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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, reglamentó un nuevo esquema de subsidios energéticos que amplía los bloques de consumo eléctrico bonificable para 2.371.941 usuarios de 15 provincias argentinas y modifica los descuentos del gas en las zonas frías. Las medidas, establecidas mediante las resoluciones 299 y 300/2026 de la Secretaría de Energía, buscan adaptar la asistencia tarifaria a las condiciones climáticas y focalizar los beneficios en los hogares que cumplen los requisitos socioeconómicos.
La decisión responde a los planteos de gobernadores de provincias con temperaturas elevadas, donde el consumo eléctrico aumenta durante el verano por el uso de equipos de refrigeración.
El nuevo régimen establece mayores límites de consumo subsidiable para las regiones cálidas y muy cálidas, con diferencias según la clasificación climática de cada localidad.
En las zonas consideradas muy cálidas, el bloque eléctrico bonificable se amplía a 500 kilovatios hora (kWh) mensuales entre noviembre y abril.
Para las localidades clasificadas como cálidas, el límite general será de 300 kWh por mes, con una ampliación a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero.
La modificación alcanza a usuarios residenciales de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
La ampliación no implica que todo el consumo eléctrico de esos hogares reciba automáticamente un descuento. La bonificación se aplica sobre los bloques establecidos y depende de que los usuarios cumplan las condiciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
De esta manera, el beneficio combina criterios climáticos con los requisitos económicos definidos para acceder a la asistencia estatal.
La Secretaría de Energía fundamentó los nuevos límites en información sobre consumo residencial durante períodos de altas temperaturas, elaborada a partir de registros de Cammesa y de la clasificación bioambiental establecida por la norma IRAM 11603.
El esquema también incorpora planteos realizados por gobiernos provinciales y entidades regionales sobre las necesidades de consumo eléctrico durante los meses de mayor calor.
La ampliación de los bloques bonificables forma parte de una reorganización más amplia de la política energética, que también modifica el alcance territorial del Régimen de Zona Fría.
La nueva reglamentación del gas restringe los descuentos territoriales y mantiene una bonificación del 50% para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.
Ese porcentaje se aplica sobre el precio del gas efectivamente consumido y no sobre el importe total de la factura. Los cargos correspondientes al transporte y la distribución quedan excluidos del cálculo.
Por lo tanto, el descuento final sobre la boleta será inferior al 50%, incluso para los usuarios que conservan la bonificación.
El régimen también contempla a determinados comercios, pequeñas industrias y entidades comprendidas en la categoría Servicio General P.
Las modificaciones implican que más de 1,6 millones de usuarios dejarán de recibir el beneficio territorial que tenían bajo el esquema anterior, según las estimaciones incluidas en la información difundida sobre la reforma.
Los cambios afectan a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con alcance sobre aproximadamente 90 municipios.
Sin embargo, sectores de la oposición sostienen que el número de familias afectadas podría ser mayor y alcanzar los 2,5 millones, una estimación que difiere de la cifra señalada para el nuevo régimen.
Para los hogares que dejan de estar incluidos en la zona fría ampliada, la reglamentación contempla una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas correspondiente a los consumos base, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
Entre los requisitos figuran la inscripción en el SEF, la residencia en las zonas bioambientales contempladas y el cumplimiento de los parámetros socioeconómicos.
Uno de esos criterios establece un límite de ingresos familiares equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el INDEC.
La reforma introduce así un sistema que combina ubicación geográfica, condiciones climáticas y nivel de ingresos para determinar el acceso a determinados beneficios energéticos.
La ampliación de la asistencia eléctrica para las provincias cálidas también estuvo vinculada con las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores del norte argentino.
Durante el debate legislativo sobre la modificación de la Zona Fría, los mandatarios provinciales reclamaron un tratamiento específico para el mayor consumo de electricidad durante el verano.
El compromiso de ampliar los bloques subsidiables permitió incorporar esas demandas a la reorganización del sistema de asistencia energética.
La reforma también incluye un mecanismo para compensar obligaciones financieras de distribuidoras eléctricas con Cammesa.
Según un informe de la Jefatura de Gabinete, las deudas comprendidas en ese esquema alcanzaban aproximadamente US$1.842 millones.
El mecanismo contempla condiciones para la regularización de esas obligaciones y exige a las empresas que accedan al beneficio renunciar a determinados reclamos relacionados con las emergencias tarifarias.
Esta disposición generó cuestionamientos de organizaciones de usuarios, que plantearon objeciones sobre el reconocimiento de créditos a distribuidoras privadas y su relación con controversias judiciales existentes.
El nuevo esquema de subsidios energéticos combina una ampliación de los bloques eléctricos bonificables en 15 provincias con una reducción de la cobertura territorial del descuento al gas.
Para los hogares de regiones cálidas que cumplen los requisitos del SEF, la modificación permitirá contar con mayores cantidades de electricidad alcanzadas por la asistencia durante los meses de temperaturas elevadas.
En paralelo, los usuarios de localidades excluidas de la Zona Fría deberán afrontar un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos gasíferos.
La implementación de las resoluciones definirá el alcance efectivo de los beneficios y su impacto en las facturas de los hogares, dentro de una política que busca concentrar la asistencia estatal según las necesidades climáticas y económicas de cada región.
