Vicentin: la Justicia demorada y el futuro en suspenso de una cerealera clave

Por Agroempresario.com

En una situación que mantiene en vilo a los trabajadores, productores y la comunidad del norte de Santa Fe, la cerealera Vicentin sigue atrapada en un limbo judicial. Aunque la propuesta de pagos presentada por la empresa fue aprobada por el 63% de los acreedores y homologada por una cámara de apelaciones, una serie de medidas cautelares y recursos de inconstitucionalidad ha frenado el proceso, extendiendo la incertidumbre sobre su futuro. 

Como informó La Nación, la firma agroexportadora cayó en default en diciembre de 2019, acumulando una deuda superior a los 1.500 millones de dólares. Desde entonces, el camino hacia su reestructuración ha sido lento y tortuoso, afectando no solo a los empleados de la compañía, sino también a pequeños productores y a su amplia red de proveedores. 

Trabajadores de la firma, cámaras empresarias y referentes políticos de Avellaneda, localidad donde tiene sede la compañía, elevaron recientemente una carta a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe solicitando que se habilite, de una vez por todas, la homologación del acuerdo. "Aprobada la propuesta de pago de Vicentin por amplia mayoría de acreedores  y homologado el acuerdo, una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad", indicaron en la misiva, cuyos detalles fueron publicados por La Nación. 

Entre los firmantes se encuentran empleados de la empresa, la Asociación Civil Integrar Avellaneda, el intendente de la localidad, Gonzalo Braidot, y varios legisladores provinciales. A la carta también se adhirieron agrupaciones de productores autoconvocados de toda la provincia de Santa Fe, reflejando la magnitud del impacto que la situación de Vicentin ha generado en la región.

Mientras el conflicto sigue sin resolverse, Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) han manifestado su interés en convertirse en socios estratégicos de la cerealera, con la intención de controlar el 95% de la empresa a través de un fideicomiso a 12 años. Sin embargo, las inversiones están congeladas hasta que la Justicia no permite avanzar.

“La Justicia sigue sin homologar y los acreedores no cobran, los inversores propuestos no invierten y los trabajadores y la comunidad siguen en estado de zozobra”, señaló Gabriel Vénica, de la Red Nacional de Productores Autoconvocados, en declaraciones recogidas por La Nación. La situación es tan grave que los firmantes de la carta advirtieron que una solución tardía podría suponer la muerte no solo de la compañía, sino también de buena parte de su extensa red de productores, contratistas y proveedores.

La resolución del conflicto judicial de Vicentin es crucial para el futuro de la empresa y la economía de toda la región. Sin una pronta definición, las consecuencias podrían ser devastadoras para miles de familias y para el entramado productivo del norte de Santa Fe.