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El complejo escenario para forestar bajo la Ley Nac. 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y sus prórrogas, fue debatido nuevamente en la primera reunión del año de la Comisión Nacional Asesora de la normativa, convocada por la directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Sabina Vetter.
El encuentro abordó un temario de cuatro puntos centrales: un informe respecto a la ejecución del Presupuesto 2023, dos modificaciones propuestas para la Ley 25.080 vinculado al antecedente del fondo extrapresupuestario del Seguro Verde a través del PROSA (Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros) y, por otro lado, Artículo 4 de la ley, un análisis SIG sobre las estadísticas disponibles para el sector, y cerraron abordando el planteo de la FAIMA que resulto del Congreso Maderero en Santiago del Estero sobre la necesidad de contar con información actualizada y estratégica sobre la matriz productiva del sector forestal., con una metodología unificada en las provincias de la Mesopotamia.
Sobre este último tema que fue debatido en los últimos días tras el congreso maderero, Vetter -junto a Matías Gaute del área SIG- detallaron los recursos del organismo nacional para determinar el Activo Forestal y convocó a las autoridades provinciales a trabajar en conjunto.
“Muchas veces tenemos información, pero no llega al usuario final, y por ello nos hacemos eco del pedido de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) que lo hizo públicamente, principalmente a la Mesopotamia, donde las autoridades ya han dado su respuesta y desde la Nación queremos ir por el mismo camino”, dijo la directora.
La reunión tuvo una duración de tres horas, y las exposiciones de los asistentes marcaron el debate de los temas que preocupan a los productores, empresarios e inversores respecto a la baja sostenida en el país en superficie anual forestada, con índices pocos favorables para la actividad.
Desde el sector privado se planteó -nuevamente- sobre el exceso de requisitos que consideran una “burocracia administrativa” que existe en la operatoria, analizada como una de las principales causas que aleja a profesionales y pequeños productores por el sistema de promoción, sumado a la demora histórica que tiene el régimen en el pago de los aportes económicos no reintegrables y beneficios de estabilidad fiscal, que se mantienen con varios años de atraso respecto a la campaña forestal presentada por el forestador y que en la actualidad –ante la inflación que rige en el país- requiere de una actualización de costos ajustada a la realidad económica.
Esteban Borodowski, director de Producción Forestal, se refirió en la reunión al escenario actual de la ejecución de pagos de planes forestales de la Ley 25.080.
Mientras que el presupuesto asignado en 2020 fue de $254 millones, al 2021 incrementó a $265 millones y en 2022 a $529 millones. “Para el 2023 el presupuesto asignado es de $590 millones, con un techo posible de 900 millones de pesos. Para el 2024 el presupuesto solicitado al Poder Ejecutivo Nacional es de $1.900 millones, pero veremos cuanto finalmente se le asigna al sector forestal”, dijo el funcionario.
Aún las provincias no recibieron este año fondos de la deuda del incentivo forestal para los productores. En este sentido, explicó que las primeras resoluciones de pagos de planes aprobados y listas para ejecutarse serán por un poco más de 152 millones de pesos en una primera partida a partir del próximo junio.
A la provincia de Corrientes se destinarán más de $57 millones, a Entre Ríos más de $36 millones, y para Misiones, más de $20 millones, al igual que para la provincia de Buenos Aires, seguidas por menores montos Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, entre otras. (Ver gráfico 2)
“Tenemos a la firma del secretario resoluciones de pagos por otros $164.709.935,10. Esto nos permitirá destinar fondos por $317.205.116,50, y nos queda por ejecutar aún $ 272.794.883,50.
La novedad fue la agilización lograda con resoluciones de pagos de beneficios fiscales que beneficiaron a 6 planes presentados desde Corrientes y Entre Ríos, por un total de más de 10 millones de pesos. (Gráfico 4)
El funcionario informó en detalle las superficies de plantación, poda, raleo, Manejo de Rebrote y Enriquecimiento de Bosques Nativo (en total por hectárea) y cantidad de planes forestales (nro.) de 2020, 2021, 2022 y 2023 por provincias presentados a la DNDFI al 30/05/2023, donde en el caso de algunas provincias como Misiones, no registra ninguna presentación aún este año de solicitudes con intenciones de forestar. A nivel país la superficie solicitada ronda 2.374 hectáreas, siendo Corrientes la que registra mayor número de planes presentados y elevados a la Nación a la fecha: 2.070 ha.
El gráfico 1 (imagen de portada) fue el más contundente, ya que refleja la compleja situación que atraviesa la actividad y encendió el debate en la reunión fue sobre la baja de presentaciones de intenciones de forestar en el marco de la promoción de la Ley Nac. 25.080, donde no hubo una evolución de superficies y cantidad de planes presentados, inspeccionados y aprobados entre 2020 y lo que va de 2023.
Argentina Forestal
