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En medio de idas y vueltas en torno al esquema de retenciones, el Gobierno oficializó la suspensión de la baja a los derechos de exportación para el aceite y la harina de soja. La medida regirá por seis meses, por lo cual, hacia principios de marzo de 2019, volverá la rebaja mensual del 0,5%. Asimismo, se decretó la eliminación del Fondo Sojero y la reducción del 66% en el monto total destinado a los reintegros de exportación. Todas estas medidas, según el Gobierno, son parte del “proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020”.
Mediante el decreto 757 publicado en el Boletín Oficial, las retenciones para esos subproductos quedarán congeladas en un 23% hasta el 28 de febrero del año que viene. En tanto, para el grano, la rebaja sigue vigente, actualmente con una tasa del 26%.
Desde el Gobierno, argumentan que la decisión fue tomada ante “la necesidad de fortalecer la situación fiscal y la conveniencia de armonizar alícuotas aplicables”. Con esta medida, esperan obtener ingresos adicionales por $1.500 millones este año y $12.000 millones en 2019.
En busca de la aceptación ruralista, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, catalogó esta medida como un logro del sector de la producción frente a la industria, ya que, al momento, el productor tiene una tasa del 26% mientras la de industria está en un 23%.
Por eso, esta decisión “lleva a emprolijar el sistema de retenciones. Había una diferenciación entre el poroto de soja y la harina y el aceite. La idea es frenar la baja a los subproductos para que en febrero, cuando se junten los tres productos, se cumpla la reducción de medio punto por mes”, explicó el titular de la cartera agroindustrial.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, criticó la medida porque significa que “en cualquier momento así se pueden modificar (también) las retenciones (al grano)”. Además, sostuvo que no fue consensuada con el sector. El economista del Ieral, Juan Manuel Garzón, coincidió: “Con este cambio, el compromiso asumido de seguir bajando las retenciones resulta hoy un poco menos creíble. El mensaje es que puede interrumpirse en cualquier momento si la cuestión fiscal lo exige”.
En tanto, Dardo Chiesa, presidente de CRA, señaló que representa un “cambio de operación”, pero no una restricción sobre el grano; por eso, sostiene que no debería verse modificado el precio. Resaltó, además, que se van a equiparar los derechos en febrero y van a seguir bajando. Esto pone al productor en “igualdad de competencia”.
Daniel Pelegrina, presidente de la SRA, festejó la medida de equiparación: “Es un reclamo histórico de la producción que finalmente fue escuchado”. Lo mismo expresó Matías De Velazco, presidente de Carbap, ya que “hace justicia en el mercado” al equiparar el poroto y los subproductos.
Sin embargo, los exportadores mostraron su disconformidad. Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, expresó que quiere reunirse con el Presidente Mauricio Macri para transmitirle que esta medida afectará la capacidad exportadora y, además, no traerá mayores ingresos fiscales. Según un análisis hecho por los exportadores, el Estado se ahorrará solamente unos US$115 millones al suspender la baja de retenciones a los subproductos.
“La cadena industrial se parará: llevará a exportar más materias primas en vez de productos elaborados”, sostienen desde la industria de la cadena sojera. Añadieron que se perderá competitividad porque las inversiones se frenarán.
Asimismo, defendieron el diferencial entre ambos derechos de exportación: “Existía porque los países importadores de soja tienen un arancel mayor para la harina y el aceite para incentivar la producción en sus propios países”.
A pesar de ser líder en la exportación de harina y aceite de soja, la Argentina se encontrará con una baja en las exportaciones y una posible pérdida de mercado.
“El diferencial en los derechos de exportación entre materias primas y productos industrializados es el modo en que los países estimulan la exportación de empleo e inversión locales, al tiempo que evitan el proteccionismo creciente de buena parte del comercio internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del complejo oleaginoso argentino que lleva tres décadas de crecimiento. Como consecuencia, la medida paraliza las nuevas inversiones del sector agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo”, expresa un comunicado de Ciara-CEC publicado en su página web.
La Bolsa de Comercio de Rosario también criticó la medida, catalogándola de “castigo al principal complejo exportador de la economía nacional”. Sostuvieron que “un incremento temporario de ingresos fiscales por retenciones provocará un impacto muy grave en toda la agroindustria”.
El comunicado publicado desde la entidad sostiene, además, que “esta medida fiscal causa gran preocupación por los gravísimos efectos que su implementación provocará en la cadena de comercialización de la oleaginosa al no contemplarse aspectos básicos del proceso de ventas al exterior de granos y productos agroindustriales, como los aceites y harinas proteicas, que representan, aproximadamente, un tercio del total de las exportaciones argentinas”.
Asimismo, concluyó que “implicará un golpe importante para el agregado de valor nacional, lo que supone una primarización de nuestra economía”.
Sin embargo, Etchevehere afirma que “no se castiga el valor agregado”, ya que “por un 3% no vemos que pueda causar un problema en la producción o industrialización de los productos. No vemos que vaya a perjudicar a la industria aceitera, de molienda o a la producción de soja”.
Otra de las medidas tomadas por el Gobierno fue derogar el Fondo Federal Solidario que destinaba el 30% de la recaudación por retenciones a las provincias para la construcción de obras públicas. A partir de su eliminación, Nación tendrá un ahorro de $8.500 millones en 2018 y $26.500 millones el año que viene. La decisión se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Según el Ieral, para las provincias, el fondo representaba el 1,4% de los ingresos y el 7,5% del gasto de capital.
Por otro lado, también se formalizó la reducción en un 66% el monto total destinado a reintegros a la exportación. Esta medida se traducirá en un ahorro de $5.000 millones en 2018 y $29.000 millones el año que viene.
