Política ambiental y su relación con la producción

uevamente una resolución de Dinama genera incertidumbre, preocupación y desestimula la inversión, ya que las reglas de juego no están claras. De acuerdo con la resolución N° 101/2020, la Autorización Ambiental Previa es necesaria no solo en las áreas naturales núcleo, sino también en las zonas adyacentes a estas. Como vimos recientemente en el proyecto de ampliación de las áreas de La Quebrada de los Cuervos, las zonas adyacentes pueden ser determinadas sin contar con todos los fundamentos técnicos y científicos necesarios, y de manera bastante arbitraria.

¿Qué garantías tenemos de que en el futuro a los decisores de turno no se les ocurra seguir este mismo camino que es incorrecto desde todo punto de vista, legal, técnico, etcétera? ¿Alguien evaluó el impacto económico que tiene para los propietarios de estas áreas? ¿Habrá alguien que quiera comprar predios en áreas con restricciones para la producción? Y si existiere, ¿qué garantías tendría de que va a poder plantar un bosque?

Los criterios considerados para otorgar la Autorización Ambiental Previa (AAP) en estas áreas adyacentes no están claros, lo cual podría dar lugar a que haya discrecionalidad en el proceso de autorización. En el proyecto de ampliación de las áreas protegidas de La Quebrada de los Cuervos (LQC) también se sostenía que las plantaciones forestales no podrían realizarse a menos de 100 metros de cursos de aguas naturales (arroyos y cañadas permanentes) y de aguas superficiales (como por ejemplo tajamares y lagunas), de bosque nativo y de sitios destacados a nivel patrimonial. ¿Esto se va a aplicar? De ser así, ¿no parece una medida algo abusiva tendiente a desestimular o casi que a prohibir las plantaciones forestales?

Quienes estamos en el sector forestal, a pesar de ser uno de los sectores más regulados desde todo punto de vista y especialmente en el tema ambiental, durante largos años venimos viendo la discrecionalidad existente en los criterios aplicados por Dinama respecto al otorgamiento de las AAP, y los extensos plazos que llevan estas autorizaciones.

¿Cuál es el fundamento técnico para delimitar 50 hectáreas como superficie definida para pedir la AAP y no dejar las 100 que se requieren hoy para cualquier proyecto forestal en todo el país? Tengamos presente que las 50 hectáreas son de proyecto forestal, es decir que, si hablamos de hectáreas efectivas, seguramente hablemos de 30/35 hectáreas de bosque.

Desde el punto de vista forestal, notamos que hay una tendencia sesgada y bastante generalizada respecto a considerar que las funciones que cumplen los bosques sólo sean atribuidas a los bosques nativos y no a los implantados. La protección a los recursos hídricos, calidad del agua, protección del suelo, la reducción de los gases de efecto invernadero, la protección de fauna, entre otras, son algunas de funciones compartidas por los distintos tipos de bosques.

Otra muestra evidente de ello es que, en el año 2015, Uruguay adhirió al Acuerdo de París que establecía medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional. Pero, increíblemente, no incluyó en su propuesta la posibilidad de plantar nuevos bosques, con las ventajas que el país tenía para llevar adelante ese compromiso dentro de su política forestal, y los efectos positivos que ello tendría en la reducción de los GEI.

El sector forestal es un ejemplo de producción sostenible en el país y en el mundo, y en algo más de treinta años desde la última Ley Forestal ha demostrado que es posible producir y conservar al mismo tiempo. Esto no es un mero discurso del sector, sino que está avalado por la certificación otorgada por organismos internacionales a más del 80 % del área forestada del país, que confirma la capacidad de desarrollar el sector de forma sostenible.

Para revertir este tipo de decisiones que a nuestro juicio son erróneas, y evitar que siga pasando en el futuro inmediato, es hora de que el país defina claramente cuál va a ser su política ambiental y su relación con la producción. Esta definición tiene que ser considerada como una política de Estado que no quede librada a los gobernantes y/o técnicos de turno.

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