El Gobierno no está interesado en reabrir el fondo sojero

l proyecto de reabrir el Fondo Federal Solidario, más conocido como fondo sojero, que la gestión de Juntos por el Cambio eliminó en 2018, generó tensión entre los legisladores que impulsan la iniciativa y entidades agropecuarias que están en la lucha por las retenciones.

Pese a las incomodidades, el gobierno de Alberto Fernández dejó en claro que no está interesado en reinstalar el fondo, que durante años fue un salvavidas para intendentes y gobernadores.

No obstante, para las complicadas finanzas provinciales, volver a contar con el fondo sojero no era una solución, pero sí una ayuda. “En épocas de malaria, todo suma”, fueron las palabras de un ministro provincial. Pero antes de que en el Congreso empiece a caminar la idea, funcionarios de la Casa Rosada les advirtieron que no era viable y lo cortaron de raíz.

El proyecto de la diputada nacional tucumana Beatriz Ávila –del interbloque liderado por José Luis Ramón– propone girar a las provincias el 20% de las retenciones de la soja, maíz y carne para que estos recursos sean usados solo para obras de infraestructura. La idea consiguió sumar a todos los integrantes de su bloque, pero también a Carlos Selva, del Frente para Todos; Gabriel Frizza, del Pro; y Felipe Álvarez, aliado de Juntos para el Cambio.

La creación del fondo sojero se remonta a 2009. La entonces presidenta Cristina Kirchner estableció que el mismo se armaría con el 30% de las retenciones de la soja y que las provincias debían coparticiparlos con los municipios, que fueron lo que más sufrieron cuando se eliminó en 2018, como parte del Pacto Fiscal.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que en sus dos últimos años el fondo sojero cubrió entre el 15% y el 20% del gasto de capital anual de algunas provincias y municipios. En Santa Cruz llegó a cubrir el 64% de su obra pública. Cuando el expresidente Mauricio Macri lo eliminó, fijó compensaciones.

Miguel Guitiérrez, diputado nacional de Hacemos por Córdoba, dijo que aún no analizaron el tema pero que “lo que no deben existir son las retenciones”. Córdoba y Santa Fe, dos provincias que aportan fuerte a la recaudación por derechos de exportación al campo, recibían en 2018 dos mil quinientos millones de pesos anuales. Buenos Aires era la que lideraba el reparto con el 22,1% de la torta.

Las entidades agropecuarias prefieren no abrir un frente más de conflicto y esperar a ver si la iniciativa avanza en el Congreso. Los ministros de Economía provinciales realizaron una propuesta similar en la primera reunión que mantuvieron con Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio de Interior. La respuesta fue negativa y se basó en que la decisión de incrementar ese impuesto era para cubrir las necesidades nacionales.