Por Agroempresario.com
Los intendentes de Lanús y Quilmes, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, respectivamente, acudieron a la Justicia Civil y Comercial para solicitar la designación de peritos que evalúen la actividad del consorcio que administra el puerto de Dock Sud, ubicado en Avellaneda. Ambos municipios reclaman un resarcimiento económico por los daños que generan las empresas de logística terrestre en las calles de sus distritos.
El reclamo incluye la exigencia de implementar una Red de Tránsito Pesado y la creación de un Fondo Compensatorio que cubra los perjuicios causados por los camiones de gran porte que transitan por Lanús y Quilmes, afectando tanto la infraestructura vial como los servicios públicos.
"Es fundamental recopilar información detallada sobre las operaciones del puerto para evaluar el impacto actual y futuro que provoca en nuestros distritos", expresó Álvarez, quien asumió como intendente de Lanús en diciembre y también como representante de su distrito y Quilmes en el consorcio del puerto.
Este conflicto no solo tiene un trasfondo económico, sino también político. Álvarez y Mendoza, ambos dirigentes de La Cámpora, han iniciado una disputa pública con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, por la distribución de los fondos del puerto. Ferraresi, exministro del gobierno de Alberto Fernández, impulsa la candidatura presidencial de Axel Kicillof y ha utilizado sus apariciones en Lanús y Quilmes para criticar a Máximo Kirchner y a los intendentes de ambos municipios.
El pedido judicial, que cuenta con el respaldo unánime de los Concejos Deliberantes de Lanús y Quilmes, busca determinar el grado de incidencia que la actividad portuaria tiene en los municipios afectados. Los peritos contables e informáticos designados analizarán la documentación fiscal y logística del puerto para evaluar los daños.
Mendoza, por su parte, enfatizó que "Quilmes y Lanús forman parte de la zona portuaria, y el reclamo es que se considere el impacto que producen los camiones en nuestras calles, obras hidráulicas y viviendas".
Ambos intendentes subrayan que este no es un problema entre los vecinos, sino una cuestión de justicia económica para que los municipios afectados reciban la compensación adecuada por los años de deterioro causado por la actividad del puerto de Dock Sud.