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Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional anunció que emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enviarlo al Congreso para su ratificación. La Casa Rosada justifica la medida en la necesidad de fortalecer el balance del Banco Central, avanzar en la desinflación y liberar las restricciones cambiarias. La estrategia busca sortear un eventual bloqueo del kirchnerismo en el Senado y garantizar que el pacto se concrete sin trabas legislativas.
La decisión fue comunicada oficialmente este jueves por la tarde y responde a la urgencia del presidente Javier Milei de cerrar el acuerdo con el organismo internacional. “Este acuerdo permitirá consolidar la estabilidad monetaria y financiera del país”, señaló el comunicado de la Oficina del Presidente. Sin embargo, la utilización del DNU para aprobar un pacto financiero de esta magnitud genera controversia y reabre el debate sobre los límites del Ejecutivo en la toma de decisiones económicas estratégicas.
El acuerdo con el FMI es una de las prioridades del Gobierno de Milei, quien considera que su aprobación es clave para sanear la economía argentina. Sin embargo, el camino legislativo no parece sencillo. En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar, pero en el Senado la historia es diferente. El bloque kirchnerista, liderado por José Mayans y alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya ha mostrado su resistencia a aprobar cualquier tipo de negociación con el Fondo.
Para evitar un posible naufragio en el Congreso, la Casa Rosada optó por el DNU como vía alternativa. Esta herramienta permite al Ejecutivo tomar decisiones urgentes sin necesidad de una ley aprobada por el Parlamento, aunque luego debe ser ratificada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y, eventualmente, por ambas cámaras. Si bien la Constitución exige que un DNU solo puede ser rechazado con el voto negativo de ambas cámaras, en la práctica, su implementación le permite al Gobierno avanzar sin necesidad de un respaldo legislativo inmediato.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar el uso del DNU es que el acuerdo con el FMI no implica un nuevo endeudamiento, sino una refinanciación de pasivos del Banco Central a través del Tesoro Nacional. En otras palabras, el Ejecutivo sostiene que se trata de una operación de “pago de deuda vieja con deuda nueva”, lo que, según su interpretación, no violaría la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández.
Esta normativa establece que cualquier operación de crédito público con el FMI debe ser aprobada por el Congreso, lo que en principio bloquearía la posibilidad de que un DNU sea válido para este tipo de acuerdos. Sin embargo, el Gobierno confía en que su interpretación del acuerdo como una mera “reconfiguración financiera” le permitirá sortear este obstáculo.
Desde el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones con Argentina son vistas con buenos ojos. Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo, destacó que el diálogo con el Gobierno de Milei es “constructivo” y que el FMI valora la intención del país de cumplir con sus compromisos financieros. No obstante, insistió en que la aprobación del acuerdo debe contar con un amplio respaldo político para garantizar su éxito a largo plazo.
El Gobierno argentino también enfrenta presiones del mercado financiero, que observa con atención cada paso de la negociación. La estabilidad cambiaria y la reducción de la inflación son dos de los objetivos prioritarios de la administración libertaria, y el acuerdo con el FMI se presenta como un pilar fundamental para alcanzarlos. Sin embargo, cualquier señal de incertidumbre o demora en la implementación podría generar volatilidad en el tipo de cambio y en los indicadores macroeconómicos.
El uso de un DNU para aprobar el acuerdo con el FMI no está exento de críticas. Desde la oposición, economistas y legisladores advierten que la estrategia del Gobierno podría enfrentar impugnaciones legales y políticas. La Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública es un escollo difícil de sortear, y el kirchnerismo ya ha manifestado su intención de impugnar cualquier intento de eludir el Congreso.
A pesar de los riesgos, en la Casa Rosada confían en que el DNU será la herramienta adecuada para avanzar con el acuerdo. En Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de sectores aliados, y en el Senado la discusión se centrará en la capacidad del Gobierno para sostener su argumento de que se trata de una refinanciación y no de un nuevo endeudamiento.
El desenlace de esta estrategia dependerá de cómo evolucione el debate político en las próximas semanas. Si el DNU logra mantenerse en pie sin ser rechazado por ambas cámaras, Milei habrá conseguido uno de los mayores logros de su gestión económica hasta el momento. Sin embargo, si la oposición logra bloquearlo, el Gobierno deberá replantear su estrategia y buscar una nueva vía para cerrar el acuerdo con el FMI.
Mientras tanto, los mercados y el sector empresarial siguen atentos a cada movimiento. La estabilidad financiera de Argentina está en juego, y la manera en que se resuelva esta negociación marcará el rumbo económico del país en los próximos meses.
