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l desarrollo en Uruguay continúa creciendo. Tal es así que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó recientemente un decreto que busca estimular el crecimiento de la inversión, poniendo énfasis en la generación de empleo para determinar las exoneraciones tributarias a las que acceden los proyectos promovidos por los privados.
No obstante, el gobierno al otro lado del río asegura que no escaparon del fuerte impacto de la pandemia de coronavirus y del descenso de la actividad económica a nivel mundial producto de la crisis sanitaria. Por ese motivo, consideran que “resulta necesario modificar la metodología de evaluación de los proyectos de inversión”.
El texto del Poder Ejecutivo modifica distintos aspectos de la Ley de Inversiones, cuyos últimos cambios se habían introducido en 2018. Ahora, se dispone que las empresas podrán exonerar hasta un máximo del 90% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a pagar por año.
Antes ese beneficio de hasta el 60% como máximo para empresas establecidas y de hasta el 80% para empresas nuevas, de acuerdo con un decreto de mayo de 2018. En tanto, el plazo mínimo de utilización de los beneficios de descuento pasa de tres a cuatro ejercicios. Ese plazo podrá suspenderse por hasta dos ejercicios, ya sean consecutivos o no.
“Si hacés una inversión la lógica es que en los primeros años pierdas y te lleve un tiempo recuperar. Si el plazo mínimo para aprovechar el beneficio de impuesto a la renta era tres años te ponía mucha presión. Capaz hacías un proyecto en donde no lo podías aprovechar; que pongan cuatro años da mayor potencialidad para usarlo. Lo mismo con subir el monto máximo de exoneración, ya que baja el costo tributario a las empresas; son medidas que ayudan”, dijo el tributarista Fabián Birnbaum, de FBM Advisory.
Además, para los proyectos presentados hasta el 31 de marzo de 2021, el porcentaje de exoneración de IRAE que se determine por la aplicación de la matriz de indicadores –generación de empleo, descentralización y aumento de exportaciones, entre otros– se incrementará en un 20%, dentro de los límites dispuestos.
Esto será aplicable para las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que las mismas representen al menos el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Si finalizados dichos plazos la empresa hubiera hecho uso del beneficio adicional y no hubiese ejecutado al menos el 75% de la inversión, deberán reliquidarse los tributos exonerados indebidamente.
Las firmas también podrán obtener la devolución del IVA por los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Antes se incluía a los materiales y servicios destinados a la obra civil.
Además de lo tributario, la otra novedad es que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) establecerá un régimen simplificado, que utilizará para la asignación del puntaje de los proyectos el indicador de empleo, tomando en cuenta el número de puestos de trabajo a crear (promedio anual).
Al respecto, el contador Federico Camy, del Departamento de Impuestos y socio de Guyer & Regules, señaló que próximamente habrá más detalles sobre cómo funcionará ese nuevo régimen y cuál será la ponderación que se dará a los distintos objetivos, una vez la Comap publique la resolución sobre el tema.
Sin embargo, consideró que podría asimilarse a la que existió años atrás, donde únicamente con generar una cantidad mínima de nuevos puestos de trabajo ya era suficiente para puntuar y poder acceder a los beneficios, sin tomar en cuenta otros indicadores. Según Camy, de alguna manera el nuevo decreto busca flexibilizar el acceso a los beneficios fiscales.
También se prevé redefinir los indicadores de descentralización, aumento de exportaciones y fomento a la innovación, junto con la incorporación de nuevos indicadores sectoriales. Las empresas deberán cumplir con los indicadores comprometidos por tres ejercicios; antes el plazo era de cinco años, según establece el decreto.
Con todo lo antes expuesto, el gobierno del país vecino busca dinamizar el crecimiento económico y aumentar el empleo. La medida se suma a otras anunciadas en los últimos meses, como el nuevo marco para la promoción de vivienda (ex interés social) e innovaciones tributarias que favorecen a las empresas más pequeñas (literal E).
Las autoridades apuntan a generar 50 mil puestos de trabajo en el plazo de un año, según las proyecciones incluidas en el proyecto de ley. De cara al cierre de 2024, proyectan que la población ocupada sea de 1,7 millones, lo que implicarís un aumento de casi 130 mil personas respecto a los números de 2019.
