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Por Agroempresario.com
En plena campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, un grupo de ganaderos de Campana, San Fernando y el Delta del Paraná alzó la voz contra los sobreprecios que, aseguran, impone la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz. Según información publicada en La Nación, los productores advierten que dejarán de vacunar si no se les permite contratar un ente alternativo. Además, estudian interponer un recurso de amparo y realizar depósitos judiciales para formalizar su protesta.
“De ninguna manera vamos a tolerar que nos cobren un 85% más de lo que cobran en otros entes. No nos pueden obligar a pagar un sobreprecio por la vacuna”, enfatizó uno de los productores en la carta enviada a la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa). En esta misiva, señalaron que no aceptarán seguir vacunando bajo las condiciones actuales y buscarán alternativas para futuras campañas.
Los productores detallaron que el ente de Exaltación de la Cruz les cobra $2900 por dosis, mientras que Fundazul, un ente alternativo de Azul, ofrece el mismo servicio por $1550. Además, criticaron que la Sociedad Rural exige pago anticipado, mientras que Fundazul otorga un plazo de 60 días sin recargo. “Si esperamos los 60 días, Exaltación de la Cruz nos lleva el costo a $5000 por dosis”, agregó un productor durante la entrevista citada por La Nación.
Carlos López Humi, presidente del Consejo Local Asesor del INTA Delta, manifestó su frustración: “Hace más de 20 años que luchamos contra estos precios desmesurados. Nuestros registros [Renspa] están cautivos en la Sociedad Rural y si no vacunamos con ellos, nos bloquean y no podemos mover la hacienda. Senasa nos autorizó a cambiar de ente, pero Coprosa no resuelve nada”.
El malestar de los ganaderos no es nuevo. Según explicaron, intentaron formar su propio ente sanitario en 2019, pero la Coprosa nunca avaló la iniciativa, pese a que Senasa la habilitó brevemente. Actualmente, los productores capacitaron a nuevos vacunadores y tienen acuerdos avanzados con Fundazul para recibir soporte logístico y sanitario. Sin embargo, enfrentan obstáculos porque la ley establece que el ente de la zona debe autorizar cualquier intervención externa.
Desde la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Fernando Borachia defendió los costos aplicados. Según Borachia, “nuestros precios son similares o incluso más bajos que otros entes de la zona”. Agregó que muchos de los recargos mencionados por los productores son multas por incumplimientos. Además, justificó que su entidad mantiene una relación de dependencia con los vacunadores durante todo el año, lo que implica mayores costos en cargas sociales, ART y jubilaciones, garantizando protección para los productores ante accidentes o enfermedades.
A pesar de estas explicaciones, los ganaderos insisten en que las tarifas son insostenibles y siguen buscando alternativas legales para liberarse del ente actual. Por lo pronto, la tensión persiste y amenaza con complicar el desarrollo de la campaña de vacunación.
Este conflicto refleja el delicado equilibrio entre las regulaciones sanitarias y los intereses económicos en la producción ganadera. La resolución de esta disputa será clave para asegurar la continuidad de las campañas de vacunación en una región estratégica para la ganadería argentina.
