La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) pidió que el país avance con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que establece un marco de protección de los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. El planteo fue realizado por Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de la entidad, durante un encuentro con periodistas en Buenos Aires, en medio de las negociaciones entre el Gobierno, los productores agropecuarios y la industria semillera para actualizar la legislación argentina.
Según informó La Nación, en una nota de la periodista Pilar Vazquez, AmCham considera que la incorporación al tratado internacional permitiría avanzar en materia de propiedad intelectual y cumplir uno de los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos.
La discusión se desarrolla mientras las entidades rurales y las empresas semilleras buscan acercar posiciones sobre una nueva ley de semillas, especialmente en lo referido al uso propio y al reconocimiento de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
Durante el encuentro, Díaz manifestó la preferencia institucional de la cámara por avanzar directamente con el convenio internacional.
“Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable. Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”, afirmó el directivo.
El UPOV-91 es un convenio internacional que establece normas para proteger los derechos de los obtentores vegetales, es decir, las personas o empresas que desarrollan nuevas variedades de plantas.
Su adhesión forma parte de las discusiones sobre cómo establecer reglas que reconozcan la innovación y, al mismo tiempo, contemplen las prácticas productivas del sector agropecuario.
Uno de los principales puntos de debate es el denominado uso propio de semillas, una práctica que permite a los productores conservar parte de la cosecha para utilizarla en nuevas siembras.
Este mecanismo tiene especial relevancia en cultivos como la soja y el trigo, donde las diferencias entre las partes se concentran en las condiciones para reutilizar semillas y en los pagos correspondientes.
Las entidades rurales propusieron que el cobro por uso propio alcance al 30% de los productores de mayor escala, mientras que la industria semillera había planteado inicialmente incluir al 60%.
Sin embargo, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) amplió recientemente las excepciones previstas para esa práctica, con el objetivo de incorporar a una mayor cantidad de productores.
La decisión representa un movimiento dentro de las negociaciones, aunque todavía no se informaron los límites definitivos de las nuevas excepciones.
También existen diferencias respecto de la duración del pago de regalías.
Mientras los representantes de los productores proponen un plazo de tres años desde la compra de la semilla, desde la industria se defienden períodos más extensos, que podrían alcanzar los 20 años.
En paralelo, las entidades rurales mantienen objeciones a la utilización del UPOV-91 como marco para una nueva legislación.
En este escenario, AmCham planteó que la adhesión al convenio constituye una alternativa para fortalecer la protección de la innovación vegetal y brindar previsibilidad a las compañías.
Díaz aclaró, no obstante, que la cámara no participa directamente de las negociaciones entre productores, empresas semilleras y autoridades nacionales.
El ejecutivo reconoció que mantuvo conversaciones con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, pero señaló que desconoce el contenido del proyecto en el que trabaja el Gobierno.
Por ese motivo, evitó evaluar una eventual propuesta intermedia y explicó que su posición expresa la preferencia institucional de AmCham.
“Al no ver el contenido, simplemente puedo decir cuál es la preferencia de AmCham”, sostuvo.
La discusión sobre semillas también tiene una dimensión internacional, debido a los compromisos incluidos en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos.
Según explicó Díaz, el entendimiento contempla que Argentina presente ante el Congreso, antes de finalizar 2027, una iniciativa para adherir al UPOV-91.
Este punto resulta relevante porque el compromiso mencionado establece la presentación del proyecto legislativo, pero no exige necesariamente que el Congreso complete su aprobación dentro de ese plazo.
El acuerdo comercial también incluye compromisos relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos modificaciones a criterios que restringen la patentabilidad de determinadas innovaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
Díaz señaló que Estados Unidos había planteado durante las negociaciones la necesidad de avanzar tanto en la revisión de esos criterios como en la adhesión al convenio sobre variedades vegetales.
Respecto de las consecuencias de un eventual incumplimiento, el directivo indicó que sería necesario evaluar sus efectos dentro de la relación bilateral.
Sin embargo, no anticipó sanciones concretas ni afirmó que la falta de adhesión provocaría automáticamente la caída del acuerdo comercial.
El representante de AmCham también consideró que el Gobierno todavía dispone de tiempo para presentar la iniciativa ante el Congreso.
“El gobierno argentino tiene tiempo suficiente para presentarlo”, afirmó.
En ese sentido, explicó que el Poder Ejecutivo debe administrar una agenda legislativa amplia y evaluar las condiciones políticas para avanzar con los distintos proyectos.
Díaz sostuvo que, mientras Argentina continúe trabajando en dirección a los compromisos asumidos, la cámara no observa motivos inmediatos para considerar que exista un incumplimiento.
La discusión sobre la legislación de semillas reúne intereses productivos, tecnológicos y comerciales que resultan centrales para el futuro de la actividad agropecuaria.
Para las empresas desarrolladoras, la protección de las nuevas variedades representa un instrumento para recuperar inversiones en investigación y mejoramiento genético.
Para los productores, las condiciones de acceso y reutilización de semillas constituyen factores importantes dentro de los costos de producción.
El desafío será construir un marco normativo que contemple la innovación agrícola, las necesidades de los productores y los compromisos comerciales internacionales, en un contexto de negociaciones que todavía permanece abierto.
La eventual adhesión al UPOV-91 continuará formando parte de la agenda legislativa y de las conversaciones entre el Gobierno, las entidades rurales y la industria semillera.
