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Las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel presentaron una propuesta para modificar el proyecto de ley de biocombustibles que se debate en la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), plantea elevar el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel con gasoil y mantener un esquema de participación para las plantas regionales. El objetivo es preservar la actividad de 25 establecimientos productivos que, según la entidad, podrían verse afectados por los cambios previstos en la legislación.
La propuesta fue difundida después de una reunión de la comisión legislativa que analiza el proyecto aprobado previamente por el Senado, impulsado por Patricia Bullrich.
El debate enfrenta distintas posiciones dentro de la cadena de producción de biocombustibles. Mientras las empresas regionales buscan conservar su participación en el mercado interno, las grandes aceiteras respaldan un esquema de mayor apertura y competencia.
En este contexto, CEPREB propuso aumentar el corte obligatorio de biodiésel al 15% o, como alternativa intermedia, al 12,5%, con una distribución que permita sostener los volúmenes actualmente destinados a las plantas de menor escala.
La entidad también solicitó que ese mecanismo de participación se mantenga durante toda la vigencia de la ley y que se revisen las disposiciones vinculadas con los grupos económicos.
Según la cámara empresaria, estas modificaciones permitirían avanzar hacia una actualización del marco regulatorio sin comprometer la continuidad de las industrias regionales.
El presidente de CEPREB, Federico Martelli, sostuvo que el proyecto, en su redacción actual, podría provocar una transferencia de participación comercial desde las pymes hacia las grandes compañías aceiteras.
La entidad argumenta que estas últimas ya cuentan con instalaciones industriales construidas y que una mayor presencia en el mercado interno no necesariamente implicaría nuevas inversiones productivas.
Martelli también destacó la relación entre las fábricas de biodiésel y otras actividades industriales del interior del país, especialmente las pequeñas plantas procesadoras de soja que abastecen de aceite a los establecimientos regionales.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por CEPREB, unas 400 extrusoras de soja mantienen vínculos comerciales con las pymes elaboradoras de biodiésel.
La cámara considera que una reducción de la actividad de estas empresas podría afectar también a proveedores, transportistas y otros servicios vinculados con la cadena de valor.
Uno de los principales puntos de discusión es la distribución del mercado que surgiría de la nueva normativa.
Según la interpretación de CEPREB, el texto aprobado por el Senado contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%, pero reduciría progresivamente la participación reservada a las pymes.
La entidad sostiene que ese porcentaje pasaría del 7,5% actual al 4% en 2031 y desaparecería a partir de 2036.
Bajo ese esquema, una parte de la producción se comercializaría mediante un mercado electrónico en el que competirían establecimientos de distintas escalas y ubicaciones geográficas.
Para las empresas regionales, los costos logísticos representan uno de los principales desafíos de ese sistema.
CEPREB advierte que las plantas situadas cerca de los puertos del Gran Rosario contarían con ventajas de transporte frente a los establecimientos ubicados en otras provincias.
En consecuencia, la cámara considera que la competencia podría concentrar una mayor proporción de la producción en las instalaciones industriales de gran escala.
La entidad estima que, si la participación de las pymes se redujera al 4%, 14 de las 25 plantas regionales podrían cerrar. También advierte que la eliminación completa del segmento reservado pondría en riesgo la continuidad del conjunto de establecimientos.
Estas cifras corresponden a las proyecciones de CEPREB y no representan cierres confirmados.
En la provincia de Buenos Aires, la cámara calcula que podrían verse comprometidos más de 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados con la producción de biodiésel.
Entre las localidades mencionadas se encuentran Ramallo, Junín, Daireaux, Bahía Blanca, Pilar y Saladillo, donde funcionan establecimientos industriales y actividades relacionadas con el sector.
La preocupación también alcanza a plantas ubicadas en General Pico, Nogoyá, Aldea María Luisa y San Luis, que forman parte del entramado productivo regional.
Para las empresas nucleadas en CEPREB, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la modernización del mercado de biocombustibles y la continuidad de las inversiones industriales realizadas en distintas provincias.
El planteo se incorpora a una discusión más amplia sobre la participación de las pequeñas empresas, las condiciones de competencia y el desarrollo de la producción nacional de combustibles renovables.
La cámara sostiene que elevar el corte obligatorio permitiría ampliar el volumen total de biodiésel destinado al mercado interno y generar condiciones para sostener la actividad de los establecimientos existentes.
Al mismo tiempo, la propuesta busca establecer un mecanismo de transición que permita adaptar las condiciones comerciales sin provocar cambios abruptos en la distribución de la demanda.
El proyecto continuará su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberán analizarse las distintas posiciones presentadas por los actores de la industria.
La definición del nuevo marco regulatorio será relevante para el futuro de las 25 plantas pymes de biodiésel, sus proveedores y los trabajadores vinculados con una actividad que tiene presencia en varias economías regionales.
