La fumigación oficial de granos para el comercio internacional tendrá nuevos procedimientos de supervisión y certificación en Argentina a partir de la Resolución 955/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La norma, publicada en el Boletín Oficial el 17 de noviembre de 2026, establece responsabilidades para las empresas fumigadoras, los exportadores y los inspectores, y mantiene la prohibición de aplicar plaguicidas fumigantes durante la carga y el tránsito de granos en camiones y vagones.
La disposición aprueba un nuevo procedimiento para los Tratamientos de Fumigación Oficial (TFO), utilizados para controlar plagas reglamentadas en operaciones de comercio internacional. Su alcance comprende artículos reglamentados, con excepción de frutas y hortalizas, e incluye tratamientos requeridos por los países importadores, por la normativa argentina o solicitados por los propios exportadores.
Según publicó Agrofy News el 17 de noviembre, la actualización busca unificar los criterios de control en todo el territorio nacional y ordenar las intervenciones de los distintos participantes de las operaciones.
Uno de los principales objetivos de la norma es establecer un procedimiento común para supervisar la aplicación de los tratamientos y emitir las certificaciones correspondientes.
Los TFO deben ser solicitados formalmente al SENASA por los exportadores, importadores o sus representantes, a través de los canales oficiales. Cuando el pedido responde a una solicitud del exportador, el organismo evaluará la prestación del servicio de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la oficina correspondiente.
La resolución también precisa qué productos pueden utilizarse en estos tratamientos: deben estar autorizados por el SENASA y contar con registro vigente. Para que una fumigación sea considerada oficial, los productos fumigantes deben pertenecer a las categorías toxicológicas Ia —extremadamente peligrosos— o Ib —altamente peligrosos—, identificadas con banda roja en sus marbetes.
La supervisión de los tratamientos debe estar a cargo de personal del organismo sanitario.
La Resolución 955/2026 distribuye responsabilidades antes, durante y después de cada aplicación.
Entre las obligaciones de las empresas fumigadoras se encuentran:
Contar con procedimientos documentados para realizar los tratamientos y responder ante contingencias.
Informar la nómina del personal que participa en cada operación, incluidos directores técnicos y operadores.
Presentar los envases de los productos fitosanitarios, con sus respectivos marbetes, números de registro y fechas de vencimiento.
Informar el volumen de la unidad de tratamiento y los cálculos utilizados para determinar la dosis del fumigante.
Disponer de equipos de medición calibrados, con aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o de laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación.
Verificar la hermeticidad de las unidades de tratamiento y controlar posibles pérdidas durante la aplicación.
También deberán llevar registros de cada operación, utilizar los elementos de protección correspondientes y garantizar que los equipos de detección de gases se encuentren en condiciones de funcionamiento.
La norma establece, además, que las unidades de tratamiento deben reunir condiciones de seguridad y hermeticidad para contener la concentración del fumigante durante el período de exposición requerido.
El nuevo procedimiento delimita las tareas del personal del organismo en las distintas etapas del tratamiento.
Antes de la aplicación, los inspectores deben concurrir al lugar donde se encuentra la unidad de fumigación y verificar el cumplimiento de los requisitos previstos para el producto y el procedimiento.
Durante el tratamiento, deben supervisar la correcta aplicación del producto, la dosis utilizada y el funcionamiento de los equipos de medición. Al finalizar, deben controlar la señalización y el precintado de la unidad, además de verificar los tiempos de exposición y la ventilación cuando corresponda.
La norma también modifica el alcance de algunas verificaciones respecto del régimen anterior, establecido por la Resolución 79/2023. Entre los cambios señalados por otros análisis de la disposición se encuentra que ya no figura entre las obligaciones expresas de los inspectores verificar las habilitaciones provinciales de las empresas fumigadoras y las autorizaciones de sus directores técnicos.
Esto no elimina las exigencias que puedan establecer las jurisdicciones provinciales ni libera a las empresas de cumplirlas. La intervención del SENASA queda circunscripta a las competencias fitosanitarias reguladas por la resolución.
Una vez cumplidos los requisitos, el inspector certificante podrá emitir el Certificado de Tratamiento Fitosanitario Oficial o el Certificado Fitosanitario cuando lo exijan las condiciones del mercado de destino.
Uno de los puntos centrales para la logística agrícola es la continuidad de las restricciones previstas por la Ley 27.262.
La Resolución 955/2026 prohíbe aplicar cualquier tipo de plaguicida fumigante sobre granos, productos y subproductos, cereales y oleaginosas durante la carga en camiones o vagones y durante el tránsito terrestre hasta destino.
La disposición contempla una excepción para los contenedores herméticos destinados a exportación, siempre que estén consolidados y oficialmente precintados por la Dirección General de Aduanas, en sitios habilitados y con intervención del SENASA.
Además, establece que las Cartas de Porte para el Transporte Automotor y Ferroviario de Granos deben incluir una declaración jurada en la que el responsable manifieste que la carga no recibió tratamientos fumigantes durante la carga y que no autoriza su aplicación durante el traslado.
En relación con las operaciones marítimas, la norma establece condiciones específicas para los tratamientos en bodegas de buques y restringe el uso del bromuro de metilo a los tratamientos cuarentenarios expresamente exigidos por un país importador.
La nueva disposición reemplaza el procedimiento aprobado mediante la Resolución 79/2023 y establece que las actuaciones administrativas y los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad continuarán bajo las normas vigentes al momento de los hechos.
La Resolución 955/2026 entra en vigencia el 18 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.
Para los operadores del comercio exterior agroindustrial, el nuevo marco implica adecuar los procedimientos de fumigación, documentación y certificación a las responsabilidades establecidas. El objetivo es mantener las condiciones fitosanitarias requeridas para acceder a los mercados internacionales, con controles técnicos y pautas de seguridad definidas para cada etapa de la operación.