Esta es la primera causa que llega a la Justicia de Argentina para decidir sobre la responsabilidad penal de Antares Naviera, empresa dueña del buque petrolero Arturo Illia, que causó el derrame de 300 metros cúbicos de hidrocarburos en las costas de Chubut, en el sur argentino, el 26 de diciembre de 2007. La catástrofe se produjo durante una maniobra de deslastre y carga de petróleo crudo, el manchón se extendió por unos 7 kilómetros y afectó la fauna y flora marina, ocasionando la muerte de gran cantidad de especies.
El juicio está a cargo del Juez Juan Guanziroli, la Jueza Ana María D´Alessio y el Juez Juan Giménez, integrantes del mencionado Tribunal Federal.
Aunque pasaron trece años del hecho, los efectos del crimen siguen vigentes en Caleta Córdova, un barrio de Comodoro Rivadavia, conocida como la "capital nacional del petróleo", la ciudad más habitada de Chubut, en el centro-este de la Patagonia.
Paradójicamente, el derrame del barco petrolero se produjo apenas días después de haberse celebrado los primeros cien años de explotación petrolera en la zona y ahora, se convierte en el primer crimen ambiental de la industria que será juzgado en la Argentina.
Detalles del caso
Desde el espacio No más derrames impunes, que articuló la denuncia judicial y pública, esperan que este juicio marque un antes y un después en la historia de la defensa ambiental de la Cuenca del golfo de San Jorge.
"Puede marcar el comienzo del fin de una historia en la que se permite contaminar y degradar el territorio y las vidas en nombre del desarrollo, el progreso y el empleo", señalaron.
Indicaron que la jurisprudencia de la Corte Penal internacional ha pautado que el daño ambiental es un delito imprescriptible y que ni el tiempo que se haya tardado en acceder a la justicia ni la compensación económica que se pueda hacer del daño ocasionado pueden eximir a los responsables del castigo judicial.
Señalaron que la Ley Nacional argentina número 24.051 en materia de residuos peligrosos pauta que la contaminación ambiental que se genera por el derrame de hidrocarburos o alguno de sus derivados, es un delito que está penado y amerita una sanción.
Mirta Calvo, una de las vecinas del barrio Caleta Córdova que fue víctima del hecho señaló que los derrames "se han repetido en el tiempo" y que la importancia de este juicio es sentar un precedente de castigo para las empresas que los cometen.
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