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Por Agroempresario.com
Una reciente notificación oficial del Instituto Nacional de Semillas (Inase) encendió las alarmas entre los productores agrícolas del NOA. Hace dos semanas, el organismo envió correos electrónicos intimando a los productores de garbanzo a acreditar el origen legal de las semillas utilizadas en la campaña actual, lo que ha generado rechazo y preocupación en el sector.
El requerimiento exige presentar facturas de compra de las semillas originarias en un plazo de 10 días hábiles. En caso de no cumplir, se advierte sobre posibles “acciones administrativas pertinentes”. Según detalla el correo del Inase, esta medida busca verificar el cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de la normativa del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
Sin embargo, muchos productores afirman que no pueden presentar las facturas solicitadas debido a la antigüedad del cultivo y la tradición de multiplicación propia de semillas en la región. Gonzalo Blasco, presidente de la Asociación de Productores del Norte (Apronor), explicó a La Nación: “Los productores comenzaron a sembrar este cultivo de manera casi artesanal hace más de 20 años. En muchos casos, ellos mismos multiplican las semillas y no utilizan variedades comerciales. No existe un origen definido para muchas de las semillas utilizadas en la actualidad.”
El cultivo de garbanzo tiene una larga tradición en el NOA, impulsada por las raíces culturales de los descendientes de españoles en la región. Blasco destacó que, si bien se reservan lotes para semillas, estas no suelen ser variedades comerciales. Los productores suelen declararlas con nombres genéricos como “norteño” o “chañarito”, sin un origen claramente definido.
El temor en el sector no solo radica en las multas –que, en el caso de un productor con 100 hectáreas, podrían equivaler a 20.000 kilos de garbanzo–, sino también en que esta medida se extienda a otros cultivos especiales.
Además, Blasco denunció que la exigencia contradice la normativa de la exAFIP, que solo obliga a conservar documentos contables por seis años. “Esta exigencia es retroactiva y prácticamente inconstitucional. Si en diciembre pasado se hubiera implementado la normativa, recién a partir de entonces se tendría que conservar las facturas durante 20 años, pero aquí van para atrás,” señaló.
Desde el Inase, consultados por La Nación, afirmaron que el requerimiento “se realiza con todas las especies declaradas en el SISA” y que la presentación de facturas acredita el origen legal.
Por su parte, Apronor adelantó que está consultando a especialistas y propuso una reunión con autoridades nacionales para evitar que la situación escale. “Cuando comenzó el cultivo de garbanzo en el NOA, nadie ayudó a los productores a mejorar variedades ni garantizar el éxito. Ahora, que ya es un cultivo significativo, aparecen socios para imponer multas o impuestos encubiertos,” criticó Blasco.
Mientras tanto, los productores afectados han comenzado a enviar respuestas al Inase alegando la falta de documentación requerida, en un intento por defender la continuidad de sus actividades agrícolas y evitar sanciones que podrían poner en riesgo su producción.
