Por Agroempresario.com
La Argentina arrastra una histórica intervención estatal que impacta negativamente en sectores clave de la economía, como el agro. La elevada carga tributaria, sumada a precios internacionales deprimidos, ha generado márgenes ajustados o negativos para los productores, limitando su capacidad de inversión y desarrollo.
El último informe de FADA indica que el Estado se queda con el 64,3% de la renta agrícola. De este porcentaje, el 94,7% corresponde a impuestos nacionales, el 4,7% a gravámenes provinciales y el resto a municipales. A pesar de la intención del gobierno de Javier Milei de reducir la presión impositiva, el sector agropecuario no ha visto mejoras significativas.
El cultivo de soja es el más afectado, con una carga tributaria del 68,5%, seguido por el trigo con un 69,5%. El maíz y el girasol presentan una presión levemente inferior, del 56,6% y 59,1% respectivamente. Estos impuestos, especialmente los derechos de exportación (DEX), son el principal factor detrás de esta situación. FADA señala que, sin los DEX, la participación estatal caería al 36%.
El productor cordobés Néstor Roulet aportó cifras contundentes: un agricultor que alquila campo y siembra soja, con un rinde de 3500 kg/ha, pierde cerca de USD 80/ha, mientras que el Estado se queda con USD 473/ha. En una campaña con 18 millones de hectáreas de soja, esto se traduce en más de USD 8000 millones en impuestos.
El 70% de la agricultura argentina se realiza bajo arriendo, lo que agrava la situación, ya que los bajos precios internacionales y la presión fiscal dificultan aún más la rentabilidad del sector. La soja, que representa el 80% de la recaudación por retenciones, ya no ostenta los precios históricos que motivaron políticas impositivas agresivas, sino valores cercanos a los USD 360 por tonelada, muy alejados de los USD 840 que supo alcanzar.
El economista Daniel Laurens sostiene que la renta agrícola está socializada, con un desglose impositivo que incluye DEX (33%), Ganancias (35%), Ingresos Brutos (4%), IVA técnico (10,5%), impuestos a débitos y créditos, inmobiliario, tasas viales y cargas sociales, entre otros. Un esquema que, en sus palabras, es "demoledor" para la actividad productiva.
A nivel global, los agricultores también enfrentan dificultades. En Estados Unidos, pese a obtener mejores precios que en Argentina, el gobierno ha intervenido con un paquete de ayuda de USD 10 mil millones. En cambio, los productores argentinos no solicitan rescates estatales, sino la eliminación de las cargas impositivas excesivas que los ahogan financieramente.
El panorama se agrava con una sequía en desarrollo, que podría impactar severamente en los rendimientos y profundizar aún más la crisis. La necesidad de medidas urgentes es innegable para evitar un colapso productivo que afectaría a toda la economía del país.