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Argentina reforzó su estrategia diplomática y jurídica vinculada con las Islas Malvinas y sus recursos naturales al iniciar un procedimiento de arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno otorgó al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener las actividades cuestionadas y anticipó que, de no obtener respuesta, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, según informó Forbes.
La decisión incorpora una nueva herramienta internacional al reclamo argentino. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para avanzar con el procedimiento y buscar impedir tanto el desarrollo de Sea Lion como el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en el área.
El planteo oficial se apoya en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Entre ellas se encuentran la Resolución 2065 (XX), que reconoció la existencia de la controversia e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones, y la Resolución 31/49.
La estrategia apunta especialmente a preservar los recursos naturales de las áreas sobre las que Argentina mantiene su reclamo de soberanía. El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en esos espacios afectan los derechos reclamados por el país.
El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte de las islas, y tiene previsto comenzar su producción petrolera en 2028. Navitas Petroleum posee el 65% del emprendimiento, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante, según informó Forbes.
Durante septiembre, la Argentina amplió las acciones administrativas y jurídicas relacionadas con estas operaciones. El Gobierno reglamentó el régimen de sanciones aplicable a actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina y anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
También avanzó con procedimientos administrativos contra personas y empresas relacionadas con el desarrollo petrolero. Las medidas alcanzaron a 60 personas y compañías, mientras que se anunciaron denuncias penales contra cinco sociedades vinculadas con operaciones en la Cuenca Malvinas Norte.
La Cancillería había informado además el envío de cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas de 30 países, dentro de la estrategia destinada a desalentar la participación empresarial en actividades que la Argentina considera no autorizadas.
La nueva instancia internacional abre ahora otra etapa. El Ejecutivo argentino fijó un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga las actividades cuestionadas. En caso contrario, anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La cuestión también volvió a ocupar espacio en la agenda internacional argentina. Durante su reciente intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Milei reiteró el reclamo de soberanía y vinculó esa posición con la protección de los recursos naturales del Atlántico Sur.
La posición británica difiere de la argentina: el Reino Unido respalda las licencias bajo las cuales se desarrolla Sea Lion, mientras que las compañías involucradas han sostenido que el proyecto continuará según el cronograma previsto. De esta manera, la nueva acción argentina traslada una parte central de la controversia hacia el terreno jurídico internacional.
Para el Gobierno, el objetivo es combinar diplomacia, derecho internacional y herramientas administrativas para sostener el reclamo argentino y cuestionar la explotación de recursos naturales sin autorización nacional.
