igue el rechazo ante la toma ilegal de tierras que se viene dando en la Argentina. Así lo dejaron establecido la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo); la Asociación Argentina de Girasol (Asagir); la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar); y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).
Además, les alarma la “pasividad” del Gobierno ante estos actos de desacato a la ley, específicamente al Artículo 17 de la Constitución Nacional que expresa que la propiedad privada es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella. La expropiación debe ser calificada en virtud de sentencia de ley.
En esa línea, exhortaron a que exista “sinergia” con el sector privado y que el Gobierno actúe como garante, ya que consideran la violación a la propiedad privada como una falta de respeto a los más elementales derechos constitucionales, que claramente va en contra de los procesos de desarrollo e inversión del país y que, además, limita las capacidades productivas y, en consecuencia, genera desempleo y más crisis económica.
Al repudio se sumó la Mesa Agropecuaria Bonaerense, integrada por Carbap, Federación Argentina, Sociedad Rural Argentina y Coninagro. La Mesa de Enlace indicó que es el Estado quien debe fungir como árbitro cuando se viola la propiedad privada y que, por tanto, su falta de acción genera miedo en los productores, que temen por la ocupación de sus campos.