Hoy por hoy, las inversiones sostenibles representan un tercio de los activos a nivel mundial. Se trata de un sector complejo que se enfrenta al desafío de demostrar su impacto real.
Una inversión sostenible financia un proyecto favorable al medio ambiente o ayuda a un actor a llevar a cabo su transición ecológica. Los dos principales términos técnicos son ISR (Inversión Socialmente Responsable) y los criterios ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza).
Los inversores pueden elegir entre varias opciones: la exclusión (de empresas de actividades contaminantes, por ejemplo); la selección de las mejores en términos de ESG; el aspecto temático (fondos dedicados al agua); y la inversión con “impacto positivo”, que mejora concretamente una situación.
Sin embargo, ¿es sostenible invertir en grupos petroleros? Para algunos no, pero para otros sí, pues aseguran que su transición es necesaria. Por ejemplo, una emisión de bonos verdes lanzada por Repsol suscitó un encendido debate en el sector financiero en 2017.
La deuda verde –bonos que se emiten en el mercado para financiar proyectos ecológicos y sometidos a posteriori a una evaluación–, ocupa un lugar preponderante. No obstante, las inversiones sostenibles van más allá e incluyen acciones u obligaciones de empresas (por ejemplo, de proveedores de energías renovables), préstamos para proyectos verdes, e innovaciones como el crédito basado en el impacto, en el que el préstamo cuesta menos si se alcanzan los objetivos ESG definidos previamente.
De los 92 billones de dólares de activos financieros en 2018, unos 30 billones eran considerados como inversiones verdes, según indicaron Stéphane Marciel, responsable de bonos sostenibles, y Julien Brune, corresponsable de consejo y estructuración de la deuda de Société Générale CIB. Europa se sitúa a la cabeza con 14.075 billones, seguida de cerca por América del Norte, con 13.694 billones, y muy lejos de Asia, con 2.180 billones.
Este hecho, según Noémie de la Gorce, analista de Finanzas Sostenibles de S&P Global Ratings, significa que “los mercados se lanzaron a una carrera para demostrar que podían participar en la financiación del cambio climático”.
Ninguna regulación internacional se aplica a las finanzas verdes, pero la mayoría de los actores se rigen por los grandes principios de los bonos sostenibles, elaborados bajo la égida de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), subraya Frédéric Gabizon, responsable del mercado de bonos en HSBC Francia.
Además, la ola verde plantea la cuestión del “greenwashing” o “ecopostureo”, es decir, cuando se presenta un proyecto como ecológico sin que lo sea. “Afortunadamente, las verdaderas mentiras son inhabituales. Existen malas costumbres y algunos abusan del argumento ecológico”, sostiene el Foro para la Inversión Responsable, una asociación que reagrupa a representantes financieros. En caso de impostura, la sanción es doble: los inversores cierran las compuertas y la mala reputación se propaga.
Las operaciones sostenibles implican una evaluación sobre cómo se destinan los fondos y, cada vez más, sobre su impacto. Los informes son realizados por los prestatarios, aunque también se recurre a auditorías externas.
La evaluación del impacto es una ciencia joven y compleja. “Sobre las energías renovables se puede decir sin mucha controversia que tienen un impacto positivo. En el caso del auto eléctrico, más allá de la reducción de emisiones, hay que integrar el impacto de la extracción de minerales necesarios para la batería”, afirma la experta de S&P. “Demostrar el impacto real es el desafío más importante” para el futuro de las finanzas responsables, concluye De la Gorce.
