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La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, emitió una medida cautelar que ordena la suspensión de toda actividad de desmonte en la provincia del Chaco por un plazo de 90 días. La decisión, que responde a una solicitud del colectivo Abogados Ambientalistas, también incluye la suspensión de los permisos vigentes para la tala de bosques nativos.
Esta medida judicial se produce en el contexto de una investigación reciente que señala la responsabilidad de funcionarios actuales y anteriores en la autorización de actividades que habrían facilitado la degradación ambiental en la región.
El fiscal Patricio Sabadini había solicitado previamente investigar si estos funcionarios incurrieron en delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en relación con las autorizaciones de desmonte.
El fallo de Niremperger se centra en la última modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia, aprobada en abril.
Según la denuncia presentada por Abogados Ambientalistas, y validada por la magistrada, esta modificación facilita el avance del extractivismo y reduce significativamente la protección de los bosques, lo que pone en riesgo tanto a comunidades campesinas e indígenas como a especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
En su resolución, la jueza destacó «el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema» si continúan los desmontes, subrayando que la tala de un solo árbol puede tener un impacto devastador en el ambiente, afectando a todos los seres vivos del lugar, incluidos los humanos y las especies en extinción.
El colectivo Abogados Ambientalistas presentó un informe de la Dirección Nacional de Bosques que detalla diversas irregularidades en el nuevo OTBN, incluyendo fallas en la metodología de categorización de bosques nativos y en el análisis del impacto de la pérdida de cobertura forestal.
Según el informe, Chaco es una de las provincias más afectadas por la expansión de la producción agrícola y ganadera, habiendo perdido más de 400.000 hectáreas de bosque nativo entre 2010 y 2022.
La medida cautelar busca frenar temporalmente el avance del desmonte mientras se evalúan las posibles consecuencias ambientales y se investiga la legalidad de las acciones de los funcionarios involucrados.
En un avance significativo dentro de la investigación sobre la tala indiscriminada de bosques en Chaco, la Justicia Federal de Resistencia ha ordenado este jueves una serie de allanamientos en distintas dependencias gubernamentales y privadas. Los operativos, realizados por efectivos de Gendarmería Nacional, tienen como objetivo recolectar pruebas en la causa que involucra a una presunta organización criminal compuesta por funcionarios, exfuncionarios, empresarios y legisladores provinciales.
Entre las locaciones allanadas se encuentran las oficinas del Ministerio de Producción y la Dirección de Bosques, ambas en la localidad de Sáenz Peña, así como la consultora agropecuaria “Hiula”, propiedad del actual ministro de Producción, Hernán Halavacs.
Según trascendió, la consultora de Halavacs gestionó aproximadamente el 40% de los permisos de desmonte en la provincia durante la última década, lo que refuerza las sospechas de un posible conflicto de intereses.
El operativo también incluyó un sorpresivo allanamiento en la Casa de Gobierno, donde los empleados fueron sorprendidos por la presencia de los uniformados que ingresaron a las oficinas del Ministerio de Producción para secuestrar documentación y equipos informáticos.
La investigación, impulsada por una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fue respaldada por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien presentó un pedido formal ante el juzgado de la Dra. Zunilda Niremperger. Entre los acusados se encuentran figuras destacadas de la política y el sector forestal, como el ministro Halavacs; el exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares; y los diputados provinciales Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia, entre otros.
Los cargos presentados contra los involucrados incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Además, el fiscal Sabadini solicitó la prohibición inmediata de los desmontes en la provincia, medida que fue aprobada recientemente por la jueza Niremperger por un período de 90 días.
En paralelo, se está evaluando la responsabilidad penal de varias empresas agrícolas y forestales involucradas en la deforestación masiva de Chaco, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. Entre las firmas bajo investigación se encuentran Vicentin, MSU, Las Guindas S.A., Grupo Buratovich Hermanos, y otras.
El fiscal Sabadini también subrayó la necesidad de investigar el presunto desvío de fondos nacionales e internacionales destinados a la protección de bosques y comunidades indígenas. Según sus declaraciones, la estructura de la organización delictiva buscaba no solo cometer delitos, sino también garantizar la impunidad de sus miembros.
La causa, que sigue en curso, podría derivar en consecuencias legales y políticas significativas, mientras se profundiza en la investigación sobre el impacto ambiental y social del desmonte en la provincia de Chaco.
Argentina Forestal
