egún sus responsables son cerca de 80 los departamentos afectados por la falta de agua y que sufren restricciones en su abastecimiento y las pérdidas agrícolas son similares a las registradas en 2016 en la mayoría de las regiones.
Las elevadas temperaturas de la segunda mitad del mes de julio acentuaron la sequedad en los suelos y provocaron daños irreversibles en los cultivos. La organización recuerda que la sequía ha venido a agravar la situación derivada de la epidemia de Covid-19.
Entre otras medidas, la FNSEA reclama una reducción del impuesto que grava las propiedades rústicas, una reducción también de las cotizaciones sociales y el aplazamiento de la amortización de préstamos. Pide asimismo que las autoridades departamentales hagan una evaluación rápida de las pérdidas para que se pueda activar el Fondo Nacional de Gestión de los Riesgos en Agricultura (FNGRA).
La organización ha puesto de manifiesto que los episodios de sequía se repiten con regularidad y “los agricultores son los primeros testigos y víctimas de las consecuencias del cambio climático”. Apunta que una solución para afrontar la sequía es el almacenamiento invernal de agua para garantizar su disponibilidad. Señala que, “aunque la gestión del agua debe llevarse a cabo de acuerdo con todos los agentes locales”, “el Estado debe poner en marcha todos los medios para llevar a cabo las obras de almacenamiento y simplificar los procedimientos de instrucción”.
Finalmente añade que “la prevención de los fenómenos climáticos y, de forma más amplia, la gestión de los riesgos, requiere también una visión de empresa. El futuro descansa en el desarrollo de instrumentos como los seguros, que garanticen una reparación financiera rápida adaptada a las necesidades de cada uno”. También pide que se apoye “el aumento progresivo del seguro de cosecha climático y su articulación con herramientas adaptadas a cada sector”.
Agropopular