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Por Agroempresario.com
El debate sobre el ordenamiento territorial del bosque nativo vuelve a encender tensiones en Córdoba. Las entidades rurales del Arco Noroeste han renovado su reclamo para modificar las áreas protegidas y ampliar la frontera ganadera. Sin embargo, su propuesta encuentra resistencia entre investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba. Según una nota publicada en La Nación, las instituciones rurales acusan al Ministerio de Ambiente provincial de exclusión y falta de voluntad política para abordar el tema.
En un comunicado, las entidades rurales denunciaron que su exclusión de las mesas de diálogo refleja una actitud de “desconocimiento e inseguridad” por parte del gobierno provincial. Además, señalaron que el 75% de los incendios registrados entre 2010 y 2022 ocurrieron en áreas categorizadas como bosques de alto o mediano valor de conservación. “Se quema siempre lo mismo y los pequeños productores son los más perjudicados”, enfatizaron.
Gustavo Laudin, presidente de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, afirmó en declaraciones tomadas de La Nación que los productores “viven perseguidos por un órgano de control que se aferra a un instrumento legal desconocido para los dueños de las tierras”. También cuestionó la falta de antecedentes de la ministra de Ambiente, Victoria Flores, para liderar esta cartera.
El “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste”, financiado por la Mesa de Enlace cordobesa, reveló que en los últimos 12 años se quemaron 1,1 millones de hectáreas en el noroeste provincial. Según el análisis, el Mapa de Ordenamiento Territorial no refleja la realidad y genera graves consecuencias. Sin embargo, el Conicet ha señalado inconsistencias en los métodos utilizados para el estudio, indicando que los datos satelitales empleados son más útiles para detectar incendios activos que para medir superficies quemadas.
Las entidades rurales exigen un nuevo mapa de ordenamiento territorial que contemple las necesidades de los productores y que se enfoque en el desarrollo sostenible. “Reclamamos un informe del Ministerio de Ambiente y la creación de un mapa real, en congruencia con la vida de sus habitantes y su subsistencia”, concluye el comunicado.
Con la mirada puesta en una solución a largo plazo, las instituciones esperan que la gestión del gobernador Martín Llaryora abra espacios de diálogo para atender las demandas de un sector que, según afirman, está en el centro de una “estafa social y ambiental”.
