló que la aprobación de la iniciativa permitiría promover inversiones de carácter federal, fortalecer el empleo registrado y generar condiciones más favorables para el crecimiento de la agroindustria argentina.
En ese sentido, el CAA solicitó al Congreso de la Nación que el expediente sea incorporado a la agenda de las comisiones correspondientes para iniciar cuanto antes el debate legislativo.
Los representantes del sector consideran que la ampliación del RIMI constituye una herramienta necesaria para estimular nuevas inversiones en un contexto donde la competitividad depende cada vez más de la incorporación de tecnología, la modernización de los procesos productivos y el desarrollo de proyectos con mayor agregado de valor.
Mientras la iniciativa comienza su recorrido parlamentario, tanto el Consejo Agroindustrial Argentino como la Fundación Barbechando adelantaron que continuarán manteniendo reuniones con legisladores de distintos espacios políticos para impulsar consensos que permitan avanzar con una norma que, según sostienen, podría ampliar el flujo de inversiones hacia la producción agroindustrial y contribuir al desarrollo económico de las distintas regiones del país.
