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Por Agroempresario.com
El gobierno de Santa Fe declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal debido a la severa sequía que afecta al extremo norte de la provincia. La medida, vigente desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, busca asistir a los productores afectados por la pérdida de más de 254.450 cabezas de ganado, una de las mayores caídas desde la crisis de 2008/09.
Las explotaciones ubicadas en zonas cercanas a Chaco y Santiago del Estero fueron particularmente golpeadas, con un impacto devastador en la ganadería. La falta de forraje natural y agua apta para consumo ha incrementado los costos de producción. “El impacto del fenómeno ocasiona perjuicios sobre la ganadería en general, comprometiendo la oferta alimenticia y generando pérdidas de peso corporal en los rodeos”, señala el decreto del gobierno provincial, según lo publicado por La Nación.
Entre las medidas dispuestas, el gobierno prorrogó los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural para marzo y abril de 2025 y anunció la condonación total del tributo para los productores con certificados de desastre agropecuario hasta febrero del próximo año. Además, se estableció una nueva trazabilidad electrónica obligatoria para todo el ganado, cuyo costo será cubierto por la administración provincial.
Los productores deberán presentar sus declaraciones juradas antes del 15 de noviembre a través del portal web oficial de la provincia, lo que permitirá una evaluación más precisa de los daños y la gestión de los certificados de emergencia.
Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (Carsfe), expresó que “la falta de lluvias es la principal problemática que enfrenta el agro de esta provincia” (La Nación). En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó que las últimas precipitaciones han generado cierta expectativa para la siembra de soja, aunque advirtió que el sector sigue enfrentando precios internacionales bajos y una alta presión impositiva.
El impacto de la sequía no solo afecta la producción agropecuaria. En comunidades al norte de Tostado, cada semana se reciben camiones cisternas con agua potable para consumo humano, ya que los reservorios locales están secos y el caudal del río Salado es insuficiente para abastecer a la población.
La situación es crítica, y el gobierno provincial dejó abierta la posibilidad de extender el estado de emergencia si las condiciones no mejoran hacia 2025. Mientras tanto, los productores afrontan uno de los desafíos más complejos en años, luchando por mantener la actividad y minimizar las pérdidas en medio de un escenario climático y económico adverso.
