Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
El Gobierno nacional evaluará las propuestas de productores agropecuarios y de la industria semillera antes de redactar una reforma de la Ley de Semillas, luego de la reunión que funcionarios de la Secretaría de Agricultura mantuvieron este martes con representantes de las entidades rurales y del sector privado. El encuentro, realizado en Buenos Aires, permitió avanzar sobre algunos criterios para determinar qué productores podrán conservar semilla para volver a sembrar sin pagar nuevamente por la tecnología y cuáles deberían abonar una regalía, aunque todavía persisten diferencias sobre el límite que separará ambos grupos.
La discusión se concentra en uno de los aspectos centrales de una eventual modificación del régimen vigente: cómo compatibilizar el derecho de uso propio de los agricultores con el reconocimiento económico a las empresas y desarrolladores que invierten en la obtención de nuevas variedades y tecnologías, segun TNCampo
La reunión se realizó en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y contó con la participación del secretario Sergio Iraeta, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari. Por el sector privado y productivo participaron representantes de las entidades que integran la mesa de enlace y de la industria semillera.
Tras recibir las distintas posiciones, el Gobierno quedó a cargo de analizar la información recopilada y elaborar una propuesta. El esquema de trabajo contempla además una nueva convocatoria a productores y obtentores antes de avanzar con el proyecto.
Uno de los criterios que ganó espacio durante las últimas reuniones es utilizar información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para establecer un eventual límite al uso propio.
El sistema reúne información sobre la actividad agrícola, entre ella la superficie sembrada y la producción, y permite clasificar a los productores según su escala mediante diez deciles. La posibilidad de utilizar esa base de datos como referencia busca establecer un criterio objetivo para determinar quiénes podrían continuar utilizando semilla propia sin un nuevo pago y quiénes quedarían alcanzados por un reconocimiento económico a los desarrolladores.
El principio general cuenta con cierto grado de coincidencia entre las partes, pero la diferencia aparece al momento de definir dónde debería ubicarse el límite.
Las entidades de productores plantean que los agricultores de menor escala deberían conservar el beneficio del uso propio gratuito y que el pago de una regalía debería comenzar a partir de determinados deciles. La industria, representada en las conversaciones por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), analiza el esquema desde una lógica diferente y trabaja con una identificación que parte de los productores de menor tamaño para determinar cuáles podrían quedar exceptuados.
Por ahora, ninguna de las alternativas logró convertirse en un acuerdo definitivo.
El debate sobre los deciles tiene una consecuencia concreta: de esa definición dependerá qué cantidad de productores quedará exenta del pago y qué universo deberá reconocer económicamente el uso de determinadas tecnologías y variedades.
El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, consideró que el encuentro permitió avanzar en la discusión, aunque reconoció que todavía existen diferencias entre productores y obtentores.
“Representantes de los productores y de los obtentores mantuvieron una reunión con la presencia de autoridades del Gobierno nacional. El diálogo fue constructivo y permitió avanzar en varios puntos, aunque todavía persisten diferencias”, señaló Magnano.
El dirigente también destacó la necesidad de mantener el ámbito de negociación abierto. “Los participantes coincidieron en la importancia de cuidar el espacio de confianza que se generó y seguir buscando una solución”, indicó, según la información difundida por Coninagro.
Magnano explicó además que el próximo paso quedará en manos de las autoridades nacionales. “El Gobierno evaluará la información recibida y elaborará una propuesta. Antes de avanzar, volverá a convocar a productores y obtentores para escuchar sus observaciones”, afirmó.
De esta manera, el Ejecutivo no definió todavía el criterio definitivo que utilizará para establecer quiénes deberán pagar por el uso de semilla propia. La intención es incorporar los planteos realizados durante las reuniones y someter la propuesta a una nueva instancia de consulta antes de enviar una eventual iniciativa legislativa.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también valoró la reunión y señaló que todavía existen aspectos de la eventual reforma que necesitan mayor discusión.
