rece la tensión en el sector de los biocombustibles tras el congelamiento de precios desde noviembre pasado. Desde la industria aseguran que se perdieron 20 millones de dólares por la decisión de no actualizarlos, monto que fue transferido a las petroleras y dejó en riesgo de quiebra a las 22 empresas productoras de todo el país, incluyendo las que fabrican etanol en base a maíz y a caña de azúcar.
Por esta razón, las etanoleras de maíz dejaron de entregar a las petroleras porque el precio mínimo de $29,80 el litro les implica una pérdida. Patrick Adam, director ejecutivo de Biomaíz, explicó que YPF –empresa que compra alrededor del 55% del total– no negocia por encima de ese precio y marca una tendencia para todo el mercado. En el mejor de los casos, las otras firmas pagan un peso más el litro.
Además, indicó que al menos a $37 deberían llegar como precio de referencia, aunque si se hubiera actualizado por la fórmula sería de $40 el litro. La decisión de no entregar etanol para el corte de los combustibles fósiles –el etanol se mezcla con un 12%– no es una medida de protesta, sino que desde el rubro aclararon que no pueden continuar trabajando a pérdida por cada litro que venden.
Es importante recordar que en 2019 el sector vendió al mercado 1.150 millones de metros cúbicos y este año estará un 30% por debajo, ya que también cayó la demanda de combustibles por el impacto de la pandemia de coronavirus. A esto se suma, tal como mencionó Adam, que el precio del maíz subió un 60% en los últimos cinco meses, por lo que el insumo representa más de la mitad del costo del etanol.
“A las empresas de biocombustibles no les cae un centavo del impuesto a la riqueza; nadie las subsidia. Están al borde de la quiebra por la decisión de no actualizar precios”, agregó Adam. La referencia es que el proyecto de ley que ya se analiza en Diputados establece que el 25% de lo recaudado se destinará a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de manera exclusiva con YPF.
En estos días habría una reunión de las cámaras de bioeteanol con el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez. Además de la actualización de precios, esperan definiciones sobre por cuánto tiempo se hará y qué pasará con la Ley 26.093, que regula el mercado de los biocombustibles en la Argentina. Esta última vence en mayo de 2021 y la industria espera que el Gobierno se incline por una nueva norma que ofrezca un marco regulatorio, al menos, para los próximos 15 años.
Recientemente, las seis cámaras que nuclean a las productoras de biocombustibles le solicitaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, descongelar los precios y le advirtieron que “la situación es insostenible”. Sin embargo, no hubo respuesta.
En la última década, esta industria invirtió 2.500 millones de dólares, generó 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, e instaló 33 plantas de biodiesel –con una capacidad de producción de 3,9 millones de toneladas por año– y 22 de bioetanol, con capacidad de 1,4 millones de toneladas anuales.