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Una veintena de ONGs de la sociedad civil elaboraron un documento de ambiente electoral, con los temas 2024-2027 que, quien sea el que asuma la presidencia de la Nación para el próximo periodo "debe tomar, impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad, buscando el equilibrio entre la producción y la conservación de naturaleza".
La iniciativa de las principales entidades de la sociedad civil del país y con actuación en América Latina, que trabajan en temas ambientales, logró un consenso para un llamado a los candidatos de todos los partidos a tratar temas ambientales en el marco de las Elecciones Presidenciales 2023.
El documento lleva la firma de AVINA, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, Fundación Temaiken, WCS Argentina, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Patagonia Natural, Jóvenes por el Clima, Banco de Bosques,Eco House, FIBO – Alma Nativa, Fundación Cambio Democrático , Fundación Patagonia Natural, entre otras.
Impulsados por la urgencia de ordenar las actividades humanas para minimizar la transformación de ambientes, evitar la degradación de los ecosistemas naturales, promover la restauración de ambientes y acelerar la transición energética hacia energías renovables, entre otras preocupaciones a mitigar para enfrentar la crisis climática, propusieron discutir ciertas temáticas en la agenda de los candidatos de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.
“Quién asuma la presidencia en diciembre de 2023 debe impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad. Desde el desarrollo de la actividad foresto-industrial en particular, hemos hablado como gran nucleo de trabajo, la necesidad de ordenar las actividades humanas en áreas que se requieren minimizar la transformación del ambiente y evitar la degradación de los bosques nativos”, señaló en la entrevista con ArgentinaForestal.com el director de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo.
En ese contexto, sin dudas un tema que está vinculado a la actividad, es el primer punto, en el que plantearon mejoras en la implementación efectiva de la Ley de Bosques. “Esta ley tiene un impacto en el sector, ya que la ley de promoción de Bosques Cultivados esta restringida a las en áreas ser permite conversión. Entendemos que hace falta articulación entre los bosques nativos con las plantaciones de especies exóticas en nuestro país”, indicó.
Ley de Bosques Nativos N° 26.331: Mejorar la implementación, con ampliación de superficie especialmente en la región chaqueña y detener la deforestación ilegal.
Ley de Presupuestos Mínimos de Diversidad Biológica: sancionar una normativa con especial foco en la restauración de ecosistemas y en modelos de desarrollo regenerativo.
Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales: sancionar e implementar la ley, que cuente con el consenso social necesario para facilitar su implementación y analizar alternativas similares para los pastizales naturales.
Este punto también incluye al sector forestal, ya que desde la mirada ambiental remarcan que hay grandes áreas de plantaciones que se realizan sobre humedales, en algunos casos modificando o reduciendo el rol que prestan en sus servicios ecosistémicos a la sociedad en general. “Incluso, en algunos casos, se han relevado áreas que han cambiado su condición, han perdido resistencia frente a los riesgos del Cambio Climático, por ejemplo, los incendios. En la actualidad estamos frente a una situación de mayor complejidad”, agregó Jaramillo.
Gestión Integral de Residuos Sólidos: Promover la prohibición del descarte en la actividad pesquera, y sancionar una Ley de GIRS, con eliminación de los plásticos de un solo uso, presupuesto adecuado para la infraestructura ambiental y promoción de la economía circular.
Dictar una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental.
Desde lo forestal, consideran que pueden ser una solución al innovar en biorrefinerías. reduciendo así el consumo de plástico de un solo uso.
Sancionar una Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles, incluyendo la restauración ambiental, actualizar las leyes de fomento a la Ganadería Ovina y Caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna.
Controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bioinsumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.
Ley sobre Delitos Ambientales: Incorporar en el Código Penal un título ambiental o sancionar una Ley sobre Delitos Ambientales, que garantice el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos.
Desarrollar de forma participativa e implementar marcos regulatorios y protocolos que minimicen los impactos socio-ambientales de las actividades extractivas, con especial énfasis en la minería de litio y la explotación de hidrocarburos. Para ello será necesario implementar una fuerte fiscalización gubernamental, con participación de la sociedad civil organizada, así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.
Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que garantice el logro de la carbono neutralidad en 2050, incluyendo la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos, el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética, la implementación de la Ley de Energía Distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.
Argentina Forestal
