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Por Agroempresario.com
El Gobierno Nacional avanza con la privatización de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, una decisión que busca optimizar la infraestructura vial del país mediante concesiones a empresas privadas bajo la modalidad de obra pública por peaje. El proceso se implementará en etapas y permitirá modificar la configuración de la red vial según las necesidades del transporte y la logística.
Actualmente, parte de estas rutas son administradas por una empresa estatal creada en 2019 para garantizar la transitabilidad de los principales corredores del país. Sin embargo, el nuevo esquema eliminará este modelo y transferirá la operación y mantenimiento de los tramos concesionados al sector privado, prescindiendo de subsidios estatales.
El plan gubernamental contempla la licitación de 11 tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones Viales. Con la finalización de los contratos vigentes y la disolución de la empresa estatal, el objetivo es reducir la participación del Estado en la gestión vial y fomentar la inversión privada en infraestructura.
La supervisión de las concesiones quedará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, que tendrá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de los contratos y garantizar que las empresas concesionarias ejecuten las obras necesarias para el mantenimiento y mejora de las rutas.
El proceso de licitación permitirá la participación de distintas compañías interesadas en asumir la operación de los corredores viales. Según el Ministerio de Economía, las empresas adjudicatarias deberán financiar el mantenimiento y la operatividad de las rutas exclusivamente con los ingresos generados por el cobro de peajes, sin recibir aportes del Estado.
El nuevo modelo de concesión introduce un cambio significativo en la administración de la infraestructura vial. En esquemas previos, el Estado intervenía en la financiación de los contratos para garantizar su sostenibilidad, mientras que ahora las empresas deberán sostener la inversión con su propia recaudación. Esto exigirá una planificación eficiente para asegurar que los corredores viales mantengan estándares adecuados de seguridad y calidad.
Las concesionarias seleccionadas estarán obligadas a presentar planes de inversión enfocados en la modernización de la red vial. Entre las mejoras previstas, se incluyen obras de infraestructura, optimización de la señalización y la implementación de tecnología para la gestión del tránsito.
La Dirección Nacional de Vialidad establecerá las condiciones específicas de los contratos y fiscalizará su cumplimiento. El desafío será garantizar que el servicio sea eficiente y accesible, evitando deficiencias en el mantenimiento y posibles aumentos desproporcionados en las tarifas de peaje.
Con la implementación de este esquema, la evolución del sistema dependerá tanto de la capacidad de las concesionarias para sostener las inversiones requeridas como del control estatal para asegurar que las rutas operen de manera eficiente y segura.
