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La Justicia Comercial de Reconquista autorizó al grupo Grassi, controlante de Nueva Vicentin Argentina, a acceder a un crédito rotativo de hasta US$50 millones otorgado por Bunge para financiar la originación de granos, pero impuso condiciones destinadas a preservar los derechos de la concursada sobre su participación en Renova y a evitar que los fondos sean utilizados para financiar a Friar. La decisión fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini y se conoció el 21 de septiembre, en el marco del proceso concursal de Vicentin.
La resolución habilita una operación que puede aportar capital de trabajo a Nueva Vicentin, aunque establece controles específicos sobre el destino del dinero y sobre la garantía ofrecida por el grupo Grassi. El préstamo tendrá vencimiento el 31 de diciembre de 2031, una tasa equivalente a SOFR Overnight más 2,50% —que, según la información difundida por Bichos de Campo, representa actualmente alrededor del 6,35% anual— y una comisión de otorgamiento del 0,25%.
Como respaldo de la operación se constituirá una prenda de primer grado sobre el 8,33% del capital social de Renova, compañía vinculada estratégicamente con Bunge y Cargill y en la que Nueva Vicentin mantiene esa participación.
La autorización judicial, sin embargo, no fue concedida en los términos inicialmente planteados. Lorenzini estableció que deberán preservarse tanto el poder político como el derecho al cobro de dividendos correspondientes a la participación de Nueva Vicentin en Renova.
El objetivo es evitar que la constitución de la garantía termine afectando los derechos económicos y políticos que corresponden a la empresa concursada. En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación de esos derechos podría “desvirtuar la garantía prendaria y colisionaría con el interés común de los acreedores”, según consignó Bichos de Campo.
Por esa razón, el juez dispuso que resulte inoponible cualquier cláusula contractual que permita a Bunge Argentina ejercer los derechos políticos asociados a esas acciones o disponer de manera irrevocable de los dividendos correspondientes.
La medida adquiere especial relevancia dentro del proceso concursal porque Renova constituye uno de los activos estratégicos vinculados a Nueva Vicentin y, al mismo tiempo, la participación accionaria ofrecida como garantía forma parte del patrimonio que debe preservarse en beneficio del conjunto de los acreedores.
La autorización judicial se produjo pese a la oposición del Comité Definitivo de Acreedores de Vicentin, que había cuestionado la operación.
Según informó Bichos de Campo, los acreedores objetaron principalmente que el préstamo no tuviera una asignación suficientemente específica y advirtieron sobre el riesgo de comprometer la participación de Nueva Vicentin en Renova.
El conflicto no se limita a las condiciones financieras del crédito. Una de las principales preocupaciones dentro del concurso está relacionada con el destino final de los fondos y con la posibilidad de que el financiamiento termine indirectamente vinculado con Friar, la empresa frigorífica sobre la que el grupo Grassi busca recuperar actividad.
El antecedente que alimentó esa preocupación fue una asistencia financiera otorgada por el grupo Grassi a Friar en junio. De acuerdo con la información publicada por Bichos de Campo, se trató de un préstamo de $4.270 millones, con una tasa anual del 39,9% y garantía hipotecaria sobre la planta frigorífica ubicada en Reconquista.
A esa operación se sumó posteriormente otro financiamiento de $4.500 millones concedido a Friar.
El movimiento generó reparos dentro del proceso concursal debido a la situación de endeudamiento de la compañía frigorífica y a su relación con Vicentin.
Uno de los elementos centrales de la controversia es que Friar mantiene una deuda con Vicentin por US$13 millones, según surge de la información incorporada al expediente y citada por Bichos de Campo.
El síndico concursal Diego Oscar Telesco emitió un dictamen desfavorable respecto de la asistencia financiera a Friar. Su planteo se basó, entre otros puntos, en que la empresa agroindustrial concursada tiene una participación accionaria de apenas 0,39% en Friar, mientras que al mismo tiempo mantiene una acreencia significativa contra esa sociedad.
Telesco cuestionó, en ese contexto, la conveniencia de destinar nuevos recursos a una compañía que mantiene obligaciones pendientes con Vicentin.
La discusión refleja una de las tensiones centrales del proceso concursal: por un lado, el grupo Grassi sostiene que la recuperación de la actividad frigorífica puede contribuir a recomponer una cadena de valor vinculada con otros negocios agroindustriales; por otro, los órganos que intervienen en el concurso deben evaluar si la utilización de recursos beneficia efectivamente a la sociedad concursada y al conjunto de sus acreedores.
La posición del grupo Grassi apunta a integrar distintas etapas de la cadena agroindustrial. Según explicó el propio grupo en el expediente, la recuperación de Friar tendría importancia porque permitiría derivar hacia los frigoríficos la hacienda proveniente del feedlot Los Corrales de Nicanor, que a su vez utiliza burlanda de maíz producida en una planta de bioetanol.
Desde esa perspectiva, el financiamiento de Friar no sería presentado únicamente como una asistencia a una empresa con problemas financieros, sino como una herramienta para recomponer una estructura productiva integrada.
Sin embargo, esa estrategia debe compatibilizarse con las restricciones propias del concurso de Vicentin y con la necesidad de proteger los activos y derechos que respaldan las obligaciones frente a los acreedores.
En este punto, la resolución de Lorenzini deja abierta una posibilidad, pero bajo condiciones estrictas.
El juez estableció que la solicitud para otorgar asistencia financiera a Friar podrá volver a ser analizada, siempre que exista un dictamen favorable del Comité de Acreedores y un plan destinado a recuperar las acreencias que Friar mantiene con Vicentin.
La eventual autorización, según la resolución citada por Bichos de Campo, quedaría además sujeta a que esa decisión resulte conveniente para los intereses de la sociedad concursada y de los acreedores.
De esta manera, el fallo diferencia dos cuestiones: la posibilidad de que Nueva Vicentin obtenga financiamiento para su actividad principal y la utilización de recursos para asistir financieramente a Friar. Mientras la primera operación fue autorizada con garantías y controles, la segunda permanece condicionada a una nueva evaluación dentro del proceso concursal.
Además de proteger los derechos vinculados con Renova, la Justicia estableció un mecanismo de seguimiento sobre el crédito de Bunge.
El grupo Grassi deberá presentar una rendición de cuentas documentada con periodicidad trimestral, detallando los desembolsos realizados en el marco del préstamo.
El mecanismo busca aportar trazabilidad sobre el uso de los fondos y permitir que los órganos del concurso conozcan el destino de los recursos obtenidos.
La estructura financiera contempla un crédito revolving, es decir, una línea que puede utilizarse y cancelarse de acuerdo con las necesidades de financiamiento dentro de los límites acordados. La autorización judicial establece así un marco de control sobre una herramienta destinada a financiar la originación de granos.
El caso combina tres intereses que deberán convivir durante los próximos años: la necesidad de capital de trabajo para Nueva Vicentin, la preservación de los activos que respaldan a sus acreedores y la estrategia del grupo Grassi para recomponer negocios vinculados a la cadena agroindustrial.
Por ahora, la Justicia permitió avanzar con el financiamiento de Bunge, pero dejó delimitadas las condiciones bajo las cuales podrá utilizarse la garantía sobre Renova y mantuvo bajo revisión cualquier eventual asistencia financiera a Friar.
La resolución constituye, en ese sentido, un nuevo capítulo del complejo proceso de reestructuración de Vicentin, en el que las decisiones sobre financiamiento, activos estratégicos y continuidad operativa siguen estrechamente vinculadas con los intereses de sus acreedores.
