Sturzenegger anticipó cambios para ampliar el acceso al crédito

El Gobierno prepara una reforma del mercado de capitales que enviará al Congreso en las próximas semanas con el objetivo de profundizar la desregulación, ampliar los bienes que pueden utilizarse como garantía y facilitar el acceso al financiamiento de empresas y pymes. La iniciativa contempla modificaciones en warrants, prendas, pagarés, facturas de crédito, cupones de tarjetas y planes de ahorro, según informó LA NACION en una nota de Melisa Reinhold.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el proyecto tendrá dos ejes centrales: simplificar las operaciones y fortalecer las garantías utilizadas para obtener crédito.

Uno de los principales cambios alcanzará al régimen de warrants, que permite utilizar bienes como respaldo de financiamiento. La propuesta busca ampliar los activos admitidos y avanzar más allá de los productos agrícolas que tradicionalmente estuvieron vinculados con este instrumento.

También se prevé eliminar determinadas obligaciones que, según el planteo oficial, agregan costos o rigidez. Entre ellas aparecen la contratación obligatoria de seguros y la exigencia de realizar remates públicos sobre determinados bienes.

El proyecto incorporará además un Sistema Federal de Registro de Garantías, con un registro centralizado de prendas administrado por el Banco Central. La herramienta permitiría verificar si un activo ya se encuentra comprometido como garantía y simplificar la constitución de prendas.

“Lo van a poder hacer las personas individualmente: Toyota o Volkswagen a poder hacer sus prendas”, ejemplificó Sturzenegger durante la Semana Mundial del Inversor, organizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La propuesta también permitiría constituir segundas y terceras prendas sin autorización del primer acreedor y ampliar el universo de activos que pueden respaldar una operación.

Entre los ejemplos planteados aparecen incluso las cosechas futuras. Un productor podría utilizar una cosecha de soja que todavía no fue levantada como garantía para acceder a financiamiento. Sturzenegger comparó el mecanismo con la Cédula de Producto Rural utilizada en Brasil, que, según explicó, representa el 38% del crédito agropecuario de ese país.

Otro cambio alcanzará a la ejecución de las garantías prendarias. Actualmente, de acuerdo con la explicación del ministro, los bancos tienen exclusividad legal sobre su ejecución por vía ejecutiva. La reforma propone permitir la participación de otros actores para ampliar las alternativas y acelerar el recupero de activos.

La iniciativa extenderá esa lógica hacia pagarés y letras de cambio. El objetivo es incorporar por ley modificaciones que ya fueron impulsadas mediante regulaciones y permitir una mayor variedad de operaciones respaldadas por esos instrumentos.

Las pymes tendrán un capítulo específico a través de cambios en la factura de crédito electrónica MiPyME. El esquema actual requiere la intervención de distintos intermediarios antes de que una empresa pueda financiarse. El proyecto busca reducir esos pasos y facilitar el acceso directo de las pequeñas y medianas empresas a mercados autorizados.

También se analiza convertir los cupones de tarjetas de crédito en títulos valores electrónicos negociables. De esa forma, cuando un comercio financie una venta mediante tarjeta, podría negociar ese crédito en el mercado y buscar alternativas de financiamiento por fuera del banco.

Los planes de ahorro y capitalización, utilizados especialmente para financiar vehículos en cuotas, también quedarían alcanzados. La propuesta contempla derogar el régimen específico que exige su registración y autorización ante la Inspección General de Justicia y trasladar esos contratos a las reglas generales del Código Civil y Comercial. Los conflictos con consumidores continuarían bajo las normas de Defensa del Consumidor.

“Aunque esto quizás es un rezago histórico, que con una economía con la inflación a la baja va a dejar de tener relevancia”, sostuvo Sturzenegger.

El ministro resumió el alcance del proyecto al señalar: “Esta es una ley que tiene dos grandes ejes: la simplificación y la desregulación, dar mayor libertad sobre los bienes que se pueden prendar, los instrumentos que se pueden usar y cómo se pueden armar los contratos. Y, al mismo tiempo, tiene el objetivo de fortalecer las garantías con las que trabaja el mercado de capitales en la Argentina”.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, sostuvo que la iniciativa continuará el proceso de transformación regulatoria desarrollado por el organismo.

“La ley de mercado de capitales es un trabajo que abarca muchas cosas. No me animaría a decir que son grandes cambios, salvo algunas excepciones, pero sí hay mucha mejoras para los instrumentos financieros, para las garantías y para todo el sistema en general. Esperamos que el proyecto sea enviado al Congreso en breve”, afirmó.

La agenda incluye además la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el lanzamiento del primer ETF local que replicará al Merval. Para la CNV, estos instrumentos forman parte de una estrategia orientada a ampliar el mercado y sumar alternativas de inversión y financiamiento.

Silva afirmó que el mercado creció al doble, sin considerar títulos públicos, mientras que el mercado secundario alcanzó una dimensión equivalente a una vez y media la registrada al comienzo de su gestión.

Con la nueva reforma, el Gobierno apunta a que más bienes puedan utilizarse como garantías, las pymes encuentren canales de financiamiento más directos y los instrumentos del mercado de capitales tengan reglas más flexibles, aunque el proyecto deberá atravesar primero el debate y la aprobación del Congreso.