La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó durante su 32.ª Conferencia Industrial, realizada en Buenos Aires, una propuesta de régimen de incentivos fiscales para la industria que contempla reducción de impuestos, beneficios para inversiones productivas y estabilidad tributaria durante 30 años. La iniciativa, denominada Pacto Fiscal Industrial Federal, busca mejorar la competitividad de las empresas argentinas mediante un acuerdo entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios.
El proyecto fue presentado por Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la UIA, quien explicó que la propuesta surge de la necesidad de reducir los costos de producción y generar condiciones más favorables para la inversión industrial.
Según informó Infobae, la entidad ya inició conversaciones con autoridades nacionales y algunas jurisdicciones provinciales para avanzar en un esquema que requiere consensos políticos entre los distintos niveles de gobierno.
La propuesta, identificada como RICI, toma como referencia los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero busca establecer herramientas específicas para el sector industrial.
Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción de la carga tributaria, la promoción de nuevas inversiones y la mejora de las condiciones de competencia de los productos argentinos en los mercados internacionales.
Uno de los puntos centrales del planteo es la estabilidad fiscal durante 30 años, una herramienta que busca ofrecer mayor previsibilidad a las empresas que desarrollen proyectos productivos.
La UIA considera que contar con reglas tributarias estables puede facilitar la planificación de inversiones de largo plazo y mejorar las condiciones para ampliar la capacidad industrial.
Durante la conferencia, Abeledo presentó los resultados de un relevamiento que comparó la presión tributaria argentina con la de otros 29 países.
El estudio analizó ocho impuestos correspondientes a los niveles nacional, provincial y municipal.
De acuerdo con la medición, la presión fiscal promedio de Argentina alcanza el 28%, lo que ubica al país en el puesto 12 entre las 30 economías evaluadas.
Sin embargo, al ajustar el indicador por el nivel de informalidad laboral, estimado en torno al 50%, la entidad calculó que la presión fiscal sobre el sector formal asciende al 56%.
Según ese criterio, Argentina presenta el valor más elevado del conjunto analizado, por encima de Brasil, con el 50%, y de Francia e Italia, con el 45%.
La UIA utilizó estos resultados para fundamentar la necesidad de revisar la estructura tributaria que afecta a las empresas formalmente registradas.
El relevamiento identificó cargas elevadas en impuestos nacionales como los débitos y créditos bancarios, Ganancias de sociedades y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
También señaló el impacto de Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales sobre los costos empresariales.
Frente a este escenario, el Pacto Fiscal Industrial Federal propone una serie de modificaciones orientadas a mejorar la competitividad.
Una de las principales medidas consiste en establecer una alícuota única del 25% en el impuesto a las Ganancias para las sociedades, en reemplazo del esquema progresivo que contempla tasas del 25%, 30% y 35%.
La entidad también plantea ampliar la posibilidad de computar el impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA, Ganancias y determinadas obligaciones de la seguridad social.
El objetivo es avanzar gradualmente hacia la eliminación de ese tributo, creado originalmente como una medida de emergencia.
Otra propuesta contempla permitir que las empresas utilicen las contribuciones patronales como pago a cuenta de impuestos nacionales.
Además, se busca implementar una cuenta única tributaria que facilite la compensación de créditos fiscales con distintas obligaciones impositivas.
En materia de inversiones, la UIA propone incorporar mecanismos de amortización acelerada y superamortización para determinados proyectos productivos.
Estas herramientas permitirían reconocer fiscalmente las inversiones en plazos más favorables, con el propósito de estimular la incorporación de maquinaria, equipamiento y tecnología.
El esquema también contempla mayores reintegros para exportaciones industriales y modificaciones en los sistemas de retenciones y percepciones anticipadas.
La segunda parte del proyecto requiere acuerdos con las provincias y los municipios, especialmente por los impuestos que dependen de esas jurisdicciones.
En relación con Ingresos Brutos, la UIA propone reducir progresivamente las alícuotas hasta alcanzar la exención para el sector industrial.
También plantea establecer límites a las tasas municipales, de manera que los montos cobrados mantengan una relación con los servicios efectivamente prestados.
El proyecto incluye beneficios tributarios para operaciones de financiamiento productivo y refinanciación de pasivos, mediante exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.
Asimismo, propone excluir determinados instrumentos de financiamiento, como la factura de crédito electrónica y el eCheq, de los regímenes de retención y percepción.
Durante su exposición, Abeledo destacó que la implementación de estas medidas requiere acuerdos políticos entre las distintas jurisdicciones.
El dirigente recordó experiencias anteriores, como el Pacto Fiscal Federal de 1993 y el Consenso Fiscal de 2017, cuyos objetivos no llegaron a concretarse plenamente.
La presentación también coincidió con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien planteó la posibilidad de avanzar en modificaciones del impuesto de Sellos.
Sin embargo, la UIA remarcó que una reforma tributaria de alcance federal necesita la participación de las provincias y los municipios.
El presidente de la entidad, Martín Rappallini, participó en las conversaciones iniciales que dieron origen a la propuesta de un régimen específico para la industria.
Con este planteo, la organización empresaria busca instalar una agenda de competitividad, inversión y simplificación tributaria que permita fortalecer la producción nacional.
La implementación del Pacto Fiscal Industrial Federal dependerá de la capacidad de alcanzar acuerdos entre Nación, provincias y municipios.
De concretarse, el régimen podría modificar las condiciones tributarias de las empresas industriales y ofrecer herramientas para estimular nuevas inversiones, ampliar la producción y mejorar la competitividad de los productos argentinos.
