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Por Agroempresario.com
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado está impulsando un plan para modificar las normativas que rigen la actividad inmobiliaria en Argentina. En el centro de la controversia se encuentra la posible eliminación de la matrícula obligatoria para martilleros y corredores inmobiliarios, lo que permitiría operar sin la necesidad de una colegiación. La propuesta, que aún no ha sido oficializada, busca promover una mayor competencia en el sector, mejorar los precios de compra, venta y alquiler de propiedades y garantizar un mejor servicio tanto a compradores como a inquilinos.
Sin embargo, la propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de los colegios profesionales que agrupan a martilleros y corredores. Las entidades, entre ellas el Colegio Inmobiliario porteño, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, advierten que esta reforma podría desprofesionalizar la actividad inmobiliaria y dejar a los usuarios expuestos a riesgos, como fraudes o malas prácticas.
De acuerdo con los opositores a la medida, la eliminación de la colegiación obligatoria significaría la pérdida de los mecanismos de control y sanción que garantizan la calidad de los servicios prestados. En su lugar, la resolución de disputas quedaría a cargo de la justicia ordinaria, lo que podría complicar la protección de los derechos de los consumidores, tanto en la compra y venta de propiedades como en los contratos de alquiler.
A pesar de la resistencia de los colegios profesionales, el Gobierno sostiene que el objetivo de la reforma no es eliminar estas instituciones, sino reducir las barreras burocráticas, fomentar la competencia y mejorar la capacitación de los profesionales, para que los precios del mercado sean más competitivos y accesibles. Además, la desregulación, según el Ministerio, permitiría flexibilizar la oferta de servicios inmobiliarios en un sector que atraviesa un período de recuperación luego de años de caída en las operaciones inmobiliarias.
Los defensores de la flexibilización argumentan que los colegios profesionales funcionan como monopolios que limitan la competencia y elevan los costos. En su visión, la desregulación abriría el mercado y lo haría más accesible, citando como ejemplo el modelo inmobiliario de España, donde el corretaje inmobiliario no está sujeto a un sistema tan estricto de colegiación obligatoria.
Este enfoque de desregulación se enmarca dentro de un proceso más amplio que busca reducir la intervención estatal en varios sectores clave de la economía argentina, con el fin de cerrar organismos y reducir costos innecesarios. Según el Gobierno, la medida busca descentralizar, promover la competencia y mejorar el acceso al mercado inmobiliario.
El proyecto de desregulación no se limita solo a la eliminación de la matrícula obligatoria, sino que implica una reforma más profunda en la estructura legal vigente. En este sentido, el Gobierno propone modificar la Ley 20.266 de 1973, que regula la actividad de los martilleros y corredores, y la Ley 25.028 de 1999, que introdujo modificaciones a la normativa original.
Las reformas incluyen puntos clave como:
La propuesta de desregulación generaría un cambio profundo en el mercado inmobiliario de Argentina. Sus defensores consideran que estas modificaciones permitirían reducir costos y aumentar la competencia, lo que beneficiaría tanto a los profesionales como a los consumidores. Sin embargo, los opositores advierten que esta flexibilización podría generar una mayor incertidumbre en un sector que ya cuenta con altos riesgos debido a la falta de regulación.
Luis Colao, presidente del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, expresó su preocupación sobre los riesgos que podría acarrear la desregulación del corretaje inmobiliario. En declaraciones recientes, Colao aseguró que la eliminación de la colegiación obligatoria y las sanciones correspondientes afectaría la seguridad jurídica de quienes realicen operaciones inmobiliarias. Según él, aunque la actividad inmobiliaria ya tiene un grado considerable de flexibilidad, recurrir a un profesional matriculado es esencial para garantizar la confianza, la idoneidad y el asesoramiento adecuado en las operaciones.
“Las partes pueden realizar operaciones por su cuenta, pero prefieren recurrir a un profesional con título universitario y capacitación adecuada, algo que solo un matriculado habilitado puede ofrecer”, agregó Colao, subrayando que la colegiación es fundamental para garantizar la transparencia y seguridad de las transacciones inmobiliarias.
