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El Senado de Chile aprobó el último artículo pendiente de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el paquete de reformas económicas y tributarias impulsado por el presidente José Antonio Kast. Con esta votación, la iniciativa dio un paso decisivo en el Congreso, aunque todavía deberá superar la revisión de los vetos anunciados por el Ejecutivo y los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional antes de convertirse definitivamente en ley. Según informó Infobae, el Gobierno busca que la reforma quede sancionada antes de septiembre para incorporarla al próximo presupuesto.
La votación terminó con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación. El artículo aprobado establece un mecanismo para compensar a los municipios por la reducción de las contribuciones que deberán pagar los propietarios mayores de 65 años por su primera vivienda.
La propuesta contempla que la Tesorería General de la República transfiera alrededor de USD 190 millones a los municipios. De ese total, USD 110 millones serán destinados al Fondo Común Municipal, mientras que los USD 80 millones restantes se distribuirán directamente entre las comunas afectadas por la menor recaudación.
Durante el debate parlamentario, varios alcaldes de la oposición e independientes cuestionaron ese esquema y reclamaron que la totalidad de los recursos se canalice a través del Fondo Común Municipal para priorizar a las comunas con mayores necesidades financieras.
Pese al avance legislativo, el proyecto aún no quedó definitivamente aprobado. El Gobierno anunció que presentará vetos presidenciales para modificar tres disposiciones incorporadas por la oposición durante la discusión parlamentaria. Entre ellas figuran el denominado derecho al olvido financiero para determinadas deudas, la prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses, y cambios vinculados al cumplimiento del pago a 30 días para pequeñas y medianas empresas.
Además, la oposición presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que deberá resolver si algunos aspectos de la reforma respetan la Constitución chilena. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la cláusula de invariabilidad tributaria prevista para grandes proyectos de inversión.
El eje central de la iniciativa consiste en reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, acompañado por una serie de incentivos destinados a estimular la inversión privada. Entre ellos figuran beneficios para la repatriación de capitales, la exención del IVA en determinadas compras de viviendas y garantías de estabilidad tributaria para inversiones de gran magnitud.
El proyecto recibió observaciones de distintos organismos. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que las medidas podrían generar un impacto fiscal negativo sobre las cuentas públicas, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la propuesta como un plan ambicioso que exigirá esfuerzos adicionales para cumplir las metas de déficit y deuda.
El presidente José Antonio Kast defendió la iniciativa al sostener que forma parte del mandato recibido en las elecciones. "Nosotros estamos convencidos que esta reforma, en temas tributarios, en temas de inversión, en temas de regulación ambiental, va a colaborar a que haya más inversión en Chile", afirmó.
Según informó Infobae, el Ejecutivo considera que la reforma será una herramienta clave para acelerar la actividad económica, elevar el crecimiento del país desde el 2,5% registrado el año pasado hasta 4% al final del mandato, reducir el desempleo al 6,5% y fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas.