“En la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a una posible reforma y se plantearon temas que aún requieren análisis y discusión. En este sentido, continuaremos trabajando junto a las entidades de la producción para avanzar en una posición común y realizar los aportes correspondientes”, expresó la entidad.
La organización indicó que esperará a conocer el proyecto que formule el Gobierno antes de establecer una posición institucional sobre sus alcances.
La SRA, que integra la mesa de enlace y es presidida por Nicolás Pino, planteó además que una modificación de la normativa debería contemplar “consenso amplio, equilibrio, previsibilidad y reglas claras”.
Según la entidad, esos criterios deberían permitir compatibilizar el desarrollo de nuevas tecnologías y variedades con los derechos de los productores y las características económicas y productivas de la actividad agrícola.
La postura refleja uno de los ejes principales de la discusión: mientras las empresas semilleras buscan mecanismos que permitan recuperar parte de las inversiones destinadas al desarrollo tecnológico, las entidades rurales procuran preservar el alcance del derecho de los agricultores a utilizar parte de su propia producción como semilla.
El conflicto no se limita al pago en sí mismo, sino que involucra el mecanismo mediante el cual se determinará quién debe pagar y bajo qué condiciones.
Los desarrolladores de variedades y tecnologías sostienen la necesidad de contar con un sistema que reconozca económicamente la inversión realizada para generar nuevas herramientas productivas. Del otro lado, las entidades del campo plantean que el esquema debe contemplar diferencias según la escala de los productores y evitar que el costo tenga el mismo impacto sobre establecimientos de dimensiones muy diferentes.
En ese contexto, el uso del SISA aparece como una alternativa para construir una segmentación basada en información productiva disponible. La herramienta permitiría evitar una definición exclusivamente política o general y establecer categorías a partir de la escala de cada explotación.
Sin embargo, todavía resta acordar los valores concretos. El hecho de que productores e industria coincidan en analizar los datos del SISA no implica que exista consenso sobre qué deciles quedarían comprendidos en el pago de regalías.
La definición será uno de los puntos centrales de la propuesta que deberá elaborar el Gobierno.
La reunión de este martes se produjo apenas diez días después de un tercer encuentro entre la mesa de enlace y la Asociación de Semilleros Argentinos. En esas conversaciones ya se habían registrado avances sobre algunos aspectos de la futura normativa, aunque el uso propio continuaba siendo uno de los principales puntos de desacuerdo.
El intercambio entre ambos sectores busca construir una posición que pueda ser incorporada por el Poder Ejecutivo en un eventual proyecto de reforma.
La Federación Agraria Argentina (FAA) no participó de la reunión más reciente debido a cuestiones de agenda. La entidad desarrolla este martes y miércoles su Congreso Anual Ordinario en Rosario.
Su ausencia no impidió que continuara el intercambio entre las otras organizaciones rurales, los funcionarios y los representantes de la industria.
Ahora, el Gobierno deberá procesar las propuestas recibidas y definir el contenido de una iniciativa. El procedimiento anunciado contempla una nueva ronda de consultas antes de avanzar, por lo que todavía no existe un texto definitivo ni una definición sobre el universo de productores que quedaría alcanzado por el pago.
La discusión sobre la Ley de Semillas se encamina así hacia una nueva etapa. El eje estará puesto en establecer un sistema que determine, a partir de la escala productiva y otros criterios, cuándo el uso de semilla propia puede mantenerse sin un pago adicional y cuándo corresponde reconocer económicamente la tecnología incorporada.
Mientras el Gobierno prepara su propuesta, productores y semilleras continuarán negociando los parámetros del esquema. El punto más sensible será transformar la referencia del SISA en un límite concreto que permita definir quiénes estarán exceptuados y quiénes deberán pagar por el uso propio de determinadas semillas, sin cerrar el diálogo que las partes consideran necesario para alcanzar un acuerdo sobre la futura regulación.
